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 La fiscalía solicitaba 60 años de privación de libertad e indemnizaciones de 9.200 y 3.750 € para los guardias civiles y de 6.100 € para sus parejas, por lesiones, y de 45.000 y 25.000 € por daños morales y secuelas a las novias de los guardias civiles. Y como si de una doble condena se tratase, se les aplica la política de “dispersión de presos”. El pasado día 30 de Mayo todos los Sindicatos comparecimos a una reunión con el Servicio de Prevención de la Administración de Justicia para tratar como único tema la denuncia que un compañero formuló por unos hechos que a todas luces parecen constituir un caso de acoso laboral. Esta reunión se efectuó a petición de los Sindicatos tras reunión con el afectado quien exigía y exige una explicación de la actuación del Servicio de Prevención ante la inexplicable falta de información sobre los pasos que se siguieron desde que interpuso su denuncia ( el 6 de junio de 2015 !! ) Pues bien, reunidos con los dos técnicos responsables del Servicio de Prevención de esta Administración, nos encontramos con dos personas ambiguas, que parecían medir en exceso sus palabras a fin de no comprometer a nadie de la Administración y a fin de no enfrentarse a la clara negligencia que ha existido al ni siquiera haberse activado el protocolo vigente en estos casos. Fueron muchas las EXCUSAS para el incumplimiento de sus funciones:
El pertinente período de negociación con la representación de los trabajadores (de una comisión de 13 miembros la CGT contaba con tres) finalizó sin acuerdo y los trabajadores sufrieron otra grave agresión a sus derechos viendo cómo Atento y Movistar partía la vida a más de 1000 personas impune e innecesariamente, modificando turnos, horarios y libranzas y reduciendo todavía más su ingrato salario; además, las empresas vulneraron los derechos de conciliación laboral y familiar y protección de la infancia de las personas con reducciones de jornada por guarda legal, que tuvieron que someterse a los cambios empresariales impuestos. La brutal medida tuvo, además, la consecuencia de que 107 personas no pudieron hacer frente los cambios de turno impuestos y tuvieron que extinguir su contrato de trabajo. El fallo admite que la incapacidad temporal “duradera” puede dar pie a discriminaciones.El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha vuelto a trastocar la base jurídica sobre la que se mueve el mercado laboral español. Esta vez se trata de un caso sobre el despido de un trabajador, M. D., estando de baja médica por un accidente laboral. Leer más … La sentencia del Supremo obliga ahora a las compañías a mantener estas concesiones, independiente de su situación económica, por considerar que se trata de un derecho adquirido por los trabajadores Las empresas defienden que no están obligadas a mantener esta clase de retribuciones por tratarse de un acto de generosidad para con sus empleados Leer más …
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoce como enfermedad profesional el síndrome de túnel carpiano sufrido por una asistenta doméstica que trabajaba para el Ayuntamiento de Basauri. Leer más … Un juez ordena enjuiciar si el industrial Ramón Casajuana cometió un delito de alzamiento de bienes al quedarse sin patrimonio cuando sus 130 exempleados habían interpuesto una demanda millonaria con la que los tribunales les reconocieron el derecho a cobrar 5,2 millones por sus despidos y 4,4 en salarios de tramitación.
Sentencia del tribunal supremo en la demanda de incentivos en vacaciones. Es muy importante que este conflicto colectivo ahora se ejecute en las secciones sindicales, porque de nuestro trabajo las trabajadoras y los trabajadores podrán obtener miles de euros. Ahora mismo esta abierto el plazo para reclamar las cantidades de 2015, y puede interpretarse que también las de 2013 y 2014 que deben abonarse, (según el articulo 50 del convenio) en enero del año siguiente. Para calcular la cantidad que se debe a cada trabajador se debe obtener todas las nóminas del año que se reclama Leer más … |
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La Sección Sindical de CGT en HPE destinó los anteriores 6000 euros a financiar la caja de resistencia de un ERE que hizo la empresa en Zaragoza. La empresa volvió a vulnerar los derechos de los huelguistas, así que esta vez abonará 8000 euros a la sección de CGT, que servirán para financiar próximas luchas de los trabajadores de HPE. 
El sindicato CNT ha logrado cambiar sustancialmente el margen de maniobra de las trabajadoras y trabajadores que sufren represalias tanto por su militancia sindical como por el ejercicio de sus derechos. En una resolución emitida esta misma semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido que las personas que vean recortados sus derechos fundamentales por actuaciones empresariales podrán presentar un recurso ante los Tribunales Superiores de Justicia en caso de que sus denuncias sean rechazadas en primera instancia, incluso en el caso de que se trate de procedimientos solo enjuiciables en única instancia. “Se trata de un fallo histórico que afectará a un gran número de casos en todo el Estado”, ha destacado la central anarcosindicalista.
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