Inicio Opinion Revertir la represión (Por Ermengol Gassiot)

Revertir la represión (Por Ermengol Gassiot)

por Colaboraciones

Hace unos días una compañera me dijo que porque no miraba de escribir sobre la represión y como hacerle frente. De hecho, me pedía que explicara lo que ya hace un tiempo dije sobre el juicio del caso 27 i més, que no asistiría voluntariamente al juzgado. Me explicó que había compañeras y compañeros a quienes les quitaba el sueño por las consecuencias que una actitud como esta me pudiera comportar.

Y más teniendo presente las numerosas vueltas de tuerca que se le han dado la represión desde hace unos años, con cada vez más gente en la prisión por causas políticas. Bien es verdad que cuando me lo pidió, entendí que era lógico lo que me planteaba. Y que de alguna manera tenía que dar respuesta. Ni que fuera para clarificar ideas, ponerlas encima de la mesa y, por lo tanto, permitir debatirlas.

En realidad, hacerlo supone todo un reto. Exige pensar bien lo que uno hace y obliga a hacerse una crítica a uno mismo. No esconderé que no es una tarea fácil, especialmente intentarlo explicar en pocas palabras y hacerlo en primera persona. Pero cómo que lo que expondré es fruto de una opinión personal que quiero compartir, lo haré de este modo. En otras palabras, lo que sigue no implica al resto de encausadas en el caso 27 i més ni tampoco a la organización donde milito y por la cual yo estoy implicado, la CGT.

A lo largo de la vida, como tantos otros compañeros y compañeras de sindicato, movimientos sociales, etc., hemos visto bien cerca la represión. De muchas maneras diferentes. La hemos sufrido y la hemos combatido. De tanto tenerla encima, se nos ha acabado haciendo familiar. Y hemos ido aprendiendo su funcionamiento, qué busca y cómo lo busca. Por ejemplo, hemos aprendido que las situaciones represivas no son ni particulares ni casuales. Es decir, que no pasan una única vez, sino que se van repitiendo de forma similar de manera reiterada, tanto cuando nos toca de cerca como cuando nos cae mucho más lejos. Por lo tanto, en la medida que responde a un patrón, a una planificación, tampoco es casual. No hay errores.

Cuando se muestra una fuerza bestial reprimiendo una manifestación, se crean imágenes deseadas. Cuando se encausa a alguien con argumentos esperpénticos, es que se quiere atacar a ese alguien y, sobre todo, normalizar el esperpento. Como herramienta de represión futura. De hecho, es muy cierto aquello que decía un detenido por los fascistas cuando se lo llevaban (para no volver nunca más), “no los perdones, madre, que saben lo que se hacen“.

También hemos aprendido el dolor que causa la represión. Tanto sobre la persona que la recibe directamente como sobre el entorno de quien la sufre. Un dolor que, además de castigo, busca desactivar sus militancias. Hemos visto también como la represión genera aislamiento, haciendo vivir a quien es objeto de ella realidades alejadas de las experiencias cotidianas de la mayoría de la población. Señala como “no normal” a quien la recibe y a su entorno. Al hacerlo nos limita la capacidad de comunicarnos y, consecuentemente, nuestra acción política. De tanto que lo hemos visto, de tanto que lo hemos sufrido, sabemos que la represión es una acción de la política en contra nuestro. Que nace del conflicto, de la explotación y la opresión, y que es inherente al estado, entendido como el monopolio de clase de la política.

En síntesis, la lucha contra la represión es política en ella misma. Y, por lo tanto, nos genera un dilema. Responder es una necesidad imperiosa. Además del espaldarazo personal a las personas que la sufren, la respuesta que visualizamos es de cariz político. Esto lo tenemos muy claro. Pero, y aquí radica el problema, se trata de una respuesta. Es decir, todo acto represivo impone un terreno de juego, marca el espacio de la lucha. En nuestro caso, nos toma la iniciativa.

Lo hemos visto muchas veces. Incluso cuando tratamos de politizar el discurso contra la represión, cuando lo situamos en el terreno de las políticas de control y sumisión social, dejamos de hablar de aquello que define nuestra lucha para pasar a describir actuaciones sobre nosotros de nuestro enemigo. Y esto nos acaba limitando. No es la misma hablar de cómo revertimos una privatización o de cómo liberamos un espacio que resolver respuestas a encarcelamientos, multas o juicios.

Dicho todo esto, la cuestión es como resolver esta contradicción. En abstracto creo que es imprescindible intentar no perder la iniciativa política en todo el proceso. Ahora, una vez dicho, hay que concretar qué significa esto y como ponerlo en práctica en cada caso concreto.

Y entonces, qué?

Cómo decía, me toca mirar de responder a esta pregunta y, concretamente, el porqué de la actuación que he anunciado a compañeros de sindicato y de militancia. Antes, sin embargo, quiero recordar que a las encausadas en este caso se nos acusa de haber participado en un entramado con finalidades criminales formato por personas de la Coordinadora de Asambleas de Facultad, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y la Confederación General del Trabajo (a pesar de que el otro trabajador acusado es miembro de los Colectivos Asamblearios Universitarios, el sindicato CAE-IAC).

Recogiendo las denuncias de altos cargos de la UAB, el fiscal concluye que las personas encausadas llevamos a cabo un plan preconcebido, con finalidades criminales, dirigido a derrocar la institución. Y dentro de esta hoja de ruta se montó una candidatura a rector (que sacó casi el 80% de los votos, pero perdió), se presentaron mociones al claustro de la UAB, se convocaron huelgas, se hicieron asambleas y, finalmente, se ocupó el rectorado.

Es decir, se hicieron cosas que formaban parte de las tradiciones de lucha sindical y estudiantil en la UAB. En general, las personas encausadas de manera pública habíamos participado: éramos claustrales, o delegados sindicales, o portavoces, o íbamos a las asambleas, a las manifestaciones, etc. Y ahora, por todo aquello, nos piden entre 11 y 14 años de prisión a cada uno de nosotros. En mi caso, por ejemplo, se señala que participé en una rueda de prensa. Y, obviamente, lo hice y lo que dije es público. En otras encausadas se reproducen situaciones similares.

Si nos paramos a pensar, el esquema de la acusación penal que nos llevará a juicio es muy simple y sigue un hilo de razonamiento de este tipo: «Estas personas participan de colectivos y espacios legales, llevan a cabo actuaciones que en sí mismas son legales o permitidas, pero cómo su finalidad es ilícita (derrocar la institución), entonces cometen ilegalidades que tienen que ser perseguidas con la prisión». Vale la pena remarcar que esta línea argumental del fiscal fue directamente promovida por la estructura de las denuncias encadenadas que hicieron, en comisaría, tres miembros del anterior equipo de gobierno de la UAB, el rector, la secretaria general y la vice-rectora de estudiantes. La acusación ha salido adelante y actualmente el juzgado de instrucción nos está haciendo llegar el escrito de acusación del fiscal, con un plazo para presentar nosotros el de defensa, pagar la responsabilidad civil, que las acusaciones particulares se manifiesten y, posteriormente, trasladarlo todo al juzgado penal que fijará fecha de juicio.

Cómo he dicho en varias ocasiones, yo no pienso presentarme a ningún juzgado en relación a este caso por voluntad propia. Y pienso asumir las consecuencias. Pero, ¿por qué asumo una actitud que en principio podría parecer temeraria? Por varias razones. En primer lugar, considero que tenemos que intentar no entrar en el terreno de acción política que nos plantea la represión. Un escenario que es estrictamente defensivo, donde se trata de justificar que no hicimos nada malo y que, por lo tanto, se sitúa en las antípodas de aquello que hemos venido a hacer con nuestra militancia en la universidad: parar las privatizaciones, revertir la precariedad y construir unas universidades al servicio del pueblo. Quizás esta no parezca una razón determinante, pero es una y en la balanza ya empieza a pesar.

Un segundo motivo radica en la voluntad de poder elegir nosotros el campo de batalla. Es innegable que cuando los poderes fácticos de una universidad en proceso de privatización y elitización construyen una argumentación para enviarnos a la prisión, estamos sufriendo un ataque del cual tenemos que defendernos y responder. Y esto lo podemos hacer en el espacio que ellos, que son quien tienen la iniciativa en este aspecto, nos han preparado o mirar, nosotros, de crear un nuevo terreno de juego. No yendo al juzgado salimos de este espacio donde ahora nos están esperando. Abrimos uno nuevo y, posiblemente, hacemos crecer la tensión en torno al caso. Una tensión que se trasladará directamente a la universidad, que puede experimentar como (como mínimo, quien sabe si también más personas) un trabajador suyo, un profesor que además es sindicalista, atraviesa una situación legal complicada por culpa de una denuncia que todavía ahora genera incredibilidad a una buena parte de la comunidad universitaria.

La mejor forma de desmentir una mentira es que quién la haya construido lo haga. Más allá de las personas concretas que en su momento nos denunciaron haciendo uso de sus cargos en la universidad, el actual equipo de gobierno de la UAB puede decir públicamente lo que a puerta cerrada hace tiempo que reconocen, y que reconocían más explícitamente cuando estaban en campaña electoral. Y que todavía no han hecho formalmente. Un paso así supone desmentir al anterior rector y compañía. Seguramente no lo han llevado a cabo por lo que supone hacerlo y porque, hasta ahora, no han recibido una presión suficiente para recorrer ese camino. Un camino que dejaría a la vista el núcleo duro de la argumentación del fiscal.

En tercer lugar, y quizás ahora es el factor de más peso, es la normalización de la represión. Estas últimas semanas hemos vivido unos episodios inéditos en Cataluña y hace que se hable, por primera vez, de presos políticos [cuánto silencio, sin embargo, durante estos últimos años en que no nos han faltado presos y presas políticas: anarquistas, autónomos, independentistas, insumisos, sindicalistas, militantes de movimientos sociales, etc.]. Más allá del estado de opinión creado en una parte de la sociedad catalana, lo que llama la atención es la argumentación que hay detrás de algunos de los encarcelamientos actuales.

Por ejemplo, leyendo la interlocutoria de la jueza Carmen Lamela y que envió a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a la prisión, se observa un soniquete  similar al usada por el fiscal un año antes en su escrito de acusación contra nosotros: se organizan actos «legales» para perseguir finalidades ilegales. Es decir, parece que en términos de control social y de la disidencia, el Estado ha abierto un nuevo melón. La estructura de estas acusaciones, si dejamos que se generalice, es aplicable a cualquier acción que, independientemente del formato que tome, plantee la voluntad de cambiar el actual estatus. Una manifestación donde se pretenda colectivizar la economía, por ejemplo, puede ser tratada igual si se decide que hay que reprimir y dejar fuera de juego. No hace falta ninguna reforma de ninguna ley. Simplemente se argumenta que una finalidad política en contra del orden establecido es motivo suficiente para encarcelarnos.

Este último punto no nos deja demasiado margen. O entramos a hablar sobre este nuevo lenguaje criminalizador de la lucha o le hacemos frente. Políticamente. Ahora todavía estamos a tiempo. Este nuevo discurso represivo apenas está naciendo y nos corresponde evitar, con nuestras fuerzas, que se normalice. Y me temo que nos corresponde a nosotros, a aquellas y aquellos que nunca hemos defendido el orden del estado que es quien, en definitiva, lo ha construido. Posiblemente si dejamos pasar el tiempo y entramos a jugar su juego, como estos días estamos viendo que hay quién está entrando, este nuevo giro represivo se intensificará y se nos hará más normal. En definitiva, a la represión política respondemos con política. Tratando de mantener nuestro discurso, de evitar que el suyo se imponga como el marco que rige las reglas de la confrontación e intentando definir nosotros el espacio de conflicto. De aquí la decisión tomada.

Nota: Ermengol Gassiot es Secretario General de CGT Catalunya

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