El futuro de las pensiones públicas no depende de fórmulas matemáticas o factores de sostenibilidad sino de la fuerza que tengan los/as asalariados/as y pensionistas para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.
Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y personas asalariadas.
Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.