La pandemia golpeó a millones de trabajadores y trabajadores que por decisión del Gobierno, patronal y burocracias sindicales de CCOO y UGT fueron enviados a sus casas sin fecha clara de retorno y con una mensualidad del 70% de su sueldo durante los primeros 6 meses y el 50% a partir del séptimo. Y a otros directamente al paro y sin prestaciones.
Si estas decisiones del gobierno “progresista” ya han supuesto un duro impacto para miles de familias que se encuentran ante el imposible de hacer frente al alquiler o las facturas básicas, las prioridades del Ejecutivo y las negociaciones entre patronal y burocracias sindicales han terminado por dejar en la lona a otro sector. Los desempleados antes de la Covid y que durante la pandemia han acabado sus prestaciones.
La avalancha de prestaciones desde finales de marzo, producto especialmente por los ERTEs, se sumaba a los 3,2 millones de parados que ya tenía el Estado español. De estos 3,2 millones de personas, el 34%, unos 550.000 se han quedado en estos últimos 5 meses sin ningún tipo de prestación o ayuda.
El Ejecutivo, junto a la patronal y burocracias sindicales pactó rápidamente la concesión de los ERTEs como método de salvaguardar lo máximo posible los intereses de los empresarios. Pero por contra no prestó atención a los millones de parados ya existentes y especialmente a los que iban a quedar en una situación dramática, esos 550.000.
Lo cierto es que desde hace meses se negocia una ayuda para este medio millón de personas, una prestación que no solo no llega sino que además es de una cantidad irrisoria: 430 euros.
Pongamos de ejemplo el precio medio del alquiler en el Estado español, que a finales del 2019 Fomento sacaba a luz, 819 euros ¿Puede ser considerado una ayuda una prestación de 430 cuando apenas alcanza el 50% del alquiler? Y esto, claro está, sumemos las facturas o la cesta de la compra.
Una lentitud inadmisible frente a la situación de crisis terrible de miles de familias que se encuentran actualmente sin ningún tipo de ingreso y que además de sufrir la precariedad salarial y la temporalidad del mercado laboral español, ahora se encuentran sin prestación y con la desidia del Ejecutivo central.
La lentitud en las acciones sociales y económicas del Gobierno no se circunscribe a la situación de estas 550.000 personas sin ninguna prestación. Podríamos echar mano del lamentable bagaje que hasta la fecha lleva el tan laureado desde Moncloa “Ingreso Mínimo Vital”.
La Seguridad Social sólo ha reconocido 6.000 prestaciones de este ingreso de las 750.000 solicitudes.
No es producto de la cantidad de volumen en las oficinas, de demora en las negociaciones o cualquier otro tipo de excusa que buscan dar diariamente Sánchez e Iglesias. Es producto de la prioridad política que el Ejecutivo ha tenido durante toda la pandemia: salvaguardar los intereses de la patronal.
Lo vemos en las prestaciones y ayudas, lo vemos en la Sanidad, donde ante el aumento de los casos siguen habiendo miles de camas de la sanidad privada sin tocarse, sucede con la Educación, donde ha falta de días reina la improvisación y la inseguridad para los estudiantes, profesores y trabajadores educativos.
La situación actual tiene razones políticas, por ello es urgente pelear por un programa de emergencia para las mayorías, que no priorice el beneficio de los capitalistas por encima de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.
