Según el borrador del decreto ley, será a través de lo que se ha denominado “PERTE”, grandes proyectos de colaboración público-privada” dirigidos por las grandes empresas del IBEX35, como se va a invertir el mayor volumen de los 140.000 millones fondos europeos destinados por la UE al Estado español.
Además, se reducirán y acelerarán los procesos administrativos y se adelantarán gran parte de los recursos antes de las inversiones para facilitar al máximo los negocios y beneficios de las grandes empresas. Las y los trabajadores en paro, en ERTE o los que están a la espera de cobrar el Ingreso Mínimo Vital, se han visto y se ven obligados a cumplir tediosos y complicados trámites burocráticos para, con suerte cobrar, un subsidio de miseria.
Se acaba de publicar este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, el borrador del decreto ley por el que se regulan aspectos tan esenciales de los fondos europeos destinados a la recuperación y la resiliencia económica post Covid-19, tales como definir el órgano central de control de esos fondos y los mecanismos y procedimientos de gestión para aprobar y realizar el seguimiento y la fiscalización de los fondos europeos aprobados por la Comisión con un monto récord de 140.000 millones de euros. De estos, recordemos, más del 50% -aproximadamente 72.000 millones- son recursos a fondo perdido.
Todo el contenido del borrador del decreto ley apunta en la misma dirección: poner en marcha el manguerazo de los 140.000 millones -sobre todo los 72.000 millones a fondo perdido-, al servicio de las grandes empresas del IBEX35, para el desarrollo de proyectos de grandes infraestructuras y para realizar la transformación digital y la transición ecológica, según declaran con enorme rimbombancia y solemnidad. Pero la realidad es otra. Más bien facilitar la especulación, la explotación laboral y la precariedad para garantizar los enormes beneficios que están previstos gracias a estos fondos públicos y que, sobre todo, llegarán a las grandes empresas. Todo ello en un contexto favorable para las empresas gracias a las reformas laborales que siguen vigentes y que permiten la precarización y la devaluación salarial como se demostró durante la crisis de 2008, algo que ahora vuelve a esperarse como consecuencia de la transformación de muchos de los actuales ERTE en ERE. Las propias cúpulas burocratizadas de CCOO y UGT ya planifican moderación salarial para el año 2021.
Los proyectos denominados “PERTE”, que son los priorizados para obtener los fondos por su fuerte incidencia estratégica en la economía española (por su volumen de inversión, complejidad y movilización de recursos) requerirán la dirección de las grandes empresas e incluso de la propia administración. Por ello se han ideado procesos de “colaboración público-privada” que han denominado de este modo, los cuales harán de locomotoras y serán los grandes beneficiarios de todo el proceso de desembarco de los fondos europeos.
Tensión dentro del Gobierno de coalición por el control del reparto de los fondos europeos
La cuestión tiene tanta trascendencia política en el seno del Gobierno de coalición que el primer encontronazo de hecho ha surgido a lo largo de la propia mañana, antes de la publicación del propio borrador, al filtrarse a determinados medios de comunicación que el órgano central diseñado para la gobernanza, que estaría encargado de la logística y la supervisión directa de todo el proceso del reparto de los fondos, dejaba fuera a las y los ministros de coalición de Podemos, con la excepción de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz (de Izquierda Unida). Esto hizo saltar las alarmas en el interior de Podemos, puesto que les dejaría sin participar de la principal palanca de intervención estratégica en la economía española en decenios. Finalmente, Pedro Sánchez aceptó que el conjunto del Consejo de Ministros sea el órgano máximo y último de control de los fondos. ¿A cambio de qué por parte de las huestes de Pablo Iglesias? No lo sabemos.
Hasta ahora los fondos europeos, que han dirigido en gran parte las tendencias y el desarrollo del capitalismo español del último período, nunca habían alcanzado las dimensiones de una bazuca de este calibre histórico. El propio Gobierno ha calculado en cifras económicas, solo para el primer año -cuando se estima que recibiríamos 27.000 millones y que ya se han incorporado al proyecto de presupuestos de 2021-, un impacto de los fondos traducible en un crecimiento de más de un 2% de PIB.
Reducción de plazos y controles para favorecer el manguerazo de recursos para las grandes empresas del IBEX 35
El borrador establece condiciones excepcionalmente favorables respecto a los procedimientos administrativos -los controles públicos del gasto- para la aprobación y la fiscalización de esos fondos que se están diseñando para combatir lo que eufemísticamente se denomina como “exceso de burocracia”, que pueda dificultar e incluso impedir que se ejecute la totalidad de ese dinero en el plazo establecido desde Bruselas.
