Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El Movimiento de Pensionistas (M.P.) de Euskal Herria, se ha movilizado hoy lunes 26 de Abril, en las capitales y decenas de pueblos de Euskal Herria, para denunciar las dificultades de las personas mayores y pensionistas a la hora de acceder a las entidades financieras para gestionar el dinero de sus pensiones y mostrar su rechazo a las comisiones abusivas a las personas más débiles económicamente.
En CGT estamos empeñados en la defensa del sistema público de pensiones y que el mismo responda en su contenido a lo recogido en los Artículos 41 y 50 de la Constitución Española, sobre que el Estado debe contar un sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes que garanticen una vida digna a la ciudadanía.
El Movimiento de Pensionistas considera necesario asegurar que el acceso a los diagnósticos, tratamientos y vacunas frente al COVID-19 no se vean obstaculizados por monopolios –farmacéuticas– que limiten la capacidad de producción mundial y eleven los precios de forma abusiva, como está sucediendo ahora.
No hay manera de que hagan públicas las propuestas y negociaciones que esta llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas, la CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Sólo se puede acercar a lo que están tratando a través de filtraciones de algunos medios de comunicación y de algunos partidos de izquierda que no están en el Gobierno y que padecen la misma -o parecida- desinformación de la que sufren el movimiento de pensionistas vasco y del resto de los pueblos del Estado.
De cara al futuro quieren que las pensiones públicas reposen sobre tres pilares, unos apoyos que permitirían asegurar, dicen, las pensiones. El primer pilar sería una pensión pública de subsistencia: unos 900 euros. El segundo, las contribuciones al plan de pensiones de empresa, que se contratarían con entidades financieras. Cada cual lo haría según sus posibilidades, con un máximo de 8.000 € año de desgravación. El tercero serían planes individuales privados, contratados personalmente con las entidades financieras.
Este viernes, se publicaba en el BOE la declaración de bienes actualizada de los miembros del Gobierno y altos cargos y revelaba que el 65% del Ejecutivo, es decir, 15 de los 23 miembros que lo componen, incluido Pedro Sánchez, tienen planes de pensiones o seguros de vida de ahorro. Esta situación nos lleva a pensar cómo van a defender l@s polític@s las pensiones públicas mientras ellos mismos tienen planes privados de ahorro.
La deuda histórica del Estado con la Seguridad Social, se cifra en torno a 500.000 millones de euros, o los 103.690 millones de euros de deuda que cita el Tribunal de Cuentas, según Infolibre, alcanzaría a día de hoy unos 200.000 millones de euros de haberse aplicado la capitalización al tipo de interés medio de las emisiones entre 2001 y 2020.
La Coordinadora Pensionista (COESPE) reivindica la existencia de «una deuda histórica no reconocida» en la Seguridad Social que superaría los 500.000 millones de euros. Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu respaldan la campaña exigiendo una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social.
El diario El País, el 6 de marzo, hacía público un artículo en el que se hacían referencias a diversas propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá para recortas las pensiones y el costo global de las mismas. Propuestas que se estaban negociando con la Comisión Europea y que habían sido presentadas a la patronal y a los sindicatos CCOO y UGT en la Mesa de Diálogo Social.
El día 10 de febrero el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria enviaron una carta que hoy se hace pública al presidente del Gobierno Sr. Pedro Sánchez y al vicepresidente Sr. Pablo Iglesias.
En dicha carta se les urgía a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el Sistema Público de Pensiones y unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes.
En este acto conjunto entre el movimiento feminista y el movimiento de pensionistas, el movimiento feminista, ha realizado un llamamiento, para reforzar la resistencia antirracista, donde las mujeres racializadas por la Ley de Extranjería y por la pandemia, han visto como se ha incrementado la precariedad que inunda sus vidas.
Los planes de pensiones de empleo y privados afectan a la desigualdad de género, y tiende a aumentar aún más la brecha de las pensiones, teniendo consecuencias en la pobreza, distribución de la renta, no desarrollan valores de cohesión social e inclusión y de integración sobre todo de las personas migrantes.
Millares de trabajadoras y trabajadores, en su inmensa mayoría jóvenes, llevaban en Gasteiz varios días de lucha, fundamentalmente por la mejora de sus condiciones laborales. Pero el 3 de marzo, a la salida de una asamblea multitudinaria en la iglesia de San Francisco, del barrio de Zaramaga, fueron masacrados por la policía armada. Fueron 5 jóvenes obreros muertos y varios heridos más por balas disparadas a matar.
El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 3/2021, este jueves 18 de Febrero, por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad. El complemento por maternidad de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, acotaba su aplicación exclusivamente a las mujeres, era injusto por regresivo desde un enfoque de género puesto que no actuaba realmente como una acción positiva correctora de la insoportable brecha de género en pensiones.
