El futuro de las pensiones públicas no depende de fórmulas matemáticas o factores de sostenibilidad sino de la fuerza que tengan los/as asalariados/as y pensionistas para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.
Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y personas asalariadas.
Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.
Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos, no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado).
También es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida. También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan, como es el empleo y el nivel de salario.
Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro: el de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas.
