Millones de pensionistas hemos salido a la calle periódicamente en protesta por la subida del 0,25%, reclamando la subida automática del IPC y demandando una pensión mínima por encima de los 1.000 euros. Pero lo que realmente está en peligro no son las pensiones, que están garantizadas según el Artículo 50 de la Constitución, sino el sistema público de Seguridad social, garantía del derecho a una pensión de jubilación digna.

Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, están suponiendo el desmantelamiento del mismo.

La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, con una aplicación sostenida en el tiempo hasta el año 2027, además de la jubilación a los 67 años, supondrá una rebaja media en torno al 20%. La Ley 23/2013 del PP con la aplicación anual del Índice de Revalorización (0,25%) está mermando alarmantemente el poder adquisitivo de las pensiones actuales y con la aplicación para 2019 del factor de sostenibilidad, supondrá una pérdida adicional de otro 20%.

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