Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión.

Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados.

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Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares.

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La realidad no existe, sólo lo que aparece por la tele. Se ha institucionalizado lo que afirmó nuestra más famosa presentadora de las mañanas. Aquel obsceno “lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta como verdad, que por regla general es mentira”, que glosó Ana Rosa Quintana en un Curso de Verano años atrás.

Nos gobiernan los medios. Lo que sale en el plasma, grabado, relatado, enlatado y editado para impactar en la audiencia, es lo que existe. Y todos aquellos que quieren vender algo a la masa cautiva frente a la caja tonta acuden solícitos a la cita para ganar cuota de mercado. Da igual que se trate de celebritys en horas de saldo o políticos buscando su minuto de gloria.

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“Canto a los valientes que llevan por bandera la verdad”

(Mensaje de la madre del niño Gabriel)

Otra vez ocurrió lo imprevisto. Como hace siete años, cuando un grupo de jóvenes se instaló con sus petates en la Puerta del Sol de Madrid para iniciar un largo adiós a todo esto, el 8M feminista ha sorprendido a propios y extraños, desbordando todas las expectativas. Por su amplitud, contundencia, transversalidad y saber hacer, las movilizaciones registradas en la mayoría de las ciudades españolas el segundo jueves de este mes de marzo suponen un antes y un después en la dinámica de la sociedad civil activa.

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La férrea centralización de las partículas atómicas que integran el Régimen del 78 resulta condición sine qua nom para la supervivencia del sistema. Su centrifugación autónoma, por el contrario, representa un signo de decadencia e incluso de ocaso senil. Por eso el procés supone una amenaza para el atado y bien atado que escenificó la Transición y luego legitimó la vigente Constitución. Un modelo trasteado de aquella manera por el duopolio dinástico hegemónico PP-PSOE, éste como poli bueno y aquél como poli malo, según y cómo.

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No se trata de personas, ni siquiera de partidos, el problema está en las instituciones porque si se acepta el sistema, lo que existe dado, el resultado es admitir que no hay alternativa a la jubilación que nos preparan. Máxime cuando la dualidad de la destrucción de empleo, y por tanto la consiguiente disminución de cotizaciones, junto al aumento de la esperanza de vida, resulta una realidad insoslayable.

Lo que sucede es que en vez de felicitarnos todos por lo segundo y tratar de revertir lo primero, el modelo vigente nos encadena al oxímoron de marras para que aceptemos carros y carretas.

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(Con motivo de la inquisitorial ofensiva contra la libertad de expresión que está llevando ante los tribunales a representantes electos, artistas, cantantes, escritores y simples ciudadanos que ejercitan el legítimo derecho a decidir y expresarse, reproduzco a continuación el artículo publicado en 2013 en varios medios alternativos con el título “Gobernar es administrar la muerte”, referido al boicot a Santiago Sierra, a quien la organización de la Feria Internacional ARCOmadrid 2018 acaba de censurar su obra  “presos políticos en la España contemporánea”).

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