Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Más de dos millones de personas se postularon para participar en el estudio sobre renta básica y, finalmente, solo 122 fueron seleccionadas. A partir del 1 de junio de 2021 reciben 1.200 euros mensuales durante tres años. Esto forma parte de un proyecto piloto que tiene como objetivo investigar el efecto de la Renta Básica Incondicional (RBI).
Parece ser que para Confebask, los salarios en el País Vasco, están viviendo una borrachera festiva descontrolada, cuando el salario mínimo interprofesional y el salario medio es de los más bajos de Europa, olvidándose de la precarización de los empleos, la eventualidad, las horas extras sin cobrar, etc., todo bajo el paraguas protector de las Reformas Laborales que han arrasado con la mayoría de los derechos laborales.
El gran éxito de la industria turística ha sido crear en el ideario popular una imagen idílica del turismo y convertirlo en un bien de consumo y de reconocimiento social al que todas aspiramos. Sin embargo, esta imagen no es sino un embozo que esconde una realidad bien diferente de precariedad laboral, destrucción medioambiental, exclusión social, colonización cultural y profundización de la brecha de género, desconocida en gran medida por los propios turistas.
La mejor prueba de que bajar impuestos a los ricos no produce los efectos benéficos que dicen los neoliberales es comprobar lo que sucede en la realidad y los datos son abrumadores. En general, es fácil comprobar que los países en donde hay más renta per capita y menos tasas de paro no son precisamente los que tienen tasas impositivas más bajas sino todo lo contrario
El multimillonario manguerazo de dinero de todos se traducía en control accionarial de Bankia por el Estado, con lo que tanto usuarios como trabajadores quedaban protegidos. Hasta que llegó la opa de La Caixa, con la consiguiente dilución de esa participación en el conjunto de la corporación nacida de la fusión. El 60% del Estado en la antigua Bankia se reducía al 16% en CaixaBank.
La CE recuerda que el mercado laboral, las pensiones y la unidad de mercado son puntos básicos de las recetas a presentar para desbloquear los fondos. Los 140.000 millones en ayudas europeas del fondo Covid se retrasan.
El fondo anticrisis europeo, dotado de 800.000 millones de euros, necesita del visto bueno de los Veintisiete, sin embargo, tan sólo ha tenido luz verde por 10 países. Es en estas ayudas en las que se apoya el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para realizar lo que denominan el plan «más ambicioso y transcendental de la historia económica de España».
En este nuevo programa se habla del reparto de los fondos europeos para la recuperación de la economía, de cómo tiene previsto el gobierno hacer este reparto, de si ayudará realmente a la clase trabajadora o si volveremos a ver cómo las grandes corporaciones industriales y financieras vuelven a salir ganando a costa de no recuperar la economía de la gente, como en el primer reparto de los fondos multimillonarios de las instituciones europeas y estatales al principio de la pandemia.
A grandes rasgos, las políticas de la <<nueva normalidad>> repiten el patrón de gestión pública-privada aplicado durante la anterior Gran Recesión, con <<condicionantes>> en lugar de los impopulares <<hombres de negro>>. Consisten, mutatis mutandis, en socializar las pérdidas (3 de cada 4 euros de los ERTE son dinero público) y privatizar las ganancias (los fondos europeos beneficiarán sobre todo a las grandes corporaciones). Imita el mismo formato que con las vacunas: el Estado, con el dinero de todos, enriquece a las multinacionales farmacéuticas privadas cancerberas de nuestra salud, aceptando el condicionamiento previo de no gratuidad de las patentes.
Al aceptar este argumento como lo más natural del mundo se acepta implícitamente que todo esta permitido para ganar dinero, desde que un empresario mande a la calle a miles de personas, hasta que el estado garantice los negocios privados mediante el endeudamiento público, pasando por la naturalidad con que un político utiliza su poder para obtener beneficios de sus participaciones empresariales o que un dirigente sindical se beneficie por sus gestiones.
