Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
¿Te llega la factura de la luz a casa y no entiendes nada?
¿Cada mes es más cara y no entiendes por qué?
¿Qué puedes hacer para pagar menos?
Argindarraren faktura iritsi zaizu, eta ez duzu ezer ulertzen?
Hilero eta garestiagoa da, eta ez dakizu zergatik?
Zer egin dezakezu gutxiago ordaintzeko?
El Tribunal Supremo ha denegado el recurso presentado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por la que declara en vigor «definitivamente» el convenio del metal de Bizkaia, de eficacia general entre los año 2001 y 2003.
En primer lugar, la eliminación de aranceles supondrá la implantación definitiva de un modelo agrario basado en grandes explotaciones propiedad de grandes empresas. Este modelo se caracteriza por el monocultivo y el uso intensivo de pesticidas (algunos hasta ahora prohibidos por su toxicidad). Ambas técnicas empobrecen nuestro suelos y ponen en peligro la biodiversidad, y especialmente si hablamos de semillas transgénicas y sus potentes pesticidas.
En segundo lugar, se multiplicarán las idas y venidas de materias primas y productos manufacturados, aumentando las emisiones de CO2, que hacen cada vez el aire más irrespirable y el planeta más caliente.
En tercer lugar, la eliminación del principio de precaución existente en la UE (y no en EEUU) legalizará hasta 30.000 sustancias químicas prohibidas por su toxicidad. Dichas sustancias tóxicas comenzarán a estar presentes en pesticidas, productos de higiene y cosmética, envases… De ahí pasarán a infectar nuestro aire, nuestra tierra o nuestra agua.
El hipotético riesgo de fuga de capitales si se aplicara un tipo impositivo mayor a estas Sociedades, realmente fondos de patrimonios personales, es ínfimo en cuanto a Hacienda nos importa;
Que las SICAV tengan su domicilio en España, para nada quiere decir que realicen inversiones en nuestra Economía
La supuesta huída invocada para el actual tipo impositivo se podría paliar exigiendo a los contribuyentes españoles con Sociedades de Inversión en el extranjero, la imputación de rentas conforme al régimen de transparencia fiscal internacional
La crisis en versión española ha sido la herramienta del liberalismo para DESVALORIZAR EL FACTOR TRABAJO en nuestra Economía. Y mientras no se cuestione esta DECISIÓN POLÍTICA, nos moveremos entre picos de una misma Economía, subordinada a decisiones ajenas y en términos de dependencia del capital extranjero y sus condiciones de mano de obra y sectores productivos. A España le toca estar a la cola del Empleo, su nivel y calidad.
No nos queda más que REBELARNOS contra este pretendido destino de una población juvenil más de la mitad SACADA A LA FUERZA del mercado laboral.
Uno de los objetivos de la negociación del Tratado Atlántico de Comercio e inversión (TTIP) es acabar con las barreras existentes, como los aranceles, aunque estos ya están en un nivel muy bajo si se compara con las relaciones con otros países. Por ejemplo, EEUU aplica una tarifa del 2,5% a los coches importados desde Europa, mientras la UE cobra un 10% para los vehículos que llegan desde América.
Las multinacionales agroalimentarias a la hora de entrar en el mercado europeo se enfrentan con una legislación más estricta, que es lo que pretende abolir este tratado. Concretamente en la UE rige el «principio de precaución» por el que cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede sacarse al mercado sin que la empresa previamente haya demostrado su inocuidad.
El aspecto más espinoso de todo el Tratado Transatlantico de libre comercio e inversión entre EE.UU. y la UE (TTIP), el que más rechazo genera, el que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto, es la cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington.
Este mecanismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Las demandas se producirán cuando los países modifiquen sus leyes de tal manera que las empresas entiendan que sus expectativas de beneficio se ven mermadas.
Tal es el interés de las multinacionales por el sector servicios que paralelamente al TTIP se negocia otro acuerdo, el TISA, que forma parte del mismo paquete. Trata de reactivar las negociaciones para la liberalización de los servicios, estancadas tras el fracaso en 2001 de la Ronda de Doha, celebrada en el seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio)
A diferencia del TTIP, las partes negociadoras no son solo EEUU y la UE, sino unos 50 países que se autodenominan “los muy buenos amigos de los Servicios”. Entre ellos se incluyen Australia, Canadá, Chile, EEUU, Japón, México, Noruega, Suiza, Turquía… y los 28 estados miembros de la Unión Europea.
Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Con un gran despliegue policial en los alrededores del palacio de Euskalduna hoy a tenido lugar una concentración de varios centenares de personas, convocada por numerosos colectivos sociales, sindicales y políticos con motivo de la visita de Jyrki Katainen vicepresidente de la Comisión europea, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, enviado por la Troika, principal impulsora tanto del TTIP como del Plan Juncker.
