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Desde hace tres semanas el movimiento de pensionistas ha denunciado la marginación de las personas de entre 65 y 79 años en los planes de vacunación –al menos a corto plazo– del Gobierno y de la Consejera de Salud de la CAV, Gotzone Sagardui. La preocupación ante este hecho de las personas de esa franja de edad, en la que se encuentran la inmensa mayoría de las y los pensionistas, era muy patente. Más aún al saber que es una edad de riesgo y que en las últimas semanas han ocupado una tasa muy alta de contagiados y hospitalizados tanto en planta como en las UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos).
Por ese motivo el movimiento de pensionistas de Bizkaia dirigió una carta hace dos semanas a la consejera de salud, manifestándole esta preocupación y la necesidad de establecer con prontitud un plan de vacunación preciso y concreto para esas vacunaciones. El jueves de la semana pasada la consejera de salud anunció que las personas de menos de 60 años no iban a ser vacunadas de momento con la vacuna AstraZeneca. Pero al mismo tiempo señalaba que con esa vacuna se iba a continuar vacunando no sólo hasta los 65 sino hasta los 69 años.
Al día siguiente, viernes, hizo otro anuncio, publicitando en este caso que el fin de semana pasado, se iniciaría la inoculación con otras vacunas a las personas de entre 70 y 79 años, iniciándose ese proceso con las personas de más edad de ese grupo, es decir de 79 años hacia abajo.
Pero se han encontrado con que a no pocas personas a quienes habían comunicado por mensaje que podían solicitar de inmediato día y hora para vacunarse, el martes se les comunicaba una vez más por mensaje, que por el momento no podían vacunarse por que se habían agotado las vacunas y que quedaban a la espera de la llegada de nuevas remesas. Es por lo que el M.P. exige que de un modo razonable y responsable, se tomen las medidas necesarias para que este problema sea resuelto de inmediato o lo antes posible.
Por otra parte el M. P. considera necesario asegurar que el acceso a los diagnósticos, tratamientos y vacunas frente al COVID-19 no se vean obstaculizados por monopolios –farmacéuticas– que limiten la capacidad de producción mundial y eleven los precios de forma abusiva, como está sucediendo ahora.
Además durante la pandemia se debería suprimir la aplicación de las patentes, remunerando los gastos de investigación acreditados, y evitando precios abusivos; de esta forma, se podrían comercializar los productos a precio de coste de fabricación ya que el interés general y la salud pública deben estar por encima del lucro de unos pocos.
