La Comisión Europea da un ultimátum a España para que las multinacionales dejen de reducir su carga tributaria.

La Comisión Europea insta a España a actualizar la legislación nacional e incluir en ella la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas para impedir que las grandes empresas exploten las diferencias existentes en la legislación tributaria de los países de la Unión Europea (UE) para evadir impuestos.

Bruselas recuerda a nuestro país que ya han pasado 10 meses desde que se debería haber transpuesto esta directiva, antes del pasado 31 de diciembre de 2019. De no hacerlo antes de que acabe el año, Bruselas llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En España, las grandes multinacionales reducen «artificialmente» los impuestos que deberían pagar. Esto se debe a que aprovechan las diferencias entre los sistemas de Estados miembro.

Elusión fiscal y las multinacionales

El objetivo de la directiva europea, señala la Comisión en un comunicado publicado este viernes, «es garantizar que las empresas multinacionales no puedan reducir artificialmente su obligación de pagar el impuesto de sociedades aprovechando las diferencias» entre los sistemas fiscales de los Estados miembros y los de países extracomunitarios. Son, recuerda Bruselas, «los denominados desfases híbridos».

Las normas comunitarias contra la elusión fiscal nacieron con el objetivo de impulsar los esfuerzos a escala mundial para actuar contra la ingeniería fiscal abusiva de las grandes multinacionales. Los dictámenes motivados son, por su parte, una herramienta muy común utilizada por el Ejecutivo comunitario para presionar a los socios.

Elusión fiscal y el Gobierno

El Gobierno ya tiene en marcha el cumplimiento de las exigencias de Bruselas mediante el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y el que se incluye también una modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre y está ya en manos del Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

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