Millones de pensionistas hemos salido a la calle periódicamente en protesta por la subida del 0,25%, reclamando la subida automática del IPC y demandando una pensión mínima por encima de los 1.000 euros. Pero lo que realmente está en peligro no son las pensiones, que están garantizadas según el Artículo 50 de la Constitución, sino el sistema público de Seguridad social, garantía del derecho a una pensión de jubilación digna.
Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, están suponiendo el desmantelamiento del mismo.
La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, con una aplicación sostenida en el tiempo hasta el año 2027, además de la jubilación a los 67 años, supondrá una rebaja media en torno al 20%. La Ley 23/2013 del PP con la aplicación anual del Índice de Revalorización (0,25%) está mermando alarmantemente el poder adquisitivo de las pensiones actuales y con la aplicación para 2019 del factor de sostenibilidad, supondrá una pérdida adicional de otro 20%.
Este desmantelamiento programado del sistema público de pensiones, a medio plazo, para la mayoría de pensionistas, no va a garantizar su subsistencia y pretenden obligar a quienes tengan medios a recurrir a los Fondos Privados de Pensiones (poniendo en manos de banqueros y especuladores su jubilación).
La caída de ingresos de la Seguridad Social no es consecuencia de ningún envejecimiento demográfico, sino de las Reformas laborales de los gobiernos del PSOE y de PP, y de los recortes de los gobiernos, que han llevado a una bajada generalizada de los salarios y, por tanto de las cotizaciones, a las cuales hay que añadir las diversas subvenciones a los empresarios con bonificaciones y exenciones de cotizaciones, con cargo a la Seguridad Social. Más de 3.000 millones cada año constituyendo un robo y un expolio de las pensiones.
Concluyendo, la Seguridad Social, nuestro sistema público de Pensiones, ha sido quebrado de forma premeditada y metódica por parte de los partidos gobernantes desde 1980 y por casi todo el arco parlamentario desde 1995.
CGT-LKN hace un llamamiento a continuar con las movilizaciones y secundar las manifestaciones convocadas el 17 de marzo en Bilbao (17.00 horas desde el Ayuntamiento), en San Sebastián (18.00 horas desde Alderdi Eder), Vitoria (18.30 horas desde Plaza Bilbao) , Iruña (18.00 horas desde la plaza del castillo) tanto a pensionistas, como trabajadoras, trabajadores y estudiantes, hasta conseguir los siguientes objetivos mínimos:
Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones empezando por recuperar el 1,9% perdido en 2012, y acabando por reimplantar un modelo de revalorización automática en relación al IPC.
Derogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de Junio de 2010. Jubilación a los 65 años.
Por un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 €.
Financiación garantizada por ley que obligue a los presupuestos generales el Estado a asignar las partidas que coyunturalmente sean necesarias para pagar las pensiones.