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El diario El País, el 6 de marzo, hacía público un artículo en el que se hacían referencias a diversas propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá para recortas las pensiones y el costo global de las mismas. Propuestas que se estaban negociando con la Comisión Europea y que habían sido presentadas a la patronal y a los sindicatos CCOO y UGT en la Mesa de Diálogo Social.
La falta de transparencia y opacidad del Gobierno llega hasta el extremo de que aún no ha presentado a los grupos parlamentarios del Congreso el documento con esas propuestas presentado en Bruselas, ni les ha informado del proceso de negociaciones que está llevando a cabo.
Pero los avances o filtraciones publicadas por EL País dejan pocas dudas de los graves recortes que está dispuesto a llevar adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Son muchas las propuestas que se plantean.
Subida o actualización anual de las pensiones
En las recomendaciones del Pacto de Toledo se recogía, sin más precisiones, que se garantizaba la subida anual del IPC. La propuesta de Escrivá es que se suban con el incremento de la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente. O lo que es lo mismo, con el índice de Precios al Consumo ya registrado y no con una previsión que luego se compensa como se hace ahora.
Pero ahora se contemplan, para regularizar los incrementos, los años en que es posible que la inflación sea negativa. Cuando se dé esta situación, la pensión del año anterior quedara congelada. Además, cuando el IPC sea negativo, no sólo las pensiones no subirán, sino que la diferencia será absorbida en los tres años siguientes en que haya que subir las pensiones. Es decir, quitar de esa subida, el porcentaje a recuperar por el IPC negativo.
Esto significa un fuerte retroceso al modo de subidas que, aunque limitadas, hemos conseguido en los tres últimos y el cierre absoluto a cualquier mejora de las pensiones por encima del incremento del coste de la vida. Entre las propuestas no se cita para nada una subida de las pensiones por encima del IPC para las pensiones más bajas contributivas ni para las no contributivas. Lo que las aleja para siempre, del acuerdo programático del Gobierno de Coalición de respetar sus compromisos con la Carta Social Europea, referidas a la pensión mínima y al SMI.
Alargar la edad legal de jubilación
Se estima que la edad real este año, se sitúa entre los 65 y los 66 años. Y el plan ahora es que para el año 2027 se sitúe entre 65 y 67. Para ello la primera medida sería vetar la llamada jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos.
Jubilación anticipada
En la actualidad se puede acceder a ella dos años antes de llegar a la edad legal de jubilación correspondiente. Escrivá propone que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres como ahora. Y mantener la penalización de un 8% por cada año de jubilación anticipada. Objetivo: reducir al máximo las jubilaciones anticipadas por la vía de que nadie se anime a hacerlo porque la penalización es muy grande y para todo lo que le quede de resto de vida.
Retiro parcial o contrato de relevo.
Se plantea que la persona prejubilada a tiempo parcial o bajo contrato de relevo -que es lo mismo-, no pueda concentrar en un año todo el tiempo de trabajo que le corresponde antes del retiro definitivo. En consecuencia, debería trabajar el tiempo correspondiente en cada uno de los años hasta su jubilación definitiva.
En muchas ocasiones por acuerdo entre la empresa y el trabajador/a se ha concentrado todo el tiempo correspondiente, inmediatamente a continuación de entrar en esa fase de jubilación parcial. La empresa estaba interesada en hacerlo así para sacar más rendimiento al trabajador/a, por el disloque que le suponía el reparto en varios años en lugar de en un tiempo concentrado, en que el trabajador/a mantiene fresca su capacidad y experiencia.
Ampliar el tiempo legal establecido, para quien quiera jubilarse más tarde
Se propone incentivar la jubilación demorada a través de varias vías. La pensión se incrementaría para todos en un 4%. En la actualidad ese incremento se sitúa entre el 2% y el 4% en función de los años cotizados. Otra propuesta es dar una cantidad a tanto alzado por cada año completo de alargamiento de la jubilación.
Si ya es una barbaridad legal tener que jubilarse a los 67 años a partir del 2027 -ahora se está en un proceso progresivo de aumento de la edad legal de jubilación hasta ese año-, no digamos nada si hay un sector creciente que se apunta a ello. Cuando nos encontramos con una tasa de precariedad y de paro juvenil escandalosa y necesidad de rejuvenecer las plantillas, no hay quién se explique cómo un gobierno que se dice progresista proponga estas medidas.
El pago o devolución del Estado a la Seguridad Social de los gastos de ésta que se consideran impropios
Se señala que ya está desglosada la senda para que el Estado pague con impuestos esos gastos impropios, siguiendo la terminología que se recoge en las recomendaciones del Pacto de Toledo. No se anuncia ni de qué forma ni con qué características va a ser la devolución, ni cuál es la cantidad de dinero que se va a devolver. Sólo se añade que ese camino concluirá en 2023.
