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 La fiscalía solicitaba 60 años de privación de libertad e indemnizaciones de 9.200 y 3.750 € para los guardias civiles y de 6.100 € para sus parejas, por lesiones, y de 45.000 y 25.000 € por daños morales y secuelas a las novias de los guardias civiles. Y como si de una doble condena se tratase, se les aplica la política de “dispersión de presos”. 
En las fechas en el que el Pueblo Palestino recuerda los 70 años de la NAKBA, el día de la catástrofe en árabe, recordando la invasión y genocidio perpetrada por parte de grupos paramilitares sionistas ya antes del 14 de mayo de 1948 y que continúa en nuestros días por parte del estado genocida de Israel. CGT se suma a la denuncia internacional de esta injusta ocupación, de este genocidio hacia el pueblo palestino, de la insuficiente e hipócrita respuesta internacional y, en particular, denunciamos el despotismo mercantilista de las políticas estadounidenses que, trasladando ahora a Jerusalén su embajada, apoyan esta masacre. 
En el transcurso de la manifestación libertaria de Barcelona del 1 de mayo se han producido unas cargas policiales por parte del cuerpo de Mossos. De forma indiscriminada, una vez más, los porrazos se han ido sucediendo contra todo aquel que no corriera bastante ante la acción de los agentes de la BRIMO. En uno de estos episodios, el Secretario General de la CGT del Baix Llobregat ha observado como se estaba golpeando a una persona. Para proteger al chico que estaba siendo agredido ha puesto su cuerpo en medio, la ha abrazado y ha recibido una gran cantidad de golpes en su piel para acabar, finalmente, detenido junto con la persona a la que estaba protegiendo. 
Más de cien académicos de 19 países, entre ellos Noam Chomsky, pidieron hoy en una carta “la puesta en libertad inmediata” de los políticos catalanes encarcelados en España por participar en la declaración de independencia de Cataluña. En la misiva, publicada por el diario escocés independentista The National, reclaman también “una acción inmediata de la Unión Europea para detener esta represión, que representa una mancha indeleble y permanente en la democracia europea”. 
El jueves 19 de abril de 2018, sufrimos un nuevo caso de represión, ejemplo de la pérdida de derechos a la que nos somete el Estado español con la aplicación de la conocida como “Ley Mordaza”. La policía irrumpió brutalmente en el domicilio de Roberto Mesa, conocido activista de la isla de Tenerife. La policía entró a la fuerza, mediante el uso de palancas y a patadas, sobre las 7:30 de la mañana despertando a los inquilinos e inquilinas de la vivienda entre gritos y golpes. Un dispositivo de alrededor de trece policías entraron al grito de “¡Al suelo boca abajo, los brazos en la espalda!” mientras Roberto permanecía esposado en el suelo. Cuando irrumpieron en la vivienda las mujeres estaban dormidas desnudas en su cama, las hicieron tirarse al suelo privándoles de su derecho a vestirse. A continuación, lanzaron a Roberto aún esposado al interior de una de las habitaciones junto a sus compañeras, mientras que a uno de sus compañeros lo encerraron con llave en su habitación. 
Esta concentración ha tenido lugar en la sede de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces para denunciar la puesta en marcha a lo largo de este mes de abril de la recogida de la huella digital en estas oficinas: cerca de 3.000 personas se verán afectadas; 1.200 de ellas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos. Una implantación que supone la digitalización de los 10 dedos de ambas manos y se sacara a cada persona usuaria una foto telemática, una medida invasiva contra la dignidad de las personas que supone la criminalización de la pobreza. Los colectivos que organizan esta movilización impulsarán una campaña por la “desobediencia activa” contra las intenciones de implantar de forma ilegal la “Huella Digital” en esta oficina de Lanbide en el barrio de Cruces. 
Recordamos a todas las mujeres asesinadas en la caza de brujas de este sistema capitalista. Las noticias que nos han llegado desde Méjico, Brasil y Colombia, han sido las que nos han enfurecido estas últimas semanas: Marielle Franco, activista, feminista, negra y lesbiana, acribillada a tiros en Brasil hace tres semanas. María Guadalupe Hernández, activista feminista y lesbiana, asesinada en Méjico. María Magdalena Cruz Rojas, campesina, feminista y defensora de los derechos humanos, tiroteada en Colombia. Y muchas más voces, muchas más vidas, silenciadas por luchar contra este sistema heteropatriarcal, racista, clasista y colonial. ” NO NOS PODEMOS CALLAR” 
Como seguramente sabréis, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos. El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso, y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas, y ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales. 
Las fuerzas Fascistas Turcas han comenzado a bombardear la capital de Afrin, dispuestas a masacrar a la población. Hace un mes, el ejército turco aliado con fuerzas fascistas del entorno de Al Qaeda lanzó una campaña militar de invasión contra la región kurda de Afrin, situada en el noroeste de Siria dentro de la Federación Democrática del Norte de Siria. Afrin ha sido una de las regiones más seguras de Siria y durante los últimos años ha recibido cientos de miles de refugiados que huían del terror del Estado Islámico, llegando a duplicar su población. Ahora tanto la población de Afrin como la refugiada sufren los bombardeos del ejército turco. |
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