La obsesión por acabar con el sistema público de pensiones no es nueva ni obedece a la actual coyuntura del llamado fondo de reserva. El acoso comienza ya durante el último gobierno socialista de Felipe González y no ha cesado hasta el momento; con independencia de que los expertos digan que la economía va bien, que se crea empleo o todo lo contrario. La necesidad de recortar las pensiones parece un requisito prioritario y urgente para salvar a un futuro cada vez más negro, por cierto.
Ni la lucha contra la corrupción, ni detener la fuga de capitales y el fraude fiscal, ni buscar formas para que la desigualdad entre ricos y pobres deje de crecer, generan tanta unanimidad y tan gran entusiasmo entre los que llevan la voz cantante en la política y la economía como la urgencia a privatizar o recortar las modestas pensiones de los abuelos y abuelas.
No es de extrañar que en 1996 se pusiera en marcha el Pacto de Toledo que, según decían, era el acuerdo que nos las iba a garantizar a las sucesivas generaciones. Aquí empezaron ya a subir el listón de exigencias para tener derecho a la pensión completa. Lo curioso es que el apoyo político y sindical fue casi unánime (excepto parte de IU y sindicatos alternativos como CGT).
Fue con otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero, cuando en 2011 se consigue uno de estos grandes pactos ahora olvidados. Los responsables de UGT, CCOO y la patronal estampan su firma junto a la de ZP para poner en marcha la mayor agresión a las pensiones: se establece la fecha de 2027 para llegar progresivamente a la jubilación a los 67 años, para pasar el periodo utilizado para calcular la pensión de los 15 a los 25 años cotizados y de 35 a 38,5 los años necesarios para cobrar el 100%.
Y ya puestos a recordar, como olvidarse de las sucesivas reformas (tanto del PP como del PSOE) casi siempre compartidas por un sindicalismo más preocupado por las subvenciones que por los derechos laborales, que han convertido el mercado de trabajo casi en un mercado de esclavos, tal es el grado de indefensión y precariedad que suponen los contratos temporales (el 94% de los que se firman) y que han reducido los salarios a niveles del siglo pasado.
Encima, estos draconianos contratos están bonificados con reducciones en la cotización empresarial a la Seguridad Social. De tal forma que mientras los trabajadores cotizan menos por culpa de los bajos salarios, los patrones hacen lo mismo a pesar de incrementar sus beneficios.
Pero como decía, la culpa la tienen los jubilados por haber alargado un poco su esperanza de vida gracias a la conquista de mejoras económicas, sociales y sanitarias. Este es el dato que enarbolan para exigir medidas drásticas, sin tomar en consideración que la esperanza de vida puede retroceder por las políticas de recortes que dirigentes políticos y económicos (con sueldos superiores al de diez o cien pensionistas, respectivamente) ya están aplicando.
Frente a esta amenaza, la clase trabajadora -activa, en paro o jubilada- no tenemos otra opción que luchar por unas pensiones dignas. No es únicamente que suben menos que el IPC; es que cada año serán de menor cuantía: aquí está la trampa de quienes ahora se ponen medallas intentando liderar la defensa de un derecho que antes recortaron.
* Antonio Pérez Collado és militant de CGT-PV
