Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El tándem-casta CCOO-UGT casi nunca defrauda. La realidad suele superar al mito. Su trayectoria supone una carrera de epifanías, en cuanto a su capacidad para promocionarse en nuevas realidades, y un menosprecio de los principios. Porque a falta de masa crítica en la opinión pública, sus respectivas direcciones pueden decir una cosa y hacer lo contrario, o viceversa.
Representantes sindicales de CGT/LKN, CNT, ELA, LAB, UGT, ESK, STEILAS, EHNE, HIRU y ETXALDE, se han concentrado esta mañana en la plaza Elíptica de Bilbao y han firmado un escrito al Gobierno del Estado exigiendo que deje de aplicar el régimen de excepcionalidad, que se aplica a estas personas presas y a favor de una nueva política penitenciaria que busque la reintegración en la sociedad de estas personas en un plazo de tiempo razonable.
Lo que no resulta tan frecuente en democracia es que un Rey se valga del responsable de los servicios secretos como su mayordomo para amedrentar a su amante despechada. Eso es lo está que sucediendo con luz y taquígrafos entre nosotros, con sospechosa naturalidad. Corinna Larse, la última amiga íntima del Rey emérito, acaba de testificar en sede judicial contra su ex pareja por amenazas contra ella y su familia.
La AEB propone una subida consistente en un acumulado del 1,75% en 5 años (0,35% anual). Ante esta hiriente propuesta patronal, CCOO, UGT y FINE que ostentan la mayoría sindical en la mesa de negociación proponen otra, más hiriente si cabe por venir de la parte social, del 3% (0,60% anual).
El Ejecutivo español integrado por PSOE y UP nominalmente es un gobierno de coalición, pero en la práctica del año que lleva en ejercicio se ha manifestado sobre todo como un <<gobierno de contradicción>> mal avenido. Una pata del Ejecutivo, especialmente la que sigue a Pablo Iglesias, acostumbra a discrepar públicamente de las actuaciones de la otra.
¿Pero cabe realmente un antagonismo en un gobierno? Para nada, y además es imposible. Por mucha bronca y aspavientos que unos y más otros hagan, las decisiones Consejo de Ministros son colegiadas.
Todos, a diestra y siniestra, coinciden en buscar imputaciones en el adversario político, y al mismo tiempo en ignorar el único precedente habido en España realmente comparable a lo sucedido en EEUU. El 23-F, perpetrado por un grupo de militares y guardias civiles armados que ocupó a tiros el Congreso de los diputados en 1981.
De un lado, Partido Popular, Ciudadanos y Vox buscan un paralelismo obsceno en los varios <<rodea el Congreso>> habidos, y se lo endilgan a Unidos Podemos (UP), cuando en su arranque los de Iglesias ni existían. Y del otro, se hurga en el acoso al Parlament, obviando que en su origen aquella fue una protesta intergeneracional, apartidista y espontánea contra los crueles ajustes y recortes infligidos en Catalunya desde las instituciones.
El enorme protagonismo de los problemas sanitarios y humanos y el de los económicos y políticos más generales que ha provocado la Covid-19 está dejando en un segundo plano un drama que se avecina en España, aunque también en otros países de nuestro entorno. Me refiero al que se cierne sobre miles de negocios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas o de empresarios individuales, que de momento están sobreviviendo pero que van a desaparecer sin remedio cuando, antes o después, se acaben las ayudas de Estado.
«Sin nosotras, no se mueve el mundo». Este reclamo, originariamente lanzado por las trabajadoras de hogar, ha permeado los últimos 8 de marzo. Son palabras que nos convocan a un cambio sistémico que, con la crisis de la COVID-19, se ha evidenciado más urgente que nunca. Cuando afirmamos que «si nosotras paramos, se para el mundo» estamos reclamando que se reconozca y valore este trabajo; dejar de mover el mundo solas; y, sobre todo, empezar a mover un mundo distinto donde el cuidado de la vida común esté en el centro.
Illa es de profesión filósofo, con lo que se le presume amante de la verdad (filo-sofía), pero de condición político, con lo que prevalece una innata inclinación a la mentira. Lo demostró palmariamente al declarar públicamente el pasado 29 de diciembre (y no era el día de los inocentes) que no iba a presentarse a las alecciones catalanes del próximo 14 de febrero, y solamente 48 horas después hacer efectiva su candidatura.
Flaco favor al sistema público de salud ha realizado la Consejera del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, cuando asegura que “las derivaciones a la red privada son más baratas que atender a estos pacientes en la pública”. Un informe de la Cámara de Comptos contradice esta afirmación, poniendo encima de la mesa datos numéricos donde queda demostrado que los precios que se abonan en estos conciertos son del doble y hasta del triple, salvo en el caso de la hemodiálisis, en que es similar.
El Sr. Escrivá, Ministro de la Seguridad Social acaba de proponer que para calcular la pensión a percibir se compute en base a los salarios de los últimos 35 años en lugar de los 25 que regían actualmente. Después de que la reforma de las pensiones de 2011 lo hiciera subir de 15 a 25, y que la anterior de 1988 lo hiciera pasar de 2 a 8. Recapitulando: antes el cálculo era sobre los dos últimos años, pasó a 8, 15, 25, y ahora 35…
La estrategia es hábil. No se detendrán en debatir las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en octubre, en las que hay amplia materia a discutir, sino que se hace otra propuesta distinta que reclamará la atención y las energías de quienes se oponen a la misma.
Porque de lo que se trata es de echar la culpa al contrario, el gobierno a la posición y viceversa. El triste negocio de la pandemia. Utilizar la zozobra general para lograr réditos políticos. Una trifulca que, en resumidas cuentas, convierte la lucha contra la pandemia, caiga quien caiga, en subsidiaria de los intereses electorales de los partidos con mando en plaza.
El Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista. Un muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales y a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus más destacados peones.
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.
