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¿Cómo reformar el sistema de pensiones sin recortes?

“Las pensiones son caras, son insostenibles, hay que reformar (recortar) el sistema actual y encima mira los jetas de los viejos que reciben más de lo que han aportado”. Ese podría ser más o menos el resumen de la línea argumental de aquellos sectores que ven en esta crisis, y en la falta de recursos económicos que va a provocar, una nueva oportunidad para atacar al sistema de pensiones del Estado español. Ante el anuncio por parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de debatir de manera urgente en septiembre su déficit estructural (y el de las cuentas del Estado), antes de encarar el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ese tipo de mensajes y ataques han despertado de su descanso veraniego para intensificarse.

Al anuncio por parte del Tribunal de Cuentas, que en su último informe avisaba de que sin una reforma urgente el sistema corría serios problemas de ser inviable, esta semana se ha unido el Banco de España (BdE). En un informe publicado este miércoles, el organismo regulador alertaba de que los pensionistas reciben de media 1,74€ por cada euro que aportan. En dicho documento, que lleva el título de Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones, el BdE ha calculado, como si de una inversión financiera se tratara, el rédito que obtienen los trabajadores al pagar sus cotizaciones sociales durante una media de 40 años y recibir su pensión por jubilación a lo largo de una media de otros 21. Según los datos del informe, el rendimiento medio anual de dichas aportaciones comparadas con lo que reciben luego alcanzaría el 3,5%. El BdE, incluso, compara dicha rentabilidad con la que dan los bonos españoles a diez años, actualmente en valores ligeramente negativos, para remarcar lo afortunados que son esos pensionistas comparados con un inversor que compra deuda pública. Una comparación de la que muchos medios se han hecho eco. En cambio, muy pocos medios han resaltado que el mismo informe también señala que a mediados de los 90 esos bonos ofrecían una rentabilidad del 6,6% o que tras la anterior crisis, con la prima de riesgo por las nubes, esos bonos también superaron el 4%.

Según Eurostat, en España hay más de un millón de jubilados que viven en riesgo de pobreza. En concreto, de los 8,1 millones de jubilados que hay en el país, el 12,7% se encuentra en dicha situación. La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), habla de un porcentaje del 14,8 de las personas mayores de 65 años que están en riesgo de pobreza. Si miramos los datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 30% de las pensiones es menor de los 8.200 euros anuales. Es decir, 3,1 millones de personas viven con menos de 609 euros mensuales. Cifras que rompen por completo esa imagen de “jubilado privilegiado” que organismos como el BdE dibujan.

DEBATE POLÍTICO Y NO ECONÓMICO

“No es la primera vez que el BdE interviene, con argumentos supuestamente técnicos, en el debate político, con gobiernos de diferente perfil ideológico, siempre con posiciones muy conservadoras”, explica a El Salto el economista Fernando Luengo. Y sí, habla de debate político y no económico. Algo en lo que coincide el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Iván Ayala, que defiende que el tipo de sistema público de pensiones, así como la cuantía de las mismas, son una decisión política, no económica, y que la razón por la cual prácticamente todas las reformas de pensiones han ido hacia la reducción de las pensiones (el mantenimiento del sistema actuarial) ha sido ideológica.

En esta misma línea se pronuncia Pep Juarez, miembro de la Plataforma de Mallorca per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions, entidad adherida a la coordinadora estatal COESPE, que afirma que no se puede acometer este debate como si las pensiones se trataran de un problema de “apuntes contables”, como si la cuestión de la insuficiencia en la financiación del sistema de pensiones fuera un “si no hay entradas no hay salidas”. Para el activista y para la plataforma de pensionistas, el tema va más allá y recalca que de lo que hablamos es de un derecho constitucional y los poderes públicos están obligados constitucionalmente a hacer lo necesario para que ese derecho se garantice, tal y como reza el artículo 50 de la Constitución Española. Algo en lo que coincide igualmente Luengo: “Esos servicios son derechos humanos básicos, recibir una pensión que garantice una vida digna entra dentro de esa categoría, y que la norma constitucional debe garantizar para ellos la suficiencia financiera”.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Que el sistema actual es insostenible, y que lo será más todavía cuando la generación del baby boom llegue a su edad de jubilación, no es algo que esté en debate. Lo que sí que tiene distintas aproximaciones a la hora de debatir es cómo reformar y a qué sistema podríamos mutar. La posición dominantes ya está clara y se puede dibujar fácilmente: recortar las pensiones o no actualizarlas para que se devalúen por sí solas. Pero existe otra posibilidad que parece que se ha quedado fuera del debate en los últimos años y que, tal vez, sería buen momento para recuperar: financiar las pensiones desde otras vías que no sea únicamente por parte de las contribuciones de los trabajadores. Lo que nos lleva a la pregunta de cuál debería ser la reforma necesaria para asegurar esa financiación y que se cumpla el derecho constitucional.

“Yo desligaría la reforma fiscal de la sostenibilidad de las pensiones”, afirma Ayala, pero recalca su necesidad “para generar una distribución de la renta determinada e incrementar la capacidad del sector público para producir bienes y servicios. Las pensiones son uno, pero además está el refuerzo de los sistemas sanitarios, los sistemas de cuidados, el cambio climático y todos los desafíos que están ahora doblados por la fuerza del impacto del covid-19”. Ese contexto, el de la pandemia mundial y sus implicaciones económicas de escaso o nulo crecimiento, de masiva destrucción de puestos de trabajo y de represión salarial, “la sostenibilidad financiera de las pensiones pasaría porque se cubrieran con cargo a los ingresos impositivos”, afirma Luengo.

