No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.
Algo, por supuesto, tiene que ver la política neoliberal que impera en Europa, el poder que en ella mantienen los lobbies financieros, y el interés que estos tienen en expandir los fondos privados de pensiones. La ofensiva internacional cuenta, pero hay que reconocer que dentro de España llevamos tiempo (al menos desde el Pacto de Toledo) poniendo las pensiones a los pies de los caballos.
Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización de la Seguridad Social (SS) del año 2018. Este organismo, siempre tan diligente y tan rápido. Después alguno dirá que nadie hace caso a sus informes. Con todo, lo peor es el contenido. Se limita a repetir el tópico de que la SS está en quiebra y de que el problema se agravará en los próximos años. Realiza un análisis del balance y viene a concluir su desequilibrio patrimonial. Por otra parte, es algo que todo el mundo sabe y que los medios de comunicación repiten a diario.
Bien es verdad que este documento les ha venido muy bien a muchos periodistas. Han titulado “Demoledor informe del Tribunal de Cuentas”, como si este organismo hubiese realizado un gran hallazgo, cuando solo ha descubierto el Mediterráneo, porque el desequilibrio patrimonial consiste en las deudas que la SS mantiene con el Estado. Todo se reduce a un juego contable, ya que el Estado y la SS son la misma cosa. El pasivo de la SS se corresponde con un activo del Estado y ambos desaparecen del balance cuando se consolidan. Ni que decir tiene que la SS nunca podrá pagar esos préstamos y el Estado sabe que jamás podrá cobrarlos.
Habrá que preguntarse entonces por qué los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, se han empeñado en canalizar los recursos de un presupuesto a otro como préstamos en lugar de como aportaciones, que es además lo que se encuentra estipulado en la ley (la SS se financia por cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado). Posiblemente la intención sea la de acogotar a la SS y justificar así las sucesivas reformas de las pensiones, cada una de ellas más restrictiva que la anterior.
Lo curioso es que este Gobierno, que se llama progresista y que se presentó con la promesa de derogar la ley sobre las pensiones del anterior Ejecutivo, continúe transfiriendo los recursos a la SS como préstamos y no como aportaciones. Es más, no ha condonado la deuda -como sería lógico-, con lo que se habría terminado la amenaza de quiebra de la SS. Da la sensación de que también pretende que las pensiones continúen estando a los pies de los caballos. Tampoco parece que sea un asunto que importe demasiado a Podemos. Ellos a lo suyo, a continuar embarrados con la Monarquía, que les debe de parecer el problema número uno de la sociedad española.
Mientras se mantenga la ficción de que la SS y el Estado son dos realidades independientes y de que la primera debe financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales habrá una espada de Damocles gravitando sobre las pensiones. Siempre habrá quien haga estudios de rigor muy dudosos como el que acaba de publicar el Banco de España, acerca de que los pensionistas reciben más de lo que han cotizado. Hace tiempo ya que Solchaga afirmó algo parecido. Al menos hay que agradecer al ex ministro que no tratase de revestir una posición ideológica de informe técnico.
En cualquier caso, no sé si la afirmación tiene otro valor y finalidad que mantener la ofensiva contra las pensiones, porque en esta prestación, como en casi todas y también en los servicios públicos, habrá quien reciba más de lo que ha aportado y quien contribuya más de lo que obtenga. En esto consiste precisamente la función redistributiva del Estado. A nadie se le ocurre preguntar si los alumnos de enseñanza media o universitaria o los enfermos de los hospitales o los perceptores del seguro de desempleo o los empresarios que reciben subvenciones o créditos subsidiados, etc., han tributado más o menos de lo que perciben.
El ministro independiente (que depende ahora, como el resto de los ministros, de los golpistas) accedió al cargo y me atrevo a decir que presentó como mérito frente a Sánchez su tesis de que el sistema público de pensiones era viable, pero lo cierto es que no ha hecho nada para consolidarlo. Ha debido de estar muy entretenido y, lo que es peor, ha mantenido muy entretenida, más que entretenida colapsada, a la Administración de la SS, con el nuevo invento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora parece no servir siquiera para solucionar el problema de los trabajadores que en este momento agotan la prestación por desempleo.
Según anuncia la prensa, el Gobierno y los sindicatos están negociando prorrogar en este momento dicha prestación. Es, sin duda, una medida justa y necesaria, pero si el IMV no vale para dar respuesta a estas contingencias, ¿cuál va a ser su papel y quiénes van a ser sus perceptores? Da la impresión de que se va a dirigir a los mismos que cobraban ayudas similares de las distintas Comunidades Autónomas, aunque para ese viaje no hacían falta tales alforjas, especialmente cuando ni siquiera se pretende unificar tales prestaciones; se supone que para no incomodar a los nacionalistas.
Lo único que este Gobierno ha hecho hasta ahora por las pensiones ha sido actualizarlas por el IPC, pero como medida puntual. En realidad, ha consistido en mantener lo que ya había pactado el anterior Gobierno del PP con el PNV. Hay que añadir que, en estos momentos, teniendo en cuenta la baja tasa de inflación, tal actualización carece casi de importancia. Aunque sí puede tenerla -y mucha- de cara al futuro, y hoy por hoy sigue vigente la anterior ley de Rajoy sin que el gobierno sanchista, ni siquiera su facción podemita, hayan hecho nada para derogarla o al menos para corregirla.