Si bien es cierto que se viene señalando que el Estado español apenas ejecuta un 30% de los fondos europeos en plazo año tras año, ese problema más allá de la endémica burocratización, viene determinado por la escasez de personal en todos los niveles de la administración que viene sufriendo recortes importantes desde la crisis de 2008. Además de la jerarquización de las funciones que se viene sufriendo, sucedes como en el famoso chiste de los remeros, mucho personal lo constituyen jefes nombrados a dedo como contrapartidas políticas que, aunque marcan el ritmo, no dan una paletada contra el agua. Mientras los y las trabajadoras desde los niveles técnicos a los administrativos o más subalternos en todas las administraciones tienen que hacer todo el trabajo siendo cada vez menos y con menos posibilidades de desarrollo laboral cada día.
En este sentido, el borrador del decreto consigna cambios importantes a la hora de establecer la concesión de ayudas a los proyectos que se presenten. Uno de ellos, y no de escasa importancia precisamente, es la posibilidad de que se adelante el 50% de la cantidad solicitada para el desarrollo del proyecto. En concreto el borrador señala que “se flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo de negocios, pudiendo llegar hasta el 50% de la cantidad total a percibir”.
Además, esa cuantía adelantada puede aún ser mayor si forma parte de los que sean evaluados como proyectos estratégicos para la economía española (“Proyectos PERTE”), y cuya ejecución como dijimos antes tendrá un carácter mixto, público-privado, debido a que estos proyectos cuentan con “la presencia de riesgos significativos que obstaculizan la iniciativa privada”. En estos casos, podrían alcanzar “un límite máximo del 90% de la cantidad total a percibir correspondiente a cada anualidad”.
Al mismo tiempo, estos proyectos se considerarán prioritarios en la tramitación, por lo que serán los primeros en lograr las subvenciones, en mayor cuantía y con mayores posibilidades de ejecución ante el paraguas permanente que la propia administración ofrecerá, por tratarse de proyectos de carácter mixto. Es indudable que esos proyectos tendrán que ser de un volumen inalcanzable -más allá de las posibles subcontrataciones que acarreen los trabajos a realizar en la cadena de valoración y siempre con menor valor añadido para las empresas subcontratistas- para las pequeñas y medianas empresas. La parte del león, sin duda, se la llevarán las grandes empresas del IBEX 35.
La decisión, aspecto que gana relevancia en la pelea de esta mañana de Podemos por formar parte del órgano de gobernanza de los fondos, de calificar a un proyecto de PERTE, correrá a cargo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que emanará el registro estatal para las empresas interesadas en acogerse a esta vía de subvención.
Respecto al tema de los plazos legales sufrirán también un importante hachazo respecto a lo que viene siendo habitual para este tipo de fondos en la Administración. Así, se ha adoptado la decisión de reducir a cinco días máximo lo que en muchos casos lleva meses, fundamentalmente por los procesos internos de control del gasto de la propia Administración. En concreto, el borrador del decreto señala que “el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”, todo ello “con independencia del tipo de expediente y de cuantía”. Algo absolutamente llamativo si tenemos en cuenta que van a ser muchos de ellos, sobre todo los PERTE, proyectos muy grandes por el volumen de inversión y gasto y muy complejos para su fiscalización pública. Otro aspecto relevante para facilitar la entrada de los proyectos será la habilitación de una ventanilla única de admisión de los proyectos, algo hasta ahora inédito para la Administración española.
Ya hubieran querido estas facilidades, reducción de plazos y de trámites burocráticos largos y tediosos, los y las trabajadoras que se quedaron en paro en los primeros momentos o en ERTE y que tardaron meses en cobrar sus prestaciones; o los 800.000 beneficiarios previstos del Ingreso Mínimo Vital, de los cuales apenas lo han cobrado la mitad a día de hoy por no reunir requisitos, sin tener en cuenta las condiciones de excepcionalidad por la pandemia, o por dificultades administrativas.
El control y la lucha por estos fondos estratégicos para el futuro económico del Estado español van a formar parte esencial de las disputas políticas y económicas de las fuerzas del Régimen, políticas y económicas, en el próximo período. Sin embargo, las y los trabajadores no van a obtener ningún beneficio directo de esos fondos tal y como están diseñados, básicamente para garantizar las ganancias empresariales y sobre todo de las grandes empresas. Es necesario ocupar las calles arrebatándoselas a la reacción e imponer a las burocracias sindicales un plan de lucha por un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas.
