Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El gobierno aprueba por primera vez una renta mínima en todo el Estado dependiente de la Seguridad Social, destinada a los hogares con muy escasos recursos, con el objetivo de reducir la pobreza y, en especial, la más severa. El coronavirus ha destapado la pobreza y las situaciones límite que afrontan muchos hogares en el país, a la vista en las largas colas de personas que han necesitado ayuda para comer durante la pandemia.
El Movimiento de Pensionista retoma las concentraciones habituales de los lunes en los ayuntamientos, con más de 40 concentraciones en pueblos y ciudades de Hego Euskal Herria. El motivo de estas protestas ha sido, sobre todo, manifestar la denuncia y crítica a las Diputaciones por su irresponsabilidad y ocultamiento de los graves problemas observados en las residencias y en la atención domiciliaria a las personas mayores dependientes.
Existe una responsabilidad exigible judicialmente, en relación a las muertes y enfermedades causadas por la Covid-19 en las residencias de personas mayores. Son más de 370 residencias investigadas, lo que obliga a toda la sociedad a reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones y las empresas privadas, encargadas de gestionar los servicios y la necesidad de tomar medidas para que no se vuelva a repetir.
Los sucesos del último 20 de mayo, tanto en el plano sanitario como en el político-social, representan un auténtico asalto a la razón. Algo que una sociedad adulta no debería tolerar sin poner bajo sospecha su propia existencia como comunidad y la de sus miembros. Salvo que aspiren a verse
Marta Peirano es escritora y periodista, su libro más conocido es el titulado Pequeño libro rojo del activista en la red, nos advierte que cada vez que escribimos algo en un buscador, creamos un usuario en una red social o mandamos un correo por Gmail, aceptamos que la empresa responsable venderá nuestros datos a terceros. Puede que no tengamos nada que ocultar, pero si tenemos mucho que temer. En una sociedad ultravigilada, todo el mundo es antisistema. Marta Peirano avisa en esta charla que es urgente preocuparse y proteger nuestro anonimato en la red.
CGT defiende que la Clase Trabajadora no puede ser quien asuma los costes de esta nueva crisis del capital provocada por el Covid19. CGT ha venido denunciando que no era una crisis sino una estafa, y que no la habíamos provocado la clase trabajadora. CGT apuesta y propone a las organizaciones amigas, crear un espacio que nos permita actuar con más fuerza que nunca, movilizarnos y tomar las calles hasta conseguir nuestras reivindicaciones.
Hoy hace apenas 30 años, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Es por ello que la Confederación General del Trabajo (CGT) lo reivindica desde la disidencia global, no dejándose llevar por la agenda de los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni su alerta sanitaria por el COVID19; CGT tiene muy claro que hoy y siempre, todas las disidencias del capitalismo heteronormativo, hacen frente al sistema desde las trincheras de su libertad.
Es lo que esta mañana en más de veinte concentraciones simbólicas, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han reivindicado frente al edificio de las diputaciones de Bizkaia, Araba y Nafarroa, reivindicación que se ha extendido en varios barrios de Bilbao y distintos pueblos de Bizkaia, frente a las residencias de personas mayores, con el objetivo de denunciar las graves deficiencias observadas durante la pandemia y en la atención domiciliaria a las personas mayores dependientes.
El movimiento de Pensionistas (MP) quiere mostrar su indignación por las consecuencias que la pandemia está provocando en las personas mayores y pensionistas, confinadas en las residencias que ha provocado numerosas muertes, denunciando la responsabilidad de las Diputaciones Forales y de las patronales de las residencia privadas como de las concertadas y se movilizara (respetando las medidas de seguridad) en: Bilbao en la Diputación (y Santutxu Txurdinaga, Irala, La Peña-Abusu), Balmaseda, Sodupe, Sopuerta, Barakaldo, Gernika, Trapagaran, Santurtzi, Durango, Zornotza, Larrabetzu, Galdakao, Sopela, Leioa, Berango, Iurreta, Berriz, Zaldibar, Elorrio, Mungia, Zalla, Ugao, Arrigorriaga, Getxo, Erandio
Stop Desahucios de Euskadi denuncia que el servicio de orientación y asesoramiento Bizilagun, dependiente del gobierno vasco, está interpretando, de forma errónea e irresponsable, que los arrendadores pueden negarse a aplicar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler recogida en el RDL 11 /2020, que son todos aquellos que finalicen del 2 de abril hasta dos meses después del fin del estado de alarma.
Volveremos de nuevo a tomar las plazas y calles, no nominalmente como 15M, pero si como movimiento de pensionistas, ecologistas o mareas blancas, verdes, etc.. Porque no queremos volver a su normalidad, a una sociedad injusta, desigual y ecocida, porque la “normalidad” es el problema que nos trajo la pandemia. Porque queremos unas instituciones económicas y políticas más redistributivas, más feministas, que tengan una mayor preocupación por los marginados sociales, las minorías discriminadas, los pobres y los ancianos.
Ante el anuncio del Departamento de Educación del retorno a las aulas a partir del 18 de mayo para el alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, sindicatos, estudiantes, direcciones de centros y profesorado en general, decidieron no volver a las aulas a no ser que las condiciones para el retorno sean negociadas y garanticen la salud de la comunidad.
Educación se lava las manos y deja la responsabilidad de la reapertura de los centros en los equipos directivos, con una explicación a la Inspección de Educación de los motivos que le han llevado a optar por el retorno de un determinado alumnado y no de otro, o si las clases se realizan de forma telemática o presencial.
El personal sanitario con esta acción ha denunciado la pésima gestión llevada a cabo por el gobierno de Urkullu y la Consejera de Sanidad Nekane Murga, por la crisis del coronavirus, por considerar que se ha puesto en riesgo la salud de los sanitarios y de las personas enfermas, por el deterioro programado de Osakidetza. Un modelo de gestión gerencialista que somete a los y las profesionales sanitarias a una situación de sobrecarga de trabajo, que empuja a relegar la relación con los pacientes a clientes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó el pasado jueves que 1.600 millones de trabajadores informales en todo el mundo se están enfrentando al dilema de «morir de hambre o morir por el virus», ante la falta de medios materiales para subsistir durante los periodos de confinamiento y medidas extraordinarias establecidas por varios gobiernos a nivel mundial.
El Gobierno deja a miles de trabajadores en la estacada. Algunos han cobrado parcialmente, aunque miles de ERTEs de marzo y abril siguen sin cobrarse. A 11 de mayo miles de trabajadores entran en la fase 1 y vuelven a trabajar sin haber cobrado los dos meses. Cuando estalló la pandemia el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias marcaron unas coordenadas claras en materia económica. Salvaguardar los intereses empresariales, bien por vías de financiación, bien flexibilizando las políticas laborales.
Porque NUESTRA SALUD NO TIENE PRECIO y desde siempre hemos estado luchando para que los beneficios de las empresas no estén por encima de nuestra salud y de nuestras vidas. Este lema se reafirma aun más en esta crisis. Al principio, nuestra exigencia por la realización de test a las plantillas era prioritaria. Pero no podíamos permitir que se realizaran test masivos en empresas no esenciales, cuando en el sistema sanitario no se estaban realizando a todo el personal.