El objetivo de la concentración ha sido el protestar contra las políticas que pretenden privatizar el dinero público de todas contempladas en el Plan Juncker, el cual consideramos un ataque directo contra los derechos de las personas y los pueblos. Un ataque orquestado por la Troika, apuntalado por las élites económicas y políticas, e impulsado mediante el tratado transatlántico TTIP. Un ataque que busca favorecer aún más, seguir enriqueciendo aún más a unos pocos, a una élite, en detrimento de la mayoría.
El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad ha decidido incluir Bilbao en la gira que realizará por España para vender las bondades del plan Juncker y la Troika, entre las cuales está la aprobación del TTIP, para lo cual se reunirá en Bilbao agentes políticos y representantes institucionales con el lehendakari a la cabeza.
El TTIP, acuerdo transatlántico entre EEUU y la UE, que tiene como principal objetivo conformar un mercado único sin restricciones, eliminando para ello los pocos reglamentos y normas que la UE y sus estados miembros disponen para restringir el avance del neoliberalismo contra la ciudadanía. Nos referimos a la merma en los derechos de las personas y los pueblos en materias como el medio ambiente, empleo, sector público, salud, inversión o comercio.
El TTIP busca ahondar en las políticas neoliberales basadas en el recorte de derechos, las políticas llamadas de «austeridad» y en inversiones que únicamente benefician a las élites económicas, financieras y políticas tanto de la UE y EEUU, como de la mayoría de sus estados. Además de su contenido, la forma en la que dicho tratado está siendo tramitado, nos ofrece el mejor de los ejemplos sobre su finalidad: un tratado negociado entre lobbies empresariales, grandes transnacionales y mandatarios de la Troika. Un acuerdo entre las sombras, de espaldas a la ciudadanía y sin refrendo popular alguno. Un acuerdo pensado para satisfacer las exigencias de los mercados mediante acuerdos sellados en despachos opacos.
El TTIP está siendo negociado en secreto entre las élites políticas de EE.UU., la UE y las grandes empresas multinacionales, de espaldas a la ciudadanía.Su objetivo real es desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, etc., para conseguir más beneficios.
El Tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (Tras el fracaso del Tratado Constitucional de 2005), se desligó la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, la Carta Social, que no son de obligado cumplimiento para todos los paises, se reconocen todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos laborales, el derecho de huelga y la libertad sindical, «derechos esenciales y fundamentales de los trabajadores y del sindicalismo europeo, que hoy se encuentran amenazados.
El Gobierno Vasco de nuevo se pone al lado de estas empresas, haciendo propuestas que van a provocar que parte de la bajada de precios la paguemos la ciudadanía. Curioso que ante la situación de pobreza energética que vive Euskadi el Gobierno Vasco esté retrasando la toma de medidas, y sin embargo corra a ayudar a estas empresas.
Vamos a analizar con detenimiento las propuestas que han realizado.
Este fallido proyecto de crear un coche eléctrico en Euskadi, desarrollado por un grupo empresarial vasco y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), obtuvo una subvención de unos 15 millones de euros del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y otros 2,7 millones del Gobierno Vasco.
Este proyecto y el de Epsilon, consistente en crear un coche para competir en la Fórmula 1 y que también fracasó, fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que en su dictamen final atribuyó responsabilidades políticas a personas del PNV que ocupaban cargos en el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones forales en 2007.
Este mismo mes se ha sabido además que el Tribunal de Cuentas del Estado fiscalizará a lo largo de 2015 las ayudas públicas que recibieron ambos proyectos, unos 48 millones de euros en el caso de Epsilon, y cerca de 17 para el coche eléctrico Hiriko.
A diez años de la publicación de su célebre libro, ¿sigue pensando John Holloway que es posible cambiar el mundo sin tomar el poder?
En el año 2002, John Holloway publica un libro de referencia: Cambiar el mundo sin tomar el poder.Inspirado por el ¡Ya basta! zapatista, por el movimiento que surgió en Argentina en 2001/2002 y por el movimiento antiglobalización, Holloway plantea en él una hipótesis: no es la idea de revolución o transformación del mundo la que ha quedado impugnada en el desastre del comunismo autoritario, sino más bien la idea de la revolución como toma del poder y la del partido como herramienta política por excelencia.
Otra noción de cambio social se insinua en esos movimientos, y en general en todas las prácticas más o menos visibles donde se sigue una lógica distinta a la del beneficio, la de agrietar el capitalismo, o sea crear, dentro de la misma sociedad que se rechaza, espacios, momentos o áreas de actividad donde se prefigura ya un mundo distinto. Rebeldías en movimiento. Vistas así las cosas, la cuestión de la organización ya no coincide con la del partido, sino que pasa por la pregunta de cómo se reconocen y conectan las distintas grietas que van descosiendo el tejido capitalista.
Mientras los bancos españoles reciben 100.000 millones de euros, la mitad de nuestros jóvenes están en el paro, y el gobierno, en su empeño austericida, desmantela el estado de bienestar. Desde 2008 se han empleado miles de millones de euros en rescatar, fundamentalmente a determinados sectores de la banca. Mientras nuestros políticos hacen malabares con gigantescos fondos de rescate cada vez más personas en Europa trabajan por sueldos miserables.
La película “¿Quién rescata a quién?” cuenta lo que en realidad está sucediendo: no se rescata a los ciudadanos griegos, españoles o portugueses, si no que los fondos se emplean en mantener el bienestar de los que con la crisis han ganado más: los bancos que especulan en operaciones de riesgo. Mientras tanto, los contribuyentes y la mayoría de la sociedad siguen viéndose obligados a asumir los riesgos y costes millonarios! Para los grandes bancos sin embargo, ¡la crisis financiera es sobre todo un modelo de negocio!
¿Quién Rescata a Quién? es una película documental que nace desde abajo. Es un documental que nos pertenece a todos. Es una película que nos atañe y afecta a todos. Por eso debe tener la posibilidad de ser vista por muchísima gente y en muchos sitios. El día 11 de febrero de 2015 será el día de acción para el estreno de esta película.
¿Es posible repartir el trabajo hoy, aquí y ahora, en una economía globalizada y dentro o fuera de la UE?
Debemos optar por hacerlo girar en el sentido contrario a ver qué pasa…, o bien a pensar que la maquinaria, gire para donde gire, es una puñetera mierda que nos va a “joder” a nosotros de cual- quier manera, y con la que, por tanto, hay que acabar; maquinaria (o sistema de engranajes) a la que, por cierto, una vez que nos hemos parado a pensar las cosas detenidamente, no alcanzamos a comprender del todo cómo hemos acabado enganchados como asnos.
La Confederación General del Trabajo ha ingresado el importe de 20.000 €, exigido por el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, para poder personarse en las diligencias previas relativas al “caso Bankia”, como parte acusadora, ejercitando la acción particular.
El sindicato CGT tiene representación e implantación en las entidades en las cuales se han producido los hechos objeto del procedimiento y entiende que han resultado perjudicados los trabajadores de dichas entidades, derivándose unas consecuencias negativas directas para éstos, tanto como trabajadores de las mismas, como ciudadanos que forman parte de la sociedad.
Como se habrán dado cuenta ni el Gobierno ni los grandes medios de comunicación han dado voz a una de las noticias más relevantes de lo que llevamos de 2015. El pasado domingo 4 de enero, con nocturnidad y alevosía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy alcanzó un acuerdo con las grandes empresas eléctricas españoles que supone un acuerdo compensatorio a estas últimas por el denominado como Déficit de Tarifa.
En virtud de este acuerdo, los consumidores pagarán durante los próximos 15 años un total de 27.075 millones de euros, a los que agregar uno intereses desproporcionados que elevarán la cifra final a nada menos que acerca de 42.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, algo más que lo destinado al rescate bancario durante los últimos años.
– La dificultad para el acceso de los pacientes al fármaco Sovaldi, es un eslabón más dentro de la cadena de tragedias en la que han convertido la asistencia sanitaria los diferentes partidos políticos en el ámbito estatal.
– Los costes en el estado español, de entre 25.000 y 60.000 € por tratamiento, mientras que el mismo tiene un coste de 300 dólares en la India y 900 euros en Egipto, permite visibilizar los astronómicos márgenes en los que se mueve el sector de la “farmafia”. La justificación de las multinacionales de los elevados precios en base a la “costosa investigación previa”, ha sido rebatida por diferentes autores (1).
– Desde hace años venimos denunciando la inexistencia de una política farmacéutica dirigida a satisfacer las necesidades de la población en este país. La aprobación de la Ley General de Sanidad, en 1986, con el consenso de todos los partidos políticos, supuso el abandono de cualquier posibilidad de planificación estratégica del sector de los medicamentos, plegándose a partir de aquel momento a los intereses de las multinacionales, algunas de las cuales promovieron la llegada al poder de los “jóvenes de las chaquetas de pana”.
El PP y todas la Patronales, responsables de las políticas y leyes de amordazamiento de todos los derechos laborales de las personas trabajadoras, a través y fundamentalmente con la Reforma Laboral de febrero de 2012, que han destruido más de 1 millón de puestos de trabajo, sobre todo los fijos, a la vez que ha destruido más de 300.000 empleos de lo Público (Educación, Sanidad, ayuntamientos, empresas públicas).
Han invalidado la negociación colectiva, trasladando a la patronal la “autoridad absoluta” para disponer del contrato a su libre voluntad: contratos precarios, contratos basura, flexibilidad en horarios, jornadas extras sin remuneración, bajada de salarios con el consiguiente empobrecimiento de un tercio de los asalariados y asalariadas, hasta conseguir que el 34% de todas estas personas no lleguen ni siquiera a cobrar el salario mínimo interprofesional.
