Así se desprende del 7º informe ‘Privatización Sanitaria de las CCAA 2020’ elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.