En España, desde el pacto de Toledo se viene vendiendo como un gran éxito la actualización de las pensiones por el IPC. Se trata de una victoria raquítica si la comparamos con lo que realizan otros países. Portugal, en función del PIB; Holanda, Alemania o Suecia, de acuerdo con el incremento salarial. En todos estos casos la regularización, por lo tanto, es de mayor cuantía. Prueba de ello es el hecho (hecho que paradójicamente utilizan los detractores de las pensiones para mostrar la inviabilidad del sistema) de la mayor cuantía que cobran los nuevos pensionistas cuando aceden al sistema con respecto a la que dejan de percibir aquellos que lo abandonan por defunción. Señal inequívoca de que la evolución al alza de los salarios ha sido muy superior a la de las pensiones.
Que la SS no es algo independiente del Estado aparece de forma clara al reparar en cómo determinadas medidas que los gobiernos adoptan de cara a su política económica pueden afectar negativamente a la salud financiera del sistema. La bajada, exenciones o beneficios concedidos en diferentes casos a las cotizaciones sociales, o la utilización de las jubilaciones anticipadas para facilitar las regulaciones de empleo o el cierre de empresas, en lugar de usar el seguro de desempleo prologando su cobertura los años necesarios, son fórmulas por las que se traspasan cargas del Estado a la SS. No hay por qué criticar en principio tales medidas, pueden ser las más acertadas en determinados momentos, pero siempre que se acepte la íntima unión entre Estado y SS y que las transferencias necesarias de recursos que el primero realice a la segunda sean aportaciones y no préstamos.
De cara al futuro, las pensiones públicas tienen problemas, indudablemente, pero los mismos que la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia o este nuevo invento del IMV. Ni más ni menos. Los problemas, más bien el problema, es la insuficiencia recaudatoria de nuestra Hacienda Pública, resultado de muchos años de deterioro, los seis puntos de presión fiscal que nos separan de la media de la Eurozona. Es verdad que el control del gasto público deja bastante que desear, sobre todo en las Autonomías y en los Ayuntamientos, pero por mucho que se erradicase toda la corrupción, se suprimiesen los asesores a dedo, se cerrasen organismos innecesarios, se eliminasen duplicidades, etc, todo ello sería una fracción insignificante comparada con las grandes partidas de gasto y con los recursos imprescindibles para mantener el Estado social. Nos guste o no, la reforma fiscal es imprescindible y la urgencia en cerrar el déficit de recaudación, apremiante (véase mi artículo del 17 de julio pasado).
Nadie quiere coger el toro por los cuernos. Pedro Sánchez ya ha afirmado que se olvida del tema hasta 2023, es decir, ad calendas graecas. Se argumenta que hay que esperar a salir de la crisis. Ya veremos cuándo salimos de la crisis…; pero es que, además, la crisis no afecta a todos por igual. Hay muchos contribuyentes que no están viendo mermada su capacidad económica, incluso en algunos casos la están incrementando. Los impuestos directos solo afectan a los ingresos, a las ganancias, al patrimonio, con lo que de forma inmediata el gravamen de aquellos que están siendo perjudicados por la crisis se reducirá (es lo que se llama estabilizadores automáticos) y por lo tanto en líneas generales tampoco les afectaría la posible reforma si recayese sobre este tipo de tributos.
Tampoco es cierto que dicha reforma fuera a agravar la crisis, siempre que los recursos obtenidos se utilizaran de manera adecuada, ya que retornarían a la sociedad, y precisamente a los colectivos más necesitados y con una fuerte propensión al consumo. Por otra parte, una reforma fiscal no se hace en un día. Si de verdad hubiese voluntad de acometerla, se debería comenzar a planificar y a discutir ya en las Cortes con la finalidad de que pudiese entrar en vigor quizás dentro de un par de años. Es evidente que este Gobierno no tiene la menor intención de llevarla a cabo. Eso sí, el nivel que puede alcanzar la deuda pública puede ser de antología, campo apropiado para que nos obliguen a todo tipo de recortes, comenzando por las pensiones, con resultados muy negativos no solo para la equidad, sino también para la propia actividad económica.
Lo más llamativo es el silencio de Podemos sobre todos estos temas. Era de suponer que fuese en este ámbito en el que se produjesen los enfrentamientos con Sánchez y sus acólitos. Pero he aquí que no. Se han encelado y entablan una batalla sobre la forma de Estado, que no creo yo que, en los momentos actuales, inmersos en una epidemia de resultados impredecibles y una crisis económica que puede ser devastadora para una buena parte de la sociedad, sea el tema más urgente, ni el que más importe al personal. Únicamente a los nacionalistas, pero solo como medio para romper el Estado. Además, su debate actual no solo es contraproducente, sino de difícil solución. No se cumplen los requisitos para modificar la Constitución en esta materia. Solo se conseguiría dividir a la sociedad en el peor momento posible. Da la impresión de ser una cortina de humo para ocultar otros problemas. La duda es si se trata de una contienda real o ficticia y de si Pedro Sánchez no está en el ajo, repartiéndose entre las dos partes del Gobierno los papeles de policía bueno y policía malo.
