Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Es lo que esta mañana en más de veinte concentraciones simbólicas, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han reivindicado frente al edificio de las diputaciones de Bizkaia, Araba y Nafarroa, reivindicación que se ha extendido en varios barrios de Bilbao y distintos pueblos de Bizkaia, frente a las residencias de personas mayores, con el objetivo de denunciar las graves deficiencias observadas durante la pandemia y en la atención domiciliaria a las personas mayores dependientes.
El Movimiento de Pensionistas con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hacemos llegar a todas las personas y especialmente a personas pensionistas y mayores las siguientes consideraciones:
La prioridad en estos momentos es conseguir revertir la curva de contagios y debemos cumplir con las medidas adoptadas con tal motivo por las autoridades sanitarias y especialmente quedarnos en casa. Por solidaridad colectiva quedémonos en casa.
Pese a cobrar de media las pensiones más altas de toda España, los jubilados vascos llevan en pie de guerra desde hace más dos años exigiendo unas prestaciones «dignas». Ahora, 1.300 socios de la EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria) Geroa -el denominado sistema vasco de pensiones- se rebelan contra la entidad, ya que quieren recibir de una sola vez el dinero que han aportado durante toda su vida laboral. Geroa niega esta posibilidad en sus estatutos a quienes tengan un capital en la entidad superior a 45.120 euros. Mientras, la ‘Plataforma de Agraviados por Geroa’ habla de «corralito» e incluso algunos, como Ernesto González, denuncian una suerte de «estafa piramidal del estilo de AFINSA o Forum Filatélico».
En el “cuento que nos cuentan” sobre las Pensiones, prima el lenguaje economicista y carece de lenguaje de los derechos.
Sus conceptos tratan de no solo causar alarma entre la población, sino que ésta se convenza de que “quien contribuye recibirá” y de que además, se “recibirá proporcionalmente a lo contribuido”, lo cual, además de falso, atenta contra nuestro sistema público de pensiones, cuyo principio constitucional es sencillo: siempre tiene que haber recursos (dineros) para que las personas de la tercera edad tengan pensiones suficientes y adecuadas (Artc.50 CE).
Llevan muchos años intentando destruir el Sistema Público de Seguridad Social y de Pensiones que protege a todas las personas ante estados de necesidad (desempleadas, sin rentas, pensionistas, etc.).
El artículo 41 de la CE ordena y obliga a los poderes públicos a mantener un Sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes, no mínimas, porque esta es la única manera de garantizar el Derecho Fundamental de todas las personas a tener una vida digna.
¿SABÍAS QUE…
Ayer 13 de marzo entró en vigor, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social, por el cual podrán acceder al subsidio las personas trabajadoras mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, hayan cotizado al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral, estén en paro, sin prestaciones por desempleo y permanezcan inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo.
La persona que lo solicite deberá cumplir el requisito de carencia de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y deberá presentar ante la entidad gestora una declaración de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda.
Hace 10 meses, en la tramitación de los presupuestos de 2018, el PSOE rechazó una enmienda registrada por el PP para modificar la Ley General de la Seguridad Social 8/2015, de 30 de octubre, que pretendía desvincular el mínimo de estas prestaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Hace 2 meses el actual Gobierno en funciones, promulgó el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y en la Disposición Final segunda Seis, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo decretaba que : «La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo.»
El comunicado señala que la propuesta de acuerdo sobre presupuestos del Estado PP-PNV, no recupera el poder adquisitivo de las pensiones perdida desde el año 2013, hay una negativa al reconocimiento de la pensión mínima de 1080 euros y no se deroga el factor de sostenibilidad.
«Mienten cuando nos dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos por el aumento de la esperanza de vida, cuando hoy hay más riqueza que había antes de la crisis, pero su distribución es más injusta».
Además se considera que «el sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y medidas estables que no pueden estar sujetas a coyunturas de negociaciones presupuestarias».
