Categoría: Servicios públicos

Valoración de la reunión de STOP DESAHUCIOS EUSKADI con el VICECONSEJERO DE VIVIENDA del Gobierno Vasco

En la reunión celebrada el pasado 11 de octubre por las alegaciones presentadas al Proyecto de Decreto que regula el Derecho subjetivo al acceso de la ocupación de una vivienda o la Prestación Económica de Vivienda (PEV) y en espera de la contestación oficial las plataformas han realizado la siguiente valoración pública:

Con carácter general han venido a decirnos que no tienen margen de maniobra porque es el PNV el que decide el presupuesto.

Dicen que las 12.000 viviendas de gestión pública actuales (incluyendo BIZIGUNE) están ocupadas, y no hay más viviendas, ni para responder al DERECHO SUBJETIVO, que en 2018 demandará 5.000 viviendas, ni por supuesto a los 50.000 inscritos en ETXEBIDE como demandantes de una vivienda de alquiler.

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(Vídeo) En Burgos cientos de personas se manifiestan en defensa de lo publico, de lo común, convocadas por CGT

Una manifestación con el lema “Por lo Público, Por lo Común. Basta de Robo y corrupción” ha salido de la plaza del Cid en Burgos a las 8 horas de la tarde convocada por el sindicato CGT, a la que se ha unido el “Frente de Estudiantes”, con la intención de hacer visible la defensa de los servicios públicos y los derechos expoliados a sus trabajadores ante el saqueo sistemático de una corrupción que está desangrando al Común.

La manifestación ha transcurrido por las calles de la ciudad de Burgos hasta la plaza de La Flora con un nutrido número de personas que han unido sus voces contra los recortes que se siguen realizando y contra la corrupción, recordando en este caso las protestas surgidas durante el 15M y el conflicto del “bulevar de Gamonal”.

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Colectivos sociales de Bizkaia denuncian judicialmente a Lanbide por los criterios para el acceso a la RGI

En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por  vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.

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Nos toca a todos y todas pelear “por lo público, por lo común”

A partir de los años 70, en este capitalismo liberal, se lleva a cabo  la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad, a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, para ser convertidos en negocio.

La Unión €uropea liberalizó el mercado de los servicios y no reconoce claramente los servicios que son de interés general, no comerciales.

Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc…), amplifican la liberalización en base a tres premisas fundamentales: la desregulación, la eliminación de cualquier límite al “libre comercio” (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc…) y la priorización de seguridad jurídica del inversor por encima de cualquier norma y derecho de los estados.

En el estado español, con los gobiernos del PSOE (años 80 y 90) y, a posteriori,  (años 90 y 2000) con los gobiernos del PP, se entregaron al mercado privado la mayoría de las Empresas Públicas (Astilleros, Aluminio, Hierro, Automoción, Turismo, Autopistas, Electrónica, papel,) y se externalizaron Servicios Públicos que son esenciales para la Vida: Energía (petróleo, electricidad, gas….), Comunicación, Transportes por tierra mar y aire, conciertos sanitarios o educativos, etc…

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