La reforma de pensiones del gobierno Sánchez, con el aval del Pacto de Toledo, no sólo pretende retrasar la edad efectiva de jubilación, penalizando todavía más la jubilación anticipada para que quien se jubile lo haga a los 67 años o incluso más tarde, o rebajar sustancialmente las pensiones de los futuros jubilados ampliando otra vez el período de cálculo de la pensión inicial (que ya está en 25 años) a toda la vida laboral.
A esas dos medidas, las que más han trascendido a los medios, hay que añadir otra que supondría un golpe definitivo a las devaluadas pensiones públicas. Escrivá pretende implantar el modelo británico de privatización, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio. Una práctica neoliberal que ya está en marcha en algunos sectores y grandes empresas (con la complicidad de CCOO y UGT, que obtienen jugosos ingresos por la gestión de esos fondos y en Euskadi además con ELA y LAB) y que, de salir adelante el plan del Gobierno, se generalizaría a todos los trabajadores, como señala el artículo del diario liberal la Vanguardia que reproducimos parcialmente.
Plan de pensiones privado a la inglesa
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que tiene listo un esquema básico de reforma de las pensiones. Sólo necesita, ha insistido esta semana en el Congreso de los Diputados, que los partidos parlamentarios logren llegar a un acuerdo de una vez sobre las recomendaciones para apuntalar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
En teoría, debería ser cuestión de semanas que el pacto de Toledo alumbre un texto consensuado… Mientras, ya están sobre la mesa las líneas maestras de la reforma Escrivá, para ser reflejadas en diversos cambios legales. La esperada aprobación de la vinculación al IPC de la actualización anual de las prestaciones y las modificaciones de incentivos y penalizaciones para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal acostumbran a copar los titulares, pero en su plan figura también un cambio llamado a transformar de raíz –si funciona– el modelo vigente en España de los planes de pensiones privados. Y para dar este giro, explica Escrivá, está inspirándose en la experiencia del Reino Unido.
La idea que abandera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se basa en fomentar el ahorro a largo plazo de los trabajadores para que puedan recibir un complemento mensual a su pensión pública, cuando lleguen a la jubilación. Escrivá no se cansa de destacar que, en la actualidad, el modelo centrado en los planes individuales no está dando sus frutos (el número de participantes está estancado desde hace años, los gastos de gestión son altos), mientras que los beneficios fiscales tampoco cumplen con los objetivos y tienen efectos perversos. Por ello, postula virar hacia planes colectivos vinculados a las empresas, también llamados de empleo, que sólo han arraigado en Euskadi (GEROA). “El sistema está mal diseñado”, se quejó el pasado miércoles.
¿Cómo quieren extender estos sistemas colectivos de pensiones privadas? Sin dar detalles, desde el ministerio adelantan su propósito de crear “desde la Administración un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto”. En el Reino Unido, existe un organismo de tutela pública que centraliza los ahorros y subcontrata la gestión del dinero entre varias firmas internaciones.
En el sistema británico, los empresarios están obligados a dar de alta a sus trabajadores en un plan colectivo, excepto los de los salarios muy bajos. Salvo que el empleado pida desvincularse, se le descontará una parte pequeña de su salario para hacer una aportación mensual, mientras que el empresario y el Estado (en forma de beneficio fiscal) también deben contribuir al plan. Según explica un reciente informe de la patronal de las aseguradoras Unespa, los porcentajes del automatic enrolment han ido aumentando paulatinamente desde el 2012. A partir de abril del año pasado, la contribución mínima supone el 8% del salario pensionable (arrancó con un 2%): 4% del empleado, 3% de la empresa y un 1% de Estado. Casi nueve de cada diez trabajadores británicos afectados por esta regulación participan en el sistema.
Este tipo de fórmula ha recibido críticas empresariales que ven difícil implantarla en España, con un tejido dominado por la microempresas, y que se quejan de que las compañías ya deben hacer frente a elevadas cuotas de cotización a la Seguridad Social.
Desde el punto de vista fiscal, Escrivá ha anunciado que tienen previsto ir retirando progresivamente la reducción del IRPF por los planes individuales, sobre todo para los contribuyentes con ingresos más elevados. Al tiempo, desplazarían los incentivos tributarios para los planes de pensiones colectivos.
Además, ha adelantado que van a reformar la legislación vigente sobre los planes de empleo para “permitir extender la población cubierta en un enfoque sectorial”, de forma que puedan llegar a implantarse en las pymes y también a autónomos y funcionarios. El Ministerio busca así mismo reducir los costes de gestión. Una batería de medidas graduales que, de acabar consolidándose, podría revolucionar el ahorro de cara a la jubilación.
