Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las grandes fortunas y empresas son responsables del 72 % de la evasión fiscal en el Estado español. En su opinión, convendría elevar las funciones y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda para combatir con más medios la evasión y el fraude fiscal, ya que solo el 20 % de la plantilla de la AEAT se concentra en la evasión de las grandes empresas y fortunas.
El fraude fiscal provoca anualmente unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
A juicio de Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el aumento de procesos penales investigados por los tribunales de Justicia exige a la Agencia Tributaria que designe anualmente a cerca de mil funcionarios al peritaje y auxilio judicial, la mayoría Técnicos de Hacienda. Lo mismo ocurre con los Técnicos en la Intervención General del Estado, especialistas en auditoría y contabilidad y designados judicialmente, por ello, en los procesos relacionados con la corrupción política y económica. Y también la Unidad de apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción está integrada fundamentalmente por Técnicos de la Agencia Tributaria de la Intervención General del Estado (IGAE), dada su especial cualificación.
Por ello, Gestha reclama a la Ministra María Jesús Montero la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico, que conllevaría la elevación de sus responsabilidades y funciones.
80 % para declaraciones particulares, autónomos y Pymes
Si solo el 20% de los efectivos se dedican a la evasión de las grandes empresas y fortunas, que acumulan el 72% de la evasión y fraude, es el 80% quienes revisan las declaraciones de particulares, autónomos y pequeñas empresas, cuando apenas representan el 28% del fraude fiscal estimado en el país. Algo a todas luces injusto para los que menos tienen.
Carlos Cruzado considera que también convendría estimar oficialmente la economía sumergida en España y diseñar una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las plantillas medias de las Administraciones tributarias de los países europeos.
Medidas insuficientes
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado mes de octubre el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el que espera recaudar 800 millones de euros más al año, pero que a todas luces es insuficiente.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que para el Gobierno la lucha contra el fraude fiscal es una “absoluta prioridad”. “No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, ha señalado. Para lograr ese objetivo, la ministra ha indicado que es imprescindible cumplir con las obligaciones tributarias y perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen.
El plan incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.
Otra medida incluida en el proyecto de Ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente.
Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.
Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente, con un enfoque dinámico.
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