CGT-LKN de Bizkaia se une a las numerosas voces que denuncian el incumplimiento de la Unión Europea de las más elementales normas de asilo y de los derechos humanos, al no acoger a las miles de personas que están llegando a Europa procedentes de países sumidos en conflictos armados.
El Mediterráneo ahora es un nuevo mar muerto, una fosa colectiva en la que nadie tiene capacidad de saber a ciencia cierta el número de personas muertas y asesinadas, desde el Estrecho de Gibraltar a Lampedusa, Malta e islas de Grecia, desde los barcos chatarra a los camiones patera.
Muertas y asesinadas doblemente: primero por los poderes locales de sus países de origen (guerras, represión, violencia, hambre, etc.), y segundo por las políticas migratorias de asilo y refugio de la U€, que violan tanto legislaciones internacionales como la propia legislación europea sobre derechos humanos, asilo y/o refugio y derechos de los migrantes no comunitarios.
Quizás desde la segunda guerra mundial no habíamos asistido a esta diáspora, esta larga marcha histórica de personas fugitivas, desplazadas, gente obligada a dejar sus hogares y sus países bajo la muerte armada.
La «vieja» Europa, la U€ del austericidio, con sus ciudadanos y ciudadanas de «propio derecho», y el Estado Español, el primero, viene negando sistemáticamente «el pan y la sal desde hace mucho tiempo». Sólo se abrieron puertas a las personas migrantes para ser explotadas en los años del «crecimiento y de acumulación de beneficios insostenibles, económica y medioambientalmente hablando».
En el actual sistema, las políticas migratorias europeas e internacionales son estrictamente represivas y policíacas. El estado fortaleza de la U€ ha demostrado su inutilidad: frente al parapeto del argumento de la seguridad -que tampoco es capaz de frenar la barbarie del terrorismo islámico-, se han llevado por delante las más elementales libertades, los más elementales derechos humanos y, no solo de los «no ciudadanos» (los y las migrantes), sino también de las personas consideradas «ciudadanas de pleno derecho».
Estos «migrantes» no suponen algún problema que desestabilice el sistema de protección, de trabajo y de convivencia. Estos migrantes suponen solamente el 0,027% de la población de la U€. A esta U€ hace tiempo que se le acabó el humanitarismo y todo se mide en función de los balances bancarios y del capital financiero.
Los terroristas, los traficantes, los ilegales, son unos gobiernos que, de manera premeditada y sistemática, han planificado este genocidio de una gran parte de la humanidad. Ninguna persona es ilegal y todas las personas, sean de donde sean, tienen que tener garantizados los Derechos fundamentales: la vida, la libertad de movimiento y establecimiento, la protección social y el trabajo.
