CaixaBank; un ERE a lo bestia con aval del Estado (Rafael Cid)

Es lo que tiene sembrar el precedente. Lo que mal empieza suele seguir de aquella manera. Hace unos días, con ocasión del noventa aniversario del 14 de abril de 1931, hemos visto reivindicar el legado de la Segunda República a la misma izquierda de la revolución pendiente que en la transición abrazó la monarquía franquista y vetó que los partidos republicanos pudieran participar en las primeras elecciones democráticas. Braguetazo político que los implicados excusan amparándose en el <<ceteris paribus>> (si lo demás no varía) con que se solventan los continuos vaivenes de la economía realmente existente.

Y sin embargo, se mueve. Ahora en el terreno del empleo y las grandes corporaciones financieras, la misma rúbrica que está en el origen de la crisis del 2008, aquella que trajo el austericidio de arriba-abajo. Entonces la consigna era que los grandes no podían caer porque nos aplastarían a los que estábamos a su reclamo. De tal guisa el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, siguiendo el dictum de Bruselas, salvó a los grandes de la banca privada y liquidó las semipúblicas cajas de ahorro, dejando ese mercado excedente a sus privilegiados competidores. El rescate fue especialmente oneroso para las arcas públicas en lo referente al caso de Bankia. Estaban en peligro muchos empleos y el dinero de los ahorradores, fue el argumento diana utilizado por las autoridades para justificar la operación Arca de Noé, que sacrificaba a los más (las cajas en general) en provecho de los menos (la antigua CajaMadrid y demás ases de la baraja).

Pero no hay mal que por bien no venga. La inversión realizada para mantener a flote la entidad significaba en la práctica su nacionalización. El multimillonario manguerazo de dinero de todos se traducía en control accionarial de Bankia por el Estado, con lo que tanto usuarios como trabajadores quedaban protegidos. Hasta que llegó la opa de La Caixa, con la consiguiente dilución de esa participación en el conjunto de la corporación nacida de la fusión. El 60% del Estado en la antigua Bankia se reducía al 16% en CaixaBank. Así y todo, una cifra determinante en cualquier negocio cuando queda en manos de un solo propietario (la familia Botín controla el Santander con un paquete del entorno del 5%). Pero verdes las han segado.

En plena segunda crisis pandémica, económica y social, la noticia bomba es que CaixaBank va a poner en marcha el mayor despido colectivo de la historia. Alrededor de 8.500 trabajadores comprometidos y 1.534 sucursales cerradas con el aval del Estado y para mayor obsolescencia de la España vaciada. Todo ello con la aquiescencia del Gobierno de coalición de izquierda progresista que tutela la parte del león accionarial, y unas cifras de paro que duplican la media de la Unión Europea (UE) y nos sitúan como líderes absolutos en desocupación juvenil con un 41% en la cohorte de edad comprendida entre 18 y 25 años. Hemos pasado de la cruzada de los ERTE como escudo social (3 de cada 4 euros son dinero público) a la magnificencia de una masiva destrucción de empleo a manos de los promotores de aquella Gran Depresión de hace una década que aún colea. Porque vista la atonía general, ya son varias las entidades financieras (Santander, BBVA, etc.) que se han apuntado en la ventanilla de los ERE sobrevenidos.

Este panorama, vista la valoración que se ha hecho desde el Ejecutivo y la patronal bancaria, nos devuelve al viejo esquema de <<socializar las pérdidas y privatizar las ganancias>> de triste recuerdo. Por un lado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que el pasado nueve de octubre afirmaba su fidelidad a la tesis de la <<destrucción creadora>> de Schumpeter, exponía: <<el gobierno maximizará el valor de la participación estatal de Bankia en la fusión con CaixaBank>>. Y de otro, lo dicho por el presidente de la AEB (Asociación Española de Banca), José María Roldán, quien tras justificar los <<ajustes de plantilla>> en curso por la necesidad de adaptarse a la nuevas tecnologías, decía que se trataba de <<adaptar los cambios a las demandas de los clientes>>. Y por encima de todo está la base legal que permite el tremendo descalabro laboral. La contrarreforma laboral de 2010 (Real Decreto-Ley de 16 de junio), de la que nadie ahora quiere hablar porque lleva la firma del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. La que permite despidos a mansalva por <<cuestiones productivas y organizativas>> aunque las empresas tengan abultados beneficios en sus últimos ejercicios. Por cierto, la actual ministra de Trabajo y flamante vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, no sabe ni contesta al respecto. Y nadie en los mítines a que asiste en Madrid para apoyar a Pablo Iglesias ha osado preguntarle cómo casa el que <<nadie se queda atrás>> con la sarracina que preparan los junkers de la banca.

Pero si faltara algo para completar la monumental pifia, ahí están los <<sindicatos representativos>> del régimen del 78. Más atentos a la oportunidad de negocio que se les ofrece como gestores de los ERE (remember Andalucía) en marcha que al estropicio social que causan. Porque los despidos, dicen sus mentores, se harán de forma pactada. Ergo, la paz social está asegurada. Aunque nadie en CCOO y UGT, siguiendo el <<nihil obstat>> de la ministra Díaz, haya exigido al menos la contrapartida de una alta cuota de trabajadores reemplazados (compensar salidas con parados) en ese descomunal ERE con aval del Estado.

Rafael Cid

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