El movimiento de pensionistas han manifestado su decepción porque, con o sin Pacto de Toledo, durante estos dos años el Gobierno del Estado podría haber adoptado decisiones fundamentales para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas y no lo ha hecho.
Consideran que antes de iniciar las reuniones del Pacto de Toledo, se debería haber derogado las reformas que han recortado y reducido las pensiones, la del 2011, con la incorporación del factor de sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación, el endurecimiento de plazos para el acceso al 100% de la pensión, la ampliación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada etc y la del 2013 con el desarrollo del factor de sostenibilidad y el Indice de Revalorización de pensiones: No derogar los aspectos regresivos de las mismas condiciona negativamente las negociaciones.
El Pacto de Toledo, hasta hoy, ha sido un instrumento para tratar de diluir las responsabilidades y los costes políticos de los partidos, especialmente los mayoritarios en el Estado derivados de aprobar dichas reformas. Es lo que vulgarmente se llama, tirar la piedra y esconder la mano.
No albergan esperanzas de que con la nueva ronda de reuniones el sistema público de pensiones y las pensiones públicas dignas vayan a salir garantizadas; al revés creemos, mientras no se demuestre lo contrario, que las reformas se van a mantener en vigor y en algunos aspectos se van a profundizar y que se va a dejar la puerta abierta para realizar en el futuro nuevas reformas. Se cambiarán posiblemente nombres como el Factor de Sostenibilidad o el IRP pero la filosofía seguirá siendo la misma; reducir la tasa de reposición a la mitad e impulsar los planes privados de pensiones ante la insuficiencia inducida de las prestaciones públicas.
Por lo que conocen del curso de las negociaciones y tras la comparecencia el pasado día 9 del Ministro Sr Escrivá, nuestras reivindicaciones mas fundamentales no van a ser atendidas;
No ven garantías para que de manera permanente se vincule la revalorización de las pensiones, como mínimo, al incremento del coste de la vida (IPC) y se deja la puerta abierta a otros indicadores que lo rebaje.
Del discurso de Gobierno ha desaparecido el compromiso de equiparar la pensión mínima al 60% del salario medio y no hay compromiso alguno, por tanto, para alcanzar una pensión mínima de 1080 euros.
Ven que una y otra vez se insiste en que el déficit del sistema público de pensiones está en el gasto excesivo, es decir las personas tenemos la mala costumbre de vivir mas de lo deseable, según algunos y cobramos pensiones por encima de nuestras cotizaciones; todo mentira.
El problema no está en el gasto; el gasto en pensiones es 3 puntos inferior a los países de nuestro entorno; el problema está en el capítulo de ingresos; hay un olvido consciente de que la mejor garantía del sistema público de pensiones es garantizar el empleo de calidad, derogando por ejemplo las reformas laborales de 2010 y 2012 e incrementando el SMI hasta los 1.200 euros.
Si bien es cierto que se habla de externalizar del sistema público de pensiones gastos impropios, nada indica que se vaya a garantizar de manera estructural la financiación del sistema público de reparto y se seguirán financiando con la reducción de cotizaciones políticas de empleo que deben ampliarse y mejorarse desde los presupuestos públicos.
El endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada se ha convertido, en uno de los puntos fundamentales de la negociación, si bien parece que se excluye a las carreras profesionales de 40 años cotizados el endurecimiento de estas condiciones no hará mas que empeorar el desempleo juvenil y las posibilidades de que la gente joven pueda acceder a unas condiciones de vida dignas. Penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prórroga de la vida laboral va en contra de nuestros planteamientos.
Recuperar la edad de jubilación a los 65 años y rebajarla a los 60 y reducir la jornada laboral, sería una política mucho mas adecuada para el reparto de la riqueza, la creación de empleo y el incremento de las cotizaciones.
Se sigue sin aportar soluciones concretas a la brecha de género en salarios y pensiones; la pensión de viudedad sigue siendo especialmente discriminatoria con las mujeres y no vemos intención de incrementar al 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación del conyuge la pensión de viudedad, por ejemplo.
La apuesta por impulsar los planes privados de pensiones no es mas que la renuncia a la responsabilidad social de un Gobierno que debería atender el interés general y no el interés de entidades financieras dispuestas a hacer negocio con nuestras pensiones.
En la actual pandemia, además de la falta de previsión e improvisación, han quedado en evidencia los recortes producidos en el sistema de salud y servicios socio sanitarios, los recortes de financiación y reducción de servicios y grados de dependencia han contribuido a la falta de dotación de recursos de prevención y sanitarios que han posibilitado muertes evitables.
Las personas pensionistas de la CAV y Navarra quieren participar en la toma de decisiones que afectan a sus condiciones de vida, sus pensiones y su salud y exigen lo mismo a nuestras instituciones; nadie mejor que las personas pensionistas para defender el sistema público de reparto y nadie mejor que estas de los pueblos del Estado para tomar sus propias decisiones para ello.
Una vez mas tienen que decir que la mejor garantía para conseguir nuestros objetivos es la movilización. Y tras dos años y siete meses de movilizaciones continuas, lo van a seguir haciendo. Apelan a una unidad de acción de las personas pensionistas de todos los Pueblos del Estado para que desde sus propias reivindicaciones y decisiones logremos fortalecer un movimiento, amplio, plural y solidario; es necesario, porque esta batalla la van a ganar.
11 de septiembre 2020
