La amenaza de privatización de las pensiones públicas, puede ser efectiva si sigue adelante la recomendación 16 de Pacto de Toledo, por la que se quiere generalizar los planes de pensiones de empleo. El ministro Escrivá ha manifestado su interés en ampliar al máximo estos planes privados a los autónomos, pymes, incluso a trabajadores/as con rentas bajas para lo cual se incentivarán por medio un Fondo Público, pero de gestión privada, anunciando al mismo tiempo las desgravaciones fiscales y otras medidas para quienes se sumen a los mismos.
Esta privatización de las pensiones también ha sido promovida por la Comisión Económica Europea, con un objetivo claro de reducir las pensiones públicas para toda la sociedad, sobre todo para el grueso de las clases asalariadas. Pretenden proteger a unos pocos y aprovechar los enormes fondos que generan esos planes privados para especular y negociar con ellos y obtener así grandes beneficios por las agencias aseguradoras y multinacionales que los gestionan.
Se trata de renunciar a los elementos distributivos del sistema público, que es un sistema de reparto por otro mixto, público-privado de acumulación de capital, se trata de la solidaridad frente al individualismo, la desigualdad material, física y social frente a los ciudadanos más vulnerables sobre todo las mujeres.
Los planes de pensiones de empleo y privados afectan a la desigualdad de género, y tiende a aumentar aún más la brecha de las pensiones, teniendo consecuencias en la pobreza, distribución de la renta, no desarrollan valores de cohesión social e inclusión y de integración sobre todo de las personas migrantes.
La reforma del sistema público de pensiones, no está motivada por el déficit entre lo que se recauda y lo que se paga en pensiones, como nos bombardean constantemente los medios de comunicación, sino por la conveniencia para las estrategias del capitalismo global y en especial del capital financiero.
Vivimos un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes en el sistema lo que ha llevado a los sindicatos mayoritarios CC.OO. , UGT , ELA y LAB a aceptar acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas en pensiones por los dirigentes económicos y políticos, considerando los planes de pensiones de empleo como “mal menor”, además de beneficiarse económicamente, de la privatización de las pensiones, con su participación en los consejos de administración y manejar fuertes cantidades de dinero, en un ejercicio de cinismo donde se movilizan por unas pensiones públicas, mientras se pactas e impulsan las privadas de empleo como Elkarkidetza, GEROA, Itzarri, …..
A estos sindicatos que han estado promocionando o colaborando en planes de pensiones en el marco de las instituciones o en empresas o convenios sectoriales, les corresponde reflexionar sobre su actuación en este tema.
CGT-LKN exige a los gobiernos y a las instituciones que garanticen un sistema público de pensiones, que permitan unas pensiones públicas dignas y suficientes. Para ello es necesario conseguir aunar el máximo de fuerzas posibles, para enfrentarse a la patronal y los grandes poderes económicos y financieros.
Hay que revocar las reformas Laborales y de las Pensiones, promoviendo y exigiendo empleos dignos y bien remunerados, con un salario mínimo de 1.200 euros, a quienes forman parte del mercado laboral, aflorando todos los trabajos sumergidos y reconociendo los mismos derechos a todas las personas que realizan trabajos no remunerados como son, entre otros, los de los cuidados, imprescindibles para el mantenimiento y desarrollo de la humanidad, asegurando una pensión mínima de 1.080 euros.
