Después de 10 años, la Querella Argentina se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de denuncia y de lucha contra las políticas de impunidad del Estado español que niegan el derecho a la tutela judicial efectiva a estas personas. Las políticas de impunidad son la falta de investigación judicial de los crímenes aberrantes que se cometieron durante la dictadura franquista y en la utilización de un discurso oficial de olvido, amnesia y perdón a los criminales franquistas.
Esto representa una flagrante violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al incumplir el Estado español sistemáticamente las obligaciones internacionales contraídas tras ratificar Tratados Internacionales en esta materia.
El próximo 3 de septiembre, con la toma de declaración de Rodolfo Martín Villa en la Embajada Argentina en Madrid, se dará el primer paso para poner fin a la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Una impunidad mantenida durante más de 40 años por los sucesivos gobiernos y que es una de las más profundas lacras de nuestra democracia actual.
Durante la dictadura franquista, se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen. Centenares de miles de personas sufrieron graves violaciones de derechos humanos: desapariciones; fusilamientos; niños robados; víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios; detenciones arbitrarias; torturas; persecuciones; y un inacabable etcétera..
Hasta ahora, las instituciones del Estado español no han hecho nada para juzgar y condenar estas graves violaciones de derechos humanos, incumplimiento con las obligaciones internacionales contraídas en este ámbito.
A pesar de los numerosos obstáculos, muchas personas y organizaciones iniciaron un largo camino hacia el reconocimiento de su derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las garantías de No repetición, utilizando varias vías judiciales para tratar de revertir una situación de impunidad largamente mantenida.
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Más de 1.000 querellas y denuncias en la Querella Argentina, tanto de víctimas individuales como de instituciones y asociaciones. Alrededor de 40 ayuntamientos de diversos territorios del Estado han presentado, o están en trámites de hacerlo, querellas criminales ante los Juzgados españoles para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios. Numerosas querellas por delitos de torturas; homicidio y lesiones; desaparición forzada (ejecuciones extrajudiciales)… todas ellas en un contexto de crímenes contra la humanidad, interpuestas igualmente ante la justicia española.
Hasta la fecha ninguna de las querellas criminales presentadas en el Estado español han sido admitidas a trámite.
10 años después de que se iniciase la Querella Argentina, la jueza Servini de Cubría tomará, por vía telemática, declaración a Rodolfo Martín Villa, superándose con ello la resistencia y obstaculización que ha venido ejerciendo el Estado español para impedir que dicho acto procesal se produjera.
Martín Villa fue una de las piezas claves, en la ejecución de una política de Estado represiva y cruenta que conformó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Por ello es uno de los requeridos por la Justicia argentina como responsable de crímenes contra la humanidad.
Los sucesivos gobiernos y la judicatura española se han negado a extraditar a Martín Villa a Argentina para su toma de declaración. Se han negado a que la jueza Servini venga al Estado español a tomarle declaración en los juzgados españoles. Y se han negado a juzgarle en los propios tribunales españoles.
Naciones Unidas ha constatado y denunciado en numerosas ocasiones la inaceptable política de impunidad mantenida por el Estado español, contraria a los estándares internacionales, que impide el acceso a la justicia a las víctimas de estos crímenes contra la humanidad. Esta toma de declaración de Martín Villa supone un gran paso para juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, pero para poner fin a la impunidad deberán seguir dándose otros muchos pasos para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo y sus familiares y que una sociedad con cultura democrática debe exigir a los poderes públicos.
