Recientemente al Alcalde de Bilbao, se le ha ocurrió la gran idea de los Bonos Hostelería, dedicando 1 millón de euros, que se suman a otros anteriores del gobierno vasco, como el bono cultural, el Bono Denda de la Diputación de Bizkaia, el plan Renove de electrodomésticos, el plan PIVE, del gobierno central, etc. todos ellos agotado de forma inmediata. Mientras está denegando las ayudas de emergencia social, para personas o familias en riesgo de exclusión.
Estos bonos son discriminatorios, porque se premia a quien tiene poder adquisitivo y se hace con los mismos, son fondos comunes que se deben utilizar en ayudas directas a un sector con grandes pérdidas económicas, como el de hostelería y dedicados íntegramente a salvar el máximo empleo.
Los pobres y excluidos que en tiempos de pandemia se incrementado exponencialmente, en nada se benefician de estas ayudas de las distintas administraciones, quedándoles solamente el recurrir a la caridad del banco de alimentos o a los distintos comedores sociales.
Mientras la administración premia al que tiene poder adquisitivo para que consuma más, humilla al pobre y excluido con la caridad de Caritas, desahucia de sus casas, a las familias que no pueden pagar sus hipotecas o alquileres se les deja en la calle, mientras se incumple la Ley Vasca de Vivienda que debe garantizar el derecho a la misma a todas las personas o se les hace pasar un calvario en las colas de Lanbide para justificar que no poseen rentas y así cobrar la Renta de Garantía de Ingresos, se les contrala como y a donde gastan el dinero, etc.
En una sociedad solidaria no deben existir ayudas y si DERECHOS. La solidaridad no consiste como nos hacen creer las instituciones, los medios de comunicación y sobre todo la Jerarquía de la Iglesia Católica en dar unos kilos de comida a los bancos de alimentos. La solidaridad es el reconcomiendo de toda persona a poder vivir dignamente, para lo cual es necesario asegurarla una RENTA BÁSICA, lo demás es caridad. La caridad es humillación, falta de respeto a persona.
En el caso de Cáritas, la aportación de la Iglesia es del 1% del presupuesto, el resto viene de fondos públicos (sobre el 40%) y el restante (sobre el 59%) de su presupuesto proviene de fondos privados (propios, particulares, empresas…) que no hay que olvidar que desgravan con lo cual son una vía estupenda de evadir al fisco o blanquear dinero, como todas las obras de “caridad” o “beneficencia” que tradicionalmente han sido un mecanismo para esquivar al fisco y blanquear la imagen de grandes empresas y empresarios.
En un tiempo de crisis y pandemia donde no es fácil conseguir trabajo, donde se endeuda el estado (a todos/as) hasta las cejas, para salvar a los bancos y las grandes empresas, donde la riqueza se la queda el 1% de la población, que precisamente no paga impuestos, donde se despilfarra en obras que no sirven para nada, las personas no deben tener ayudas sino DERECHOS. Derecho en primer lugar a una Renta Básica, derecho a una educación gratuita y de calidad, derecho a la asistencia sanitaria y a la asistencia en caso de dependencia.