Parate del texto sea sacado de:Podcast Linterna de Diogenes
La empresa MasMóvil absorberá Euskaltel por 2.000 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo con sus principales accionistas y los directivos de Euskaltel se llevarán un bonus de unos 26 millones de euros por su venta. Un robo por la cara a la ciudadanía vasca, donde la administración controlada por el PNV, vendió en 2012 la red de fibra por «68 millones», una infraestructura ahora valorada en «1.000 millones», la mitad de lo que se ha cuantificado la operación total, alrededor de 2.000 millones de euros, donde los listos del PNV se han forrado.
La decisión del Tribunal Constitucional alemán prohibiendo que el jefe del Estado ratifique el acuerdo de ampliación presupuestaria para financiar el fondo de recuperación europeo es muy importante, mucho más de lo que parece. Mientras se mantenga, suspende la emisión de deuda y, por tanto, la distribución de los subsidios y ayudas que estaban previstas por valor de 750.000 millones de euros, algo verdaderamente grave, porque puede suponer que no empiecen a recibirse, si es que llegan a hacerse efectivos, hasta 2022.
En un momento en el que la ley de vivienda se está debatiendo, en un momento de crisis habitacional como la actual, con miles de familias pasándolo mal y con unos precios del alquiler y la vivienda controlados por los grandes fondos y entidades financieras, el Banco Malo tiene que servir como parque de vivienda pública. Es el momento de tomar las riendas de ese agujero sin fondo que ha sido el Banco Malo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también.
Quienes firmamos este documento ( CGT está entre los firmantes) rechazamos por completo el plan Next Generation y condicionalidad a reformas contrarias a la clase trabajadora y que sean destinados a proyectos que nada tienen que ver con la necesidades de los sectores populares. Reclamamos una alternativa enfocada hacia una transformación real del modelo socioeconómico, donde las necesidades de las personas y de los pueblos sean la prioridad por encima del enriquecimiento privado.
El fraude fiscal provoca anualmente unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que también convendría estimar oficialmente la economía sumergida en España y diseñar una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las plantillas medias de las Administraciones tributarias de los países europeos.
Los presupuestos demuestran que no sirvan para mejorar los niveles de vida. El gobierno Vasco (PNV-PSOE) es un gobierno de sumisión al empresariado vasco que ponen cada vez más recursos en sus manos ( Exenciones fiscales, subvenciones, subsidios, Inversiones como el TAV, planes para impulsar y salvar el empleo, …), estos recursos además de reducirlos, se deberían controlar exigiendo: empleo digno y estable, salarios decentes y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.
A finales de enero tiene que producirse la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley que establece la estructura de gobernanza encargada de la aprobación y adjudicación de los fondos Europeos de Recuperación, publicado el pasado 31 de diciembre de 2020. Las Organizaciones y colectivos convocantes de estas
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas en los distintos Estados. El Estado Español debería recibir 140.000 millones de euros de dichos fondos.
España a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el oligopolio energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.
El enorme protagonismo de los problemas sanitarios y humanos y el de los económicos y políticos más generales que ha provocado la Covid-19 está dejando en un segundo plano un drama que se avecina en España, aunque también en otros países de nuestro entorno. Me refiero al que se cierne sobre miles de negocios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas o de empresarios individuales, que de momento están sobreviviendo pero que van a desaparecer sin remedio cuando, antes o después, se acaben las ayudas de Estado.
En el plano socio-económico, vienen luchas importantes para este año. Un tema que apenas se ha abordado en los medios de comunicación es el ataque que viene contra el ferrocarril público en España.
Llega 2021 con la esperanza de dejar atrás una pandemia que ha causado mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, desde 1991, la Comisión Europea lleva aprobando un conjunto de directivas y recomendaciones con el objetivo de privatizar el sector.
Entre los cargos de confianza de la banca privada figuran un hijo de un exdiputado y exvicepresidente de la CNMV con Aznar y la hija y la viuda de un exdiputado y exsenador popular.
