Inicio Laboral CCOO y UGT dan nuevo aliento al Gobierno firmando un acuerdo para los empleados públicos que ni siquiera recupera el poder adquisitivo

CCOO y UGT dan nuevo aliento al Gobierno firmando un acuerdo para los empleados públicos que ni siquiera recupera el poder adquisitivo

por Colaboraciones

Lo han vuelto a hacer. CCOO y UGT acaban de firmar, una vez más sin consultar a los afectados, un acuerdo para los empleados públicos que da nuevo oxígeno a un gobierno desacreditado y contra las cuerdas: incapaz de sacar adelante unos presupuestos, presionado por las grandes movilizaciones de pensionistas y mujeres, actuando dictatorialmente contra el pueblo catalán y la disidencia social y corroído por una corrupción rampante.

En ese contexto, además, el acuerdo de CCOO y UGT ni siquiera va a servir para recuperar el poder adquisitivo perdido: se establece un aumento que como máximo será del 8’1% en tres años: en 2018, la subida será de un 1,75%, más un 0,20% de fondos adicionales. En 2019, se elevará al 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB, más un 0,25% de fondos adicionales. Para 2020, un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales.

Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá una prima final del 0,55%.  (la horquilla de incrementos salariales queda establecida entre un mínimo del 6,1% y máximo del 8,8% para el periodo 2018-2019-2020), cuando los empleados públicos han perdido un 13’3% en los últimos años, según los propios cálculos sindicales.

Es decir, los empleados públicos se habrán dejado un 5% como mínimo de su salario en el camino, sin sumar además los incrementos del IPC que se producirán. Pero es que además el acuerdo vincula los aumentos salariales al crecimiento económico y a la reducción del déficit público, no a su revalorización automática en función del poder adquisitivo perdido. Todo ello cuando está en cuestión el método de revalorización de las pensiones con la crisis abierta por la gran movilización de los pensionistas.

Aunque lo anterior por sí solo ya da una idea de la dimensión del fraude, tampoco hay compromiso gubernamental de reposición de todo el empleo destruido (puesto que se vincula al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria) y de algunos de los derechos perdidos en los últimos años.

Los portavoces sindicales hablan de un “buen acuerdo“: a buen seguro que obtendrán buenas prebendas a cambio de su firma. Montoro por su parte lo califica de “histórico” y lo pone como modelo para la negociación colectiva del sector privado.

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