El aspecto más espinoso de todo el Tratado Transatlantico de libre comercio e inversión entre EE.UU. y la UE (TTIP), el que más rechazo genera, el que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto, es la cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington.
Este mecanismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Las demandas se producirán cuando los países modifiquen sus leyes de tal manera que las empresas entiendan que sus expectativas de beneficio se ven mermadas.
Por tanto podrán llevar a juicio cualquier ley o proyecto de ley que, recobrando derechos para la población, suponga un beneficio algo menor para las grandes empresas. Por tanto, todos los derechos laborales, sociales, medioambientales y sanitarios perdidos tras la firma del TTIP no podrán ser recuperados sin enfrentarse a procesos judiciales muy costosos (una media de 8 millones de euros) así como a multas multimillonarias. En definitiva, supone acabar con la soberanía de los pueblos. El ISDS opera al margen de las leyes nacionales así como de la Declaración de Derechos Humanos.
Ya existe un tribunal de arbitraje, el Ciadi, que depende del Banco Mundial en Washington y es reconocido por la gran mayoría de países miembros de la ONU. El Estado español, por ejemplo, está acumulando demandas de