Tal es el interés de las multinacionales por el sector servicios que paralelamente al TTIP se negocia otro acuerdo, el TISA, que forma parte del mismo paquete. Trata de reactivar las negociaciones para la liberalización de los servicios, estancadas tras el fracaso en 2001 de la Ronda de Doha, celebrada en el seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio)
A diferencia del TTIP, las partes negociadoras no son solo EEUU y la UE, sino unos 50 países que se autodenominan “los muy buenos amigos de los Servicios”. Entre ellos se incluyen Australia, Canadá, Chile, EEUU, Japón, México, Noruega, Suiza, Turquía… y los 28 estados miembros de la Unión Europea.
Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Por tanto, la táctica será ir desgajando áreas de los servicios públicos para su paulatina privatización. Al final, nos quedaremos con unos servicios públicos, denominados así por su financiación, pero gestionados en sus diferentes áreas por empresas privadas. Además, en los concursos públicos no podrán incluirse cláusulas que primen la compra de productos locales o la actividad de pymes locales.
Otra de las condiciones a introducir es la cláusula de la irrevocabilidad, según la cual una vez privatizado un servicio público ya no se podrá devolver a manos públicas. Son susceptibles de liberalización los servicios sanitarios, servicios sociales, pensiones y educación.
Se está negociando la posibilidad de que se imponga la “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados. Es decir, si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en aras de la sacrosanta libre competencia. De modo que una universidad extranjera podría instalarse solicitando una financiación similar a las universidades públicas.
No solo son objeto de negociación los servicios públicos, en tanto que están financiados con dinero de los contribuyentes, sino todo tipo de servicios: transportes, gestión del agua, telecomunicaciones, energía, servicios financieros… cualquier servicio que no haya quedado expresamente excluido de las negociaciones.
Este acuerdo restringirá la capacidad de un gobierno para reglamentar servicios claves como los ya citados. Una vez fijadas las reglas del juego resultaría muy difícil cualquier modificación legislativa que buscara una mayor protección de los usuarios. De este modo, los Estados se enfrentarían a multas millonarias a pagar con dinero público, no solo por las leyes ya aprobadas, sino también por cualquier proyecto de ley que se esté tramitando y que no se retire.
