Los efectos sanitarios de la pandemia de coronavirus que elevaron sobre manera el número de fallecimientos –en especial en el colectivo de personas de mayor edad–, han llegado también al sistema de pensiones hasta el punto de que el número de pensionistas en Euskal Herria, por primera vez, se ha reducido desde el inicio de año. A 1 de enero de este 2020, la Comunidad Autónoma Vasca contaba con 561.789 pensionistas, cifra que a 1 de agosto había quedado en 560.819. Por su parte en Nafarroa, los 137.642 perceptores de una pensión en enero eran 137.592 este mes, según los últimos datos de la Seguridad Social.

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No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.

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Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), para exigir un lugar seguro para las personas dependientes en las residencias de mayores, responsabilidades por  lo ocurrido en estas, en la sanidad pública o los servicios sociales, sin olvidar las demandas específicas del Movimiento de Pensionistas. Porque la crisis sanitaria provocada por los incesantes brotes del coronavirus, no puede ser la excusa para que se olviden las exigencias en defensa del sistema público de pensiones.

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Los pensionistas son uno de los sectores de la población que se han mantenido más movilizados estos últimos año. Sobre el problema de las pensiones hemos hablado con la economista crítica Miren Etxezarreta y José Iglesias, autores del libro ‘El Cuento de las Pensiones’ (Icaria, 2019).

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El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), en  rueda de prensa celebrada hoy en la plaza del Arriaga, se reafirma en la convocatoria de manifestación para el próximo lunes, 24 de agosto, en Bilbao porque la crisis sanitaria provocada por los incesantes brotes del coronavirus, no puede ser la excusa para que se olviden las exigencias en defensa del sistema público de pensiones y porque el derecho a manifestarse se realizará con todas las garantías recomendadas: mascarillas, distancia de seguridad e higiene de manos.

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En septiembre el Congreso tendrá que debatir los Presupuestos Generales del Estado y muchos apuntan a una reforma en las prestaciones por jubilación y el déficit de su sistema. Pero, ¿recortar es la única opción? Otros países lo financian de manera distinta al Estado español.

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Tienen prisa por abordar una nueva ‘reforma de las pensiones’ con el manido argumento de que ‘son insostenibles’. Pero parece que lo que no es sostenible es esa falaz información: la Seguridad Social viene asumiendo gastos y prestaciones que no le corresponden y que enjugarían el supuesto déficit estructural. Pero es que a ello hay que añadirle la caída general de cotizaciones como consecuencia de las sucesivas reformas laborales que han devaluado los salarios y las cotizaciones sociales. Además de las exenciones a la cuota de la patronal. 

La cuestión real no es si las pensiones son o no sostenibles sino cómo mejorar un sistema de pensiones públicas en que la mayoría de sus perceptores, después de una larga vida laboral, se ven condenados a prestaciones insuficientes para mantener su derecho a una vida digna.

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La deuda que ahora reconoce el Tribunal de Cuentas como “costes que la Seguridad Social asumió por cuenta del Estado” sería de 103.690 millones de euros que, si le aplicamos el IPC, en 2019 ya ascendería a 161.000 millones de euros.

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El Banco de España calcula que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó, en un nuevo ataque a las pensiones públicas, tras asimilarlo a una inversión financiera, aplicando supuestas tablas de probabilidad, entre ellas las de supervivencia. Se trata de una nueva manipulación contables para infundir en la opinión pública, la necesidad de un nuevo recorte en el sistema público de pensiones para favorecer los sistemas privados.
 

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