Las tres fuentes consultadas también coinciden en que esa misma reforma fiscal tiene que ir orientada a una mayor progresividad y a disminuir otras partidas del Estado que no tienen esa consideración de derecho social amparado por la Constitución. “Yo no diría -así, en general- que hay un problema de financiación de esos servicios, sino que las políticas llevadas a cabo por los gobiernos y las instituciones comunitarias han comprometido la solvencia financiera de los poderes públicos”, dice Luego. Incluso Ayala ofrece algún ejemplo bastante significativo: “El déficit de la seguridad social en 2019 fue de 16.000 millones de euros, mientras que las grandes multinacionales, según datos del economista Gabriel Zucman, dejaron de declarar en España 13.000 millones de euros en el mismo año”.

Pero, tal y como apuntaban, la reforma necesaria pasa por desligar las pensiones de las rentas del trabajo, tal y como es en la actualidad, para tratar dicha partida como tantas otras: mediante los PGE. “Si los gastos que muchos creemos superfluos, como la monarquía, los gastos de defensa o la Iglesia, se pagan mediante los PGE, porque no se va a tratar de la misma manera un derecho”, reclama Juarez.

¿QUÉ SISTEMAS HAY EN OTROS PAÍSES?

Que las prestaciones de jubilación se financien con los presupuestos generales de un país no es algo nuevo ni que no se haga en ningún otro lugar. De hecho, como explica Ayala, “antes de la firma del Pacto de Toledo en 1995 no había que mantener un equilibrio entre pensiones y cotizaciones, y los déficit se diferenciaban directamente mediante impuestos”. Casi todos los países financian algunas prestaciones a través de impuestos, según explica el profesor: “Muchos están obligados a financiar con impuestos cualquier déficit que se derive del sistema contributivo, como el caso de Reino Unido, Irlanda, Noruega o Finlandia. En otros hay una pensión básica que es financiada total o parcialmente mediante impuestos, como Dinamarca o Suecia”.

En Suecia, por ejemplo, existen tres tipos de prestaciones. Una de las prestaciones de jubilación de rentas y otra, llamada premium, que se financian mediante las contribuciones de los trabajadores. De sus retenciones, una parte mayoritaria se destina al fondo público y otra más pequeña al privado. Pero también existe una pensión de garantía, para trabajadores con niveles muy bajos de cotización que se financia mediante los presupuestos del Estado. De ese modo, la jubilación de aquellas personas con sueldos bajos. Otro, como Alemania, realizan directamente aportaciones regulares del presupuesto a la financiación de pensiones, apunta Ayala, al contrario del sistema español donde, en todo caso, lo que se hacen son préstamos con intereses que pueden ahondar más en el déficit en años posteriores.

En Australia, uno de los sistemas más robustos y con una mayor cobertura según el Melbourne Mercer Global Pension Index de 2019, se financia con todos los impuestos y no se exigen mínimos de cotización, solo que hayas vivido en el país durante diez años. La cuantía de la pensión al jubilarse se basa en los ingresos y el patrimonio de cada persona, pero no en sus nóminas o en los años trabajados.

Si existen otros sistemas que no presentan déficits estructurales ni parecen correr el riesgo de colapsar, la pregunta vuelve a ser por qué este tipo de debate no se tiene a la hora de abordar el problema del déficit del sistema de jubilación español. Los motivos, insisten las tres fuentes, son políticos e ideológicos. Y lo que se esconde detrás de esos motivos son “los intereses del capital financiero”, según Juarez. “Es un negocio de unos 100.000 millones de euros anuales, un pastel sabrosísimo para las empresas financieras que acaparan el sistema de pensiones privados, sobre todo en un momento en el que los nichos del mercado financiero están en cuestión”, explica el activista de la plataforma de pensionistas mallorquina. Ese “formidable negocio”, en palabras de Luengo, que supone el envejecimiento de la población es también el motivo para que “los fondos privados ya hayan metido mano” y donde “esperan que de la crisis/quiebra de las pensiones públicas surjan nuevas parcelas de negocio”. Una batalla que, según él, “se está librando desde hace décadas, pero que recientemente reviste especial intensidad”.

Esa batalla se recrudecerá con esta nueva crisis. Las exigencias por parte de las instituciones europeas de “equilibrar nuestros presupuestos” si queremos recibir los paquetes de ayudas para la reconstrucción tras el covid-19 apuntarán directamente a esos “jubilados privilegiados” y a los desequilibrios y déficits de la Seguridad Social. Ayala es claro: “Si queremos tener unas pensiones dignas tendremos que tomar la decisión política de financiar los déficit derivados del sistema con el Presupuesto del Estado”. Juarez, además,añade que para avanzar en esto hace falta “voluntad política y cierta independencia de los poderes financieros”, pero lamenta que, “por desgracia, la izquierda institucional es bastante sensible a las amenazas de dicho sector”. En septiembre, y hasta que se cierren los PGE, asistiremos de nuevo a esa batalla por el pastel de las pensiones y comprobaremos si existe esa voluntad política para acometer este debate desde una perspectiva que defienda ese derecho constitucional que reza el artículo 50 y, con ello, a los pensionistas.

https://www.elsaltodiario.com/pensiones/como-reformar-sistema-jubilaciones-sin-recortes-modelo-financiacion

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