Hace unos días, el sindicalismo cortesano (CC.OO., UGT y FITC) firmó el que es el tercer expediente de despido colectivo llevado a cabo por Banco Santander en los últimos cuatro años. Un expediente que llevará directamente a las listas del paro a 1.100 personas, cargando al Estado los costes laborales de una Empresa que alardea de ser socialmente responsable.
Hace unos días se consumó nuevamente lo que, dado su carácter extraordinario, debiera ser excepcional y, sin embargo, por desgracia se ha convertido en algo ya habitual en Banco Santander, la firma del tercer Expediente de Despido Colectivo en cuatro años.
Un expediente plagado de irregularidades, desde la propia constitución de la mesa negociadora. Una mesa dónde el sindicalismo cortesano, gracias a la argucia dudosa de la Empresa de añadir como afectados a un indeterminado número de personas de centros de trabajo de distintas provincias, ha tenido una representatividad que no le debiera corresponder en base a su presencia en el comité de empresa de los Servicios Centrales, que finalmente soportarán con casi total seguridad el 100% de las bajas pretendidas y con la que, el Banco ha querido interesadamente diluir la presencia de CGT en la misma. Por algo será.
Unas bajas que, para nuestra empresa, no podemos precisar. Ya que la cifra firmada de 1.100 personas afectadas, será la suma de las que haya entre Banco Santander y Banco Popular. Hecho este que también nos parece, cuando menos irregular. No olvidemos que, a fecha de hoy, son dos empresas independientes, más allá de que pertenezcan al mismo Grupo.
Unos despidos inasumibles en una Empresa donde la plantilla se ve forzada a la prolongación ilegal de su jornada por la excesiva carga de trabajo existente. Carga que, tras este proceso, va a aumentar considerablemente.
El CEO de Banco Santander poco después de la firma del acuerdo envió a la plantilla un comunicado en el que, ya en la primera línea faltó a la verdad afirmando “…hemos cerrado un acuerdo con los sindicatos para la integración de las plantillas de los Servicios Centrales…”
Desde CGT hemos de decirle que, no existe tal integración. Esto es un hecho que, tanto él, como el resto de la plantilla sabe. Por tanto, no vemos la necesidad de falsear la realidad. Lo que se ha pretendido, y así se ha amparado por el sindicalismo cortesano es un adelgazamiento de las plantillas, previo a la verdadera integración. Una integración real que se llevará a cabo cuando se realice la fusión jurídica de ambas entidades y que coincidirá, con otro nuevo expediente de despido colectivo que, afectará a la plantilla de la nueva sociedad resultante.
Por tanto, con este proceso el Banco ha conseguido anticipar bajas y así minimizar mediáticamente el número de salidas que se llevarían a cabo con la suma de ambos procesos, red de oficinas y SSCC, tras la fusión jurídica.
En cuanto a la negociación y a la defensa firme de las propuestas, según ha dicho el sindicalismo cortesano en un comunicado conjunto enviado al alimón a la plantilla por correo electrónico con el beneplácito de la Empresa, cosa que no ocurre con los que envía CGT que, son bloqueados sistemáticamente, hemos de decir que se ha cumplido a rajatabla el guion previsto. Un guion previsible que indicaba que, más allá de las supuestas concesiones que el Banco ha ido graciosamente haciendo, el resultado final iba a ser el que ha sido. Una casi réplica de las condiciones firmadas para el personal del Centro Corporativo en el ERE del año pasado. Ese era su techo y no su suelo, como debiera haber sido.
Unas condiciones que siempre son susceptibles de mejora y que, desde CGT, a pesar de no reconocer las causas y, por tanto, no compartir las medidas pretendidas por el Banco, hemos tratado de mejorar con diversas propuestas que, no han sido ni siquiera respaldadas por el sindicalismo cortesano.
Propuestas tan razonables como que, fuéramos en el peor de los casos a un proceso exclusivo de prejubilaciones al uso a partir de los 50 años; que se mantuvieran las condiciones de empleado en los préstamos vigentes y las aportaciones al Plan de Pensiones de Santander Empleados para todo el personal afectado y no solo para el de más de 55 años, como recoge el acuerdo, hecho éste clarísimamente discriminatorio; que se dejase fuera del expediente al personal menor de 50 años, que es el que se va con las peores condiciones o en su defecto que, quedaran excluidos de la medida forzosa; entre otras.
Finalmente, el banco ha conseguido a pesar de nuestra única oposición, llevar a cabo todo el proceso exclusivamente vía despidos. No es cierto que haya prejubilaciones como siempre se han entendido en la Banca, por mucho que el sindicalismo cortesano lo trate de vender a bombo y platillo para blanquear su responsabilidad.
Todo el personal afectado va a pasar por las oficinas del paro y va a cobrar la prestación por desempleo, cosa que antes, y a nadie se le escapa, no ocurría. Un hecho este que no es simbólico, sino que carga al Estado, o sea, a toda la sociedad, con costes laborales que debiera asumir por completo una Empresa que, va a ganar este año 2017 más de 6.000 millones de €uros, mostrando con esta actitud, cuál es su verdadero compromiso con la sociedad.
Como recomendación y para evitar futuras e indeseables sorpresas, todo personal de 50 años o más que tenga previsto acogerse voluntariamente a las medidas pactadas debe saber que, para jubilarse anticipadamente es requisito tener cotizados 35 años. Además, para poder hacerlo a los 63 años, debe tener cotizados al menos, dependiendo de la edad, entre 36 años y 6 meses y 38 años y 6 meses.
Por otro lado, no debemos olvidar que el pago del convenio especial con la Seguridad Social para mayores de 55 años o la puesta a disposición de una empresa de recolocación para todo el personal despedido, son cosas que obliga la ley. Por tanto, ni son dádivas de la Empresa, ni logros sindicales, como ambas partes pretenden hacernos creer.
Lamentablemente, el papel que nuevamente asume el sindicalismo cortesano en estos procesos, es el de negociador de despidos, renunciando vergonzosamente al que realmente debiera jugar que no es otro que, la defensa y la mejora continua de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Obviamente, como siempre tienen su excusa para justificar tal actitud: las reformas laborales. Efectivamente éstas están ahí, para regocijo patronal, pero no es menos cierto que se pueden y se deben combatir. Si no lo hacemos los sindicatos, ¿Quién lo va a hacer?
También podríamos preguntarnos, el porqué en otros sectores o empresas tratan al menos de hacerlo, a pesar de la existencia de las mismas reformas laborales. Quizás esa es la pregunta clave, ¿Por qué en ellas sí, y en Banco Santander, no? Quizás en próximos comunicados podamos arrojar luz y ofrecer alguna información que responda a esa pregunta.
Sección sindical de CGT en el Banco Santander