El multimillonario manguerazo de dinero de todos se traducía en control accionarial de Bankia por el Estado, con lo que tanto usuarios como trabajadores quedaban protegidos. Hasta que llegó la opa de La Caixa, con la consiguiente dilución de esa participación en el conjunto de la corporación nacida de la fusión. El 60% del Estado en la antigua Bankia se reducía al 16% en CaixaBank.