La normativa de sicavs establece que para acogerse a las ventajas fiscales de las que disfrutan estos vehículos es necesario que cuenten con un consejo de administración. Aunque en muchas de ellas (no es lo más habitual) aparecen como consejeros sus accionistas, es muy frecuente que, por razones de confidencialidad, personas ajenas a su accionariado figuren en sus máximos órganos de gestión.
Ayer sábado a las 12 del mediodía se han celebrado diferentes movilizaciones de la iniciativa ORAIN ARDURA para exigir la paralización inmediata de las obras del TAV, que los fondos del mismo se destinen a gasto social y para exigir el fin de la política de elefantes blancos.
En Iruñea se ha celebrado una manifestación entre Diputación y Delegación de Gobierno, y en Bilbo una concentración ante el Gobierno Vasco. También se han registrado concentraciones en Atxondo, Abadiño y Ribabellosa.
¿Qué está pasando en España y por qué, para que docenas de militares interfieran en la vida política, hablando alguno de ellos de fusilar a la mitad de sus compatriotas? ¿Cómo puede ser presidenta de una comunidad autónoma como la de Madrid alguien que considera que los españoles que no pensamos como ella somos «cuatro estúpidos»? ¿Lo que caracteriza al gobierno de Pedro Sánchez es lo que denuncia Pablo Casado: «la ocupación de los órganos reguladores y el Poder Judicial, el ataque a la libertad educativa, al español, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, a la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho»?
La rentabilidad de las empresas españolas es una de las más altas dentro de los mercados de renta variable internacionales. Supera en todos los casos al tipo de interés que generan los productos de renta fija que apenas se acercan al 1,00 % como consecuencia del abaratamiento en el precio del dinero.
La Bolsa de España es la más generosa dentro del contexto europeo en cuanto al reparto de dividendos entre los accionistas por parte de las empresas cotizadas.
El Congreso haya dado luz verde el jueves 3 de Diciembre, a los Presupuestos Generales del Estado y están pendientes de su aprobación en el Senado, si bien es cierto que el gasto social se incrementa un 10,3%, la Ley de Estabilidad Financiera sigue vigente (aunque se relajan los objetivos del déficit y la deuda), así como las reformas laborales y de pensiones que están disminuyendo salarios y pensiones. En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional no se recoge nada, dejándolo – al parecer- al acuerdo que lleguen en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.
La prensa económica se hace eco estos días de la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) acerca de la amenaza de quiebra en cascada de las empresas. Pero no crean que en las noticias sobre este asunto se pone el centro de la atención en la degradación de las condiciones de vida de la gente sencilla o de las colas del hambre, por tanto, en la necesidad de planificar urgente e inmediatamente el rescate del pueblo. No, la preocupación mayor que nos quieren inocular es la del riesgo que está corriendo la “pobre” banca.
Según el borrador del decreto ley, será a través de lo que se ha denominado “PERTE”, grandes proyectos de colaboración público-privada” dirigidos por las grandes empresas del IBEX35, como se va a invertir el mayor volumen de los 140.000 millones fondos europeos destinados por la UE al Estado español.
Según un informe de Oxfam Intermón, en plena pandemia por el covid-19 y con un panorama abierto de incertidumbre que afecta a la sociedad, la mayoría de las grandes empresas de España decidieron mantener sus políticas de reparto de retribuciones entre sus accionistas. En concreto, 20 de las 35 compañías del Ibex 35 decidieron repartir 9.558 millones de euros. Iberdrola fue la compañía del Ibex que más dinero repartió entre sus accionistas: 2.521 millones de euros. Le siguieron Telefónica, con 2.067 millones, y el BBVA, con 1.734 millones
Al igual que defendió el gobernador del Banco de España la semana pasada, el presidente de la principal patronal de empresarios, Antonio Garamendi de la CEOE, ha criticado este martes la subida del 0,9% de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones plasmada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.Los beneficios de las empresas antes de la pandemia, han aumentado cada año su disparidad con las rentas salariales.
