Estas personas vendedoras ambulantes, habían conseguido desde hacía varios años, la regularización de su situación administrativa, — es decir, obtener una tarjeta de residencia — como trabajadores/as por cuenta propia, pudiendo renovar el primer permiso de un año por otro con los mismos requisitos y las mismas condiciones de cotización.
Con gran sorpresa para las personas afectadas, la Administración competente, o sea, la Oficina de Extranjería de Bilbao, ha cambiado los criterios y nos exige ahora cotizar sobre la base de 800 euros en lugar de los 200 euros anteriores, cantidad que ningún vendedor y vendedora ambulante puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de su trabajo, y sin olvidar que estas personas luchan para encontrarle una alternativa estable y digna a esta ocupación.
