10 personas han tenido que declarar hoy en el juzgado de Barakaldo y otras dos tendrán que hacerlo de aquí a cinco días por participar en las movilizaciones y piquetes de las huelgas llevadas a cabo en el marco de la lucha por un convenio digno. Ya se han abierto 22 procesos judiciales en el marco de esta causa. Los sindicatos denunciamos que las acusaciones están basadas en montajes de la Ertzaintza y que actuar en defensa de los derechos de los trabajadores no es delito.
En la concentración realizada esta mañana, los y las compañeros han recibido con un pasillo a las personas citadas para declarar. Los sindicatos CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT-LKN, CNT y todos los y las trabajadoras huelguistas del Metal de Bizkaia han querido denunciar lo siguiente esta mañana a las puertas del juzgado:
«Hoy, 10 de mayo, 10 personas vamos a tener que declarar en los juzgados de Barakaldo por participar en los piquetes y movilizaciones realizadas durante las 11 jornadas de huelgas del metal de Bizkaia. El día 15 de mayo otras dos personas más tendrán que pasar por estos mismos juzgados. Con estas nuevas declaraciones son, de momento, 22 los procesos judiciales que se han abierto, 7 se han archivado, 3 están a la espera de juicio y 12 están abiertas. Las acusaciones van desde desórdenes públicos, coacciones, resistencia hasta atentando contra la autoridad. Además se han recibido más de 15 sanciones económicas que van desde los 91€ hasta los 1200€. Sabemos que no van a ser las últimas, tenemos la experiencia de las huelgas del 2019 donde 17 personas tuvieron que pasar por los juzgados (algunas incluso con peticiones de cárcel) y donde las sanciones económicas fueron numerosas.
Queremos denunciar que todas estas acusaciones están basadas en montajes realizados por la Ertzaintza, que durante el conflicto del metal se ha dedicado a amenazar y apalear a personas trabajadoras y a representantes sindicales teniendo que pasar por el hospital hasta 8 personas debido a la brutalidad policial empleada para reprimir el derecho de huelga.
La mayoría de estas actuaciones sucedieron cuando la Ertzaintza, al servicio y por orden de la patronal, estaba intentando evitar el acceso del Comité de Huelga a las empresas. Varias empresas negaron la entrada a dicho Comité en los días de huelga, que pretendía comprobar que dentro de las empresas no se estaba vulnerando ningún derecho. Por este motivo y porque se vulnero de manera grave el derecho a la huelga vamos a emprender acciones legales contra varias empresas.
También queremos denunciar que este posicionamiento claro del lado de la patronal y que esta forma de actuar y esta impunidad de la Ertzaintza, es una decisión política. Una decisión del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, cuyo máximo responsable es Josu Erkoreka, y sin ninguna duda con el beneplácito del Lehendakari Urkullu.
Los días en los que miles de trabajadores y trabajadoras del metal secundaban las huelgas y participaban en las movilizaciones de manera pacífica, las detenciones, identificaciones y los golpes fueron la estrategia del Gobierno Vasco para enmascarar el éxito rotundo de la lucha del metal de Bizkaia. Es necesario acabar con la Ley Mordaza que la derecha política y las policías usan para atacar a la clase trabajadora organizada y movilizada.
El conflicto del metal de Bizkaia terminó el 3 de febrero, con la firma de un acuerdo, pero el papel represivo y vengador del Gobierno Vasco y la Ertzaintza no ha finalizado. Después de la firma del acuerdo siguen llegando denuncias a trabajadores y trabajadoras y sanciones económicas.
Los sindicatos aquí presentes tenemos claro que el objetivo de esta dinámica represiva no es otro que criminalizar cualquier lucha de la clase trabajadora en defensa de unas condiciones de trabajo dignas y en defensa del empleo, como sucedió en el 2019 y en otros conflictos como Tubacex, PCB, Petronor, Artiach, subcontratas de limpieza de osakidetza…
Para terminar exigimos a la Ertzaintza y al Gobierno Vasco que retire todas las denuncias realizadas y todas las sanciones económicas. Defender los derechos de los y las trabajadoras, nuestros derechos, nunca será delito. Por ello decimos alto y claro que las denuncias, las multas y la represión no pararán a los y las trabajadoras que decidan luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. La lucha sindical no es delito».
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