La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó el pasado jueves que 1.600 millones de trabajadores informales en todo el mundo se están enfrentando al dilema de «morir de hambre o morir por el virus», ante la falta de medios materiales para subsistir durante los periodos de confinamiento y medidas extraordinarias establecidas por varios gobiernos a nivel mundial.
«La crisis de la covid-19 está exacerbando las vulnerabilidades y las desigualdades existentes», ha asegurado el jefe del servicio Inwork de la OIT, Philippe Marcadent. «Las respuestas políticas deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan», ha agregado.
El organismo con sede en Ginebra ha alertado de que estos 1.600 millones de trabajadores, de los más de 2.000 millones que hay a nivel mundial, no pueden depender de esquemas de protección contra el desempleo, al estar en situación laboral irregular, y tampoco disponen de ahorros que les permitan cumplir con las medidas de confinamiento y no ir a trabajar.
«Morir de hambre o morir por el virus es el dilema demasiado real al que se enfrentan muchos trabajadores de la economía sumergida«, ha destacado la OIT en un informe presentado este jueves.
Los 2.000 millones de trabajadores informales representan el 62% de la fuerza laboral a nivel mundial. En países de bajos ingresos, los trabajadores de la economía sumergida representan el 90% del empleo total, mientras que en los países de ingresos medios ese porcentaje baja hasta el 67%, y se vuelve a reducir hasta el 18% en los países más desarrollados.
Para los 67 millones de trabajadores domésticos del mundo, 75% de los cuales son trabajadores informales, el desempleo representa una «amenaza tan grande como el mismo virus», ha alertado la OIT. Muchos no han podido trabajar, bien sea por solicitud de su empleador o por cumplir con las medidas de confinamiento. Aquellos que siguen trabajando enfrentan un «riesgo elevado» de contagio al cuidar de familias en su domicilio privado. Para los 11 millones de trabajadores domésticos migrantes, la situación es «aún peor», ha criticado el organismo.
Entre sus recomendaciones, el informe destaca la necesidad de adoptar políticas que reduzcan la exposición de los trabajadores informales al virus, que garanticen que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica, que proporcionen un ingreso y una ayuda alimentaria a las personas y sus familias y que prevengan los daños causados en el tejido económico de los países.
