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Luchar seriamente contra el trabajo precario (Por Antonio Pérez Collado)

Leíamos recientemente en el diario Levante-EMV los lamentos de Ismael Sáez, secretario general autonómico de uno de los dos agentes sociales mayoritarios, al respecto del incumplimiento por la Generalitat Valenciana de la Ley de Responsabilidad Social que, por la tenaz insistencia de estos reconocidos agentes sociales, incluye en su articulado el requisito de que las plantillas de las subcontratas de los hospitales sean subrogadas cuando se convoquen subastas para la renovación de las pertinentes subcontrataciones. Parece -según reconoce el propio dirigente sindical mayoritario- que la insistencia no fue tan “a cara de perro” como para dejar atado el reglamento que obligue a cumplir tal requisito que, al menos, garantizaría la continuidad como subcontratados de estos 175 empleados en seis hospitales valencianos.

Si nos limitamos a tomar en consideración solamente estas informaciones puntuales y parciales, lo más natural es que compartamos las quejas y hasta los argumentos de UGT y CC.OO. cuando denuncian educadamente que gobiernos y patronal recortan derechos y salarios, sin querer pactarlos primero con quienes parecen ser los únicos interlocutores autorizados a pensar, decidir y firmar en nombre de toda la clase trabajadora… a pesar de que la afiliación de ambos sindicatos apenas supera el 10% del personal asalariado y de que las asambleas obreras soberanas hace años que son cosa del recuerdo.

Puestos a dudar de cómo es posible que en servicios a la ciudadanía tan esenciales como la sanidad y la educación se den tantos casos de presencia de empresas privadas gestionando importantes tareas de hospitales y centros de enseñanza públicos, habremos de concluir que a lo largo de los últimos cuarenta años se han tenido que ir modificando las normas legales que antes impedían la presencia de subcontratas en el ámbito de la administración pública y la limitaban enormemente en el sector privado.

Y si esos cambios a peor se han introducido en nuestra legislación laboral es evidente que los dos sindicatos a los que se otorga la exclusividad de la representación social algo tendrán que ver en este proceso; o bien han asumido y pactado esas modificaciones, o se han limitado a dejar hacer a gobierno y patronal, a cambio de seguir disfrutando de sus privilegiada presencia en las instituciones y en los medios de comunicación.

Es ya habitual que desde las direcciones de los dos sindicatos citados se hagan declaraciones -la cosa no pasa de las declaraciones- denunciando los alarmantes datos del paro, de la temporalidad, de la precariedad, de la siniestralidad laboral, como si esos cuadros que tan bien retratan los retrocesos de la clase trabajadora fueran culpa exclusiva de la parte mala de la patronal (parece que ellos conocen un sector bueno) y de los gobiernos de derechas (para el sindicalismo progre los reformas y recortes del PSOE no cuentan) obviando siempre su importante papel en la negociación de las reformas y el gran valor simbólico de su firma en la mayoría de estos recortes sociales.

Habrá que entender que si CC.OO. y UGT, por fin, ya reconocen el pernicioso legado de esta larga etapa del diálogo social, todavía les falta lo más impotente: lamentar su participación, pedir la derogación de todas estas reformas y apostar por la vía de la lucha sindical, renunciando al agotado modelo del consenso y el buen rollo con los entes que tenemos enfrente, no al lado como se ha venido insinuando.

Antonio Pérez Collado

 

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