Desde los años ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a liberalizarse los movimientos de capital y a crearse espacios prácticamente libres de impuestos, los paraísos fiscales que permiten eludirlos a las grandes empresas multinacionales, multitud de economistas críticos, activistas y organizaciones de todo tipo venimos pidiendo que se acabe con esa injusticia tan vergonzosa.
La respuesta de los economistas al servicio de las corporaciones, de los líderes políticos y los organismos internacionales era siempre la misma, a pesar de que la evidencia demostraba lo contrario: es técnicamente imposible evitar esa elusión fiscal y, además, no conviene hacerlo porque entonces se perjudicaría a la inversión y el empleo.
Mentían descaradamente y la prueba de llevábamos razón es que este fin de semana se reúne el G7, el grupo de los siete países más poderosos del planeta, para discutir una propuesta del presidente de Estados Unidos verdaderamente revolucionaria, al menos, en comparación con lo que hasta ahora viene ocurriendo: establecer un impuesto mínimo internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.
La práctica habitual de estas grandes corporaciones consiste en manipular su contabilidad para ubicar los beneficios que obtienen en diferentes países en aquellos en donde los impuestos son mínimos o incluso inexistentes y eso es lo que trata de evitar la propuesta que Estados Unidos ha puesto sorprendentemente sobre la mesa.
En estos momentos no se sabe la fórmula exacta que finalmente adopte el G7 (incluso puede ser que ahora no apruebe nada y traslade la decisión a la reunión de julio del G20) pero es muy improbable que la medida tenga marcha atrás, así que podemos decir que, por fin, la suerte de los paraísos fiscales y de la elusión fiscal generalizadas comienza a estar echada.
El impuesto que se está proponiendo tendría dos pilares. Por un lado, todos los países dispondrían de una parte de las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales en su territorio y, por otro, también podrían establecer una tasa mínima adicional sobre los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas que tengan sede en su jurisdicción.
A partir de ahí, sin embargo, pueden surgir diferentes alternativas que pueden hacer más o menos efectivo el impuesto, generar distintos volúmenes de ingresos fiscales y producir un reparto de la recaudación también más o menos desigual entre los países.
Estados Unidos, por ejemplo, ya ha bajado su propuesta inicial del 21% al 15%, propone que al aprobar este impuesto desaparezcan los que hasta ahora han venido estableciendo algunos países sobre empresas de servicios digitales y contempla umbrales de ingresos que haría más reducido el número de multinacionales afectadas. La OCDE, por su parte, está materializando la propuesta de Estados Unidos de forma que beneficie principalmente a los países más ricos (10% de la población mundial y 45% del PIB) porque contempla que la mayor parte del ingreso fiscal adicional (60% del total) vaya a los países en donde tienen su sede las grandes corporaciones, justamente los del G7 y algunos pocos más.
Desgraciadamente, el carácter nada democrático de estos encuentros de los países más poderosos impide que se discutan y aprueben otras propuestas más eficaces y equitativas.
Por ejemplo, la de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que propone que el tipo de un impuesto de esta naturaleza sea del 25%; u otra mucho más elemental y justa de Tax Justice Network: la distribución del ingreso adicional que se obtenga en función del lugar en dónde se lleve a cabo la actividad real (ventas y empleo) de las empresas multinacionales y no principalmente de su sede.
Las diferencias según se adopten unas soluciones u otras son considerables. Con esta última de Tax Justice Network no solo se conseguiría más equidad y no seguir perjudicando a los países más pobres sino recaudar más (460.000 millones de dólares anuales) que con la propuesta de la OCDE (275.000 millones) con la misma tasa del 15%, o 640.000 millones frente a 540.000 millones, con una del 21%.
En estos momentos es imposible saber cómo concluirá la cumbre y, mucho menos, la solución de imposición internacional que finalmente se adopte. Incluso cabe temer que la propuesta inicial de Estados Unidos siga avanzando a la baja, sobre todo, porque los líderes europeos no están siendo capaces de asumirla con decisión. Pero, sea cual sea el resultado, lo cierto es que se ha tenido que reconocer por fin que los privilegios concedidos a las grandes empresas son una vergüenza y que los argumentos ofrecidos durante todos estos años para mantenerlos son simples mentiras.
La propuesta que está en la agenda del G7 es inaudita e incluso revolucionaria, como he dicho, pero queda todavía mucho camino por delante. Con mayor o menor convicción, con ella se reconocen de facto dos principios fundamentales. Uno, que las empresas multinacionales maximizan sus beneficios a escala mundial y que, por tanto, deben estar sujetas a impuestos globales; y otro, que estos impuestos deben ser de mínimos en todos los países, para que no haya posibilidad de que trasladen sus beneficios de un lugar a otro. Quedan por reconocer de modo efectivo otros dos también fundamentales que plantea Tax Justice Network: obligar a que las empresas multinacionales proporcionen información transparente, actualizada y rigurosa sobre su actividad y beneficios en todos los países en donde llevan a cabo su actividad, y ubicar la toma de decisiones en organismos como Naciones Unidas y no G7, G20 o la OCDE, en donde puedan estar representados todos los países y no solo los más ricos y poderosos.
Si se ha conseguido lo más difícil, echar por tierra las mentiras neoliberales de los últimos decenios, no será imposible conseguir lo que queda por delante.
