Millares de trabajadoras y trabajadores, en su inmensa mayoría jóvenes, llevaban en Gasteiz varios días de lucha, fundamentalmente por la mejora de sus condiciones laborales. Pero el 3 de marzo, a la salida de una asamblea multitudinaria en la iglesia de San Francisco, del barrio de Zaramaga, fueron masacrados por la policía armada. Fueron 5 jóvenes obreros muertos y varios heridos más por balas disparadas a matar.
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De igual modo, un sinnúmero de compañeras y compañeros sufrieron heridas y contusiones por porrazos, golpes de todo tipo, patadas, etc. Poco después con motivo de denunciar ese ataque brutal y mostrar su solidaridad con una movilización, otro joven trabajador caía muerto por disparos de la Guardia Civil en Basauri. Se trataba de cortar de raíz cualquier protesta obrera y popular por medio de la represión y el terror.
Esto sucedía meses después de la muerte del dictador Franco, por unas fuerzas represivas heredadas del franquismo, al servicio del régimen continuador del mismo.
Numerosos compañeras y compañeros del movimiento actual de pensionistas de Gasteiz, entonces jóvenes como los muertos, vivieron y sufrieron en su carne directamente aquellos hechos. Y los marcaron por vida, al igual que a toda la generación obrera de aquellos años.
Su lucha no fue en vano. Gracias a su pelea, junto a otros muchos sectores populares en los años posteriores se consiguieron algunos avances- aunque bastante limitados- en la conquista de los derechos laborales y sociales, de la amnistía laboral y política y de las libertades democráticas y nacionales, estas últimas fuertemente demandadas y arraigadas en Euskal Herria.
Con motivo de recordar aquellas luchas y mantener su memoria, este 3 de marzo de nuevo se llevará a cabo una movilización multitudinaria en Gasteiz. Recuerdo y Memoria que después de 45 años será reconocida con el establecimiento de un Centro Memorial en la iglesia donde se produjeron los hechos.
Desgraciadamente, los rescoldos del franquismo en los poderes económicos y políticos del Estado, en las fuerzas militares y policiales y en las instancias judiciales han permanecido durante muchos años. Y todavía, a día de hoy, quién en aquella época fue ministro del Interior, Martin Villa, bajo cuya responsabilidad se produjeron aquellos luctuosos hechos, sigue amparado por el Estado, impidiendo que pueda ser investigado, juzgado y condenado por aquel ataque brutal.
Ha tenido que ser una jueza argentina, quien con el apoyo y colaboración de varias asociaciones memorialistas de Euskal Herria y del resto del estado, lleva desde hace años tratando de esclarecer y juzgar a Martin Villa por su responsabilidad directa en aquellos hechos. Debería hacer sonrojar al Estado, incluido el Gobierno actual, que sea una jueza argentina quien intente reparar aquella brutalidad.