Los dirigentes empresariales vienen advirtiendo desde hace meses del peligro de que un nuevo confinamiento produzca una «catástrofe económica» y yo creo que se equivocan. Sí estoy de acuerdo en que puede producirse un hundimiento catastrófico de las economías, pero no por esa razón. El confinamiento es terrible para la economía. No cabe la menor duda. Pero no sería eso lo que nos puede llevar al mayor desastre económico no producido por guerras de la historia contemporánea.
Eduardo Luque y Ramon Franquesa nos hablan sobre los intereses financieros que amenazan al Sistema Público de Pensiones y la amenaza que representa la actitud desleal del Banco de España.
Segunda entrega de la serie «El Gayato», de MAREA TV en colaboración con COESPE. Eduardo Luque y Ramon Franquesa nos hablan sobre los intereses financieros que amenazan al Sistema Público de Pensiones y la amenaza que representa la actitud desleal del Banco de España.
La Comisión Europea insta a España a actualizar la legislación nacional e incluir en ella la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas para impedir que las grandes empresas exploten las diferencias existentes en la legislación tributaria de los países de la Unión Europea (UE) para evadir impuestos. Bruselas recuerda a
Los grandes morosos de Euskadi deben a las tres Haciendas forales 879 millones de euros. Así lo acreditan los listados publicados este viernes por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que apuntan a que son 252 las empresas vascas que adeudan al fisco más de un millón de euros. Los casi 879 millones son prácticamente equivalentes al presupuesto con el que cuenta Lanbide en este 2020. Si todos los grandes morosos abonasen las cantidades que deben, se sufragarían los costes derivados del pago de las RGI y las ayudas a parados.
La decisión de paralizar el almacén Castor –situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià– se adoptó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en setiembre de 2013.
En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard. El proyecto, con numerosas irregularidades, tuvo una fuerte contestación social.
El Gobierno español pretende otorgar 72.000 millones a empresas para el desarrollo de lo que denominan economía verde, modernización y digitalización de las empresas y, entre otras, mejora de las infraestructuras entre los años 2021 y 2023, aunque todavía no se ha recuperado -y no parecen tener prisa- más de 42.000 millones entregados para salvar a bancos y cajas de la anterior crisis de 2008. Se trata de otra gran inyección económica a las empresas a la que también se ha sumado el lehendakari Iñigo Urkullu para beneficiar a las grandes compañías.
Recientemente han conocido que el Gobierno Vasco quiere destinar 2.712 millones de euros del fondo de reconstrucción de la Unión Europea al tren de alta velocidad y a la Variante Sur Ferroviaria. Esta cantidad es el 26,5% de dicho fondo para los próximos 4 años. Este fondo se nos anuncia como un Plan Marshall europeo para dar una respuesta contundente a la crisis del covid-19, centrada en las transformaciones necesarias para lograr una economía más resilente, verde, digital e inclusiva.
La multinacional desvía gran parte de sus beneficios a Paises Bajos, Irlanda o suiza, que los gravan a tipos muy bajos e incluso al 0% en algunos casos.
El grupo Inditex, que tiene en nómina a casi 152 000 empleados y opera más de 7000 tiendas en los cinco continentes bajo las marcas principales de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius, parece que no tiene suficiente con las ventas del grupo en el primer semestre, que alcanzaron los 8.033 millones de euros.
El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza.
El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al gran empresariado vasco. No hay transparencia y participación ciudadana en el buen uso de los fondos públicos. El modelo industrial que proponen es más de lo mismo, la mayoría de los fondos se faciliten a empresas energéticas, en vez de desarrollar proyectos energéticos limpios y sostenibles ecológicamente, no se atiende a las medianas y pequeñas empresas, no se atienden a las peticiones de las organizaciones sociales, de mejora de la calidad de sanidad pública y de la enseñanza pública, así como no se vincula el reparto de estos fondos a la creación de puestos de trabajo de calidad.
