El próximo 1 de febrero el vecino de Barakaldo Kaiet Prieto, detenido en la Operación Araña, será juzgado en la Audiencia Nacional acusado de enaltecimiento del terrorismo por expresarse en twitter. Solicitan para él 2 años de cárcel y 15 años de inhabilitación. El mismo día y también en la Audiencia Nacional será juzgado el rapero Pablo Hasel por parecidos hechos, enfrentándose a una petición de 5 años de cárcel.
Estos no son casos aislados sino que se suman a los cientos de casos que en los últimos años venimos sufriendo. La persecución ideológica está sentando en el banquillo a personas de izquierdas que de diferentes formas muestran su descontento: desde un colectivo de rap o unos titiriteros, hasta el casi centenar de tuiteros que en muchos de los casos solo han mostrado su apoyo a los presos, su crítica a la monarquía o su denuncia de la represión, hasta el punto que como ocurrió con otro vecino de Barakaldo, Andeka Jurado, el Tribunal Supremo ratifico la condena de año y medio impuesta por la Audiencia Nacional haciendo suya la tesis de que el propio retuiteo puede ser delito.