Reducir cuanto antes y cuanto más mejor los fondos de la Seguridad Social, este y no otro es el objetivo de la política neoliberal de privatización del PP del sistema público de pensiones. Se trata de inculcar a la población la idea de la insostenibilidad del sistema, y el miedo a que no se van a recaudar fondos suficientes, para que la gente opte por los planes privados.
Un planteamiento que propugna acelerar el adelgazamiento del sistema público, con pensiones de miseria y a la par fortalecer las pensiones privadas, con el fin de forzar directamente un sistema mixto (público/privado). Para lo cual en primer lugar se decreta todo un sistema de contratación que beneficia a los empresarios, instaurando un sistema precario, de contratos eventuales cortos, de menos horas y de bajos salarios.
En segundo lugar, se ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales) para promocionar las pensiones privadas; en un principio, para completar la “pública” y, al final, para “suplantarla”, por lo que todos los contribuyentes subvencionamos a los que pueden ahorrar en una pensión privada”. Se calcula que el Estado ha dejado de ingresar desde 1996 más de 25.000 millones de euros por los incentivos fiscales a éstos.

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