El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del Banco Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado Español con 1.350 millones de euros, cuantía que las tres entidades desembolsaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Ejecutivo se comprometió a devolver en 30 años.
La decisión de paralizar el almacén Castor –situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià– se adoptó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en setiembre de 2013.
En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard. El proyecto, con numerosas irregularidades, tuvo una fuerte contestación social.
El grupo ciudadano Caso Castor demandará el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y pedirá un pronunciamiento de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa para que se pronuncie sobre quién debe pagar a la indemnización por el almacén subterráneo Castor.
La representante del colectivo, Simona Levi, cree que la sentencia no resuelve el problema. Una vez más, los daños producidos por una gran corporación los debemos pagar la población. Esto es una injusticia, porque el contrato de esta deuda fue anulado por el Tribunal Constitucional hace dos años”, ha manifestado.
Así, Levi considera que cuando esto sucede se debe volver a la situación anterior y, por tanto, ese dinero pagado a Escal, que forma parte del grupo ACS (Florentino Pérez), “debe ser retornado”. Por ello, ha explicado que el Grupo Ciudadano Castor ha elaborado una proposición de ley para que no sean los españoles los que a través de los Presupuestos Generales del Estado paguen esta situación sino que lo haga “quien ha generado el problema” y que, “además, puede pagar, puesto que ha vuelto a repartir dividendos”.
Por otro lado, el colectivo, integrado por (Xnet, Observatorio de la Deuda (OdG) y Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC)), en previsión de los “efectos negativos que la sentencia del Tribunal Supremo para el erario y las políticas públicas futuras” ha anunciado que en las próximas semanas presentará una demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas así como un pronunciamiento por parte de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
El texto de la iniciativa incluye también un análisis del estado contable de ACS en el que asegura que es “legalmente legítimo y económicamente posible que dicha constructora, que sigue repartiendo dividendos, pague la deuda”.
La proposición ha sido recogida a través de Compromis. El grupo presentó una querella criminal por el caso Castor ante la Audiencia Nacional, que finalmente fue archivada.
Simona Levi es activista de los movimientos sociales europeos en el ámbito de la libre circulación del conocimiento, la cultura y la información, la democracia digital, el uso estratégico de las herramientas digitales para la organización, la comunicación y la acción colectiva y la lucha contra la corrupción. Es impulsora de la formación de Xnet, FCForum, 15MpaRato y del Grupo Ciudadano contra la Corrupción, tanto catalán como estatal.
