Días después de las declaraciones de Arantza Tapia, señalando entre otras cosas que la reducción de los salarios podría ayudar al mantenimiento del empleo, el presidente de Cebek manifestaba que la reducción de salarios no garantiza el empleo y que son necesarias otras medidas. Confebask, por su parte, añadía que era necesaria una especie de pacto social de país para remontar la crisis generada por la pandemia.
Quizás alguien, ingenuamente, pudo pensar al escuchar el titular de la declaración del presidente de Cebek que expresaba una actitud menos a la derecha que la de Arantza Tapia. Lo que en realidad estaba expresando es que hay que ir a medidas de choque más duras. Es decir, aprovechando la crisis de la pandemia, las grandes empresas de la CAV, unidas o dependientes en buena parte de multinacionales, quieren cerrar centros de trabajo y reducir las plantillas de un modo brutal, no sólo despidiendo a la gente eventual –que ya lo han hecho estos meses– sino a las y los trabajadores fijos con muchos años de antigüedad.
Su proyecto, ni más ni menos, es desprenderse de buena parte de esas plantillas, para que luego cuando se inicie cierto grado de recuperación económica, puedan contratar a trabajadores con salarios más bajos, eventuales, que les puedan proporcionar unos beneficios más altos.
Es tal la desvergüenza de esas empresas que, como hemos podido saber, han tenido en los últimos años unos beneficios muy grandes, repartiendo generosos dividendos entre sus accionistas. Por citar sólo tres casos: Tubacex (con sede social en Laudio), Aernnova (Gasteiz) e ITP Aero (Zamudio), que según los cálculos del sindicato ELA en base a los datos presentados por las propias empresas, desde 2009 han ganado 1.027,4 millones de euros en conjunto.
La cadena de cierres de empresas, deslocalizaciones, despidos masivos, deterioro de salarios y derechos laborales van a intentar que sea muy amplia en los próximos meses, sobre todo a partir de la desaparición de los ERTEs. La misma Confebask ha declarado que de aquí a finales de año, pueden perderse en la CAV otros 45.000 empleos.
Considerar que bajando los salarios puede atenuarse de un modo significativo la pérdida de empleo es una ilusión que no se corresponde ni con las experiencias vividas, ni con la realidad a que nos enfrentamos. Los empresarios, con el chantaje de conservar los puestos de trabajo, juegan a todas las bandas para salvar sus intereses. Chantajean con los cierres y los despidos, para plantear la reducción de salarios, la flexibilidad según las cargas de trabajo, la eventualidad, los recortes de derechos laborales…, y sin con todo ello no les es suficiente, van por el camino de en medio cerrando la empresa o despidiendo unilateralmente, sin importarles para nada la situación dramática en que quedan las trabajadoras, los trabajadores y sus familias.
Sólo excepcionalmente aceptar la reducción de salarios ha permitido que alguna empresa y el empleo se mantengan. La experiencia nos enseña que, en la generalidad de las empresas privadas, incluso en algunas cooperativas y en muchas SALes sólo ha servido para aguantar un poco, y al final, casi siempre, se ha ido al cierre o a unas pérdidas de empleo y salarios muy grandes.
Arantza Tapia, el previsible nuevo gobierno de Gasteiz, el empresariado sabe muy bien que una mayor inversión pública en sanidad, educación, en la atención a las personas mayores y servicios sociales posibilitaría una creación muy importante de puestos de trabajo y de ingresos a las cajas públicas. De igual modo, promoviendo un sistema productivo cuidadoso con la naturaleza y la vida humana, pero quieren continuar con su política capitalista, neoliberal, que conduce cada vez más a la desigualdad social, la pobreza y riesgos de todo tipo para la gran mayoría de la sociedad.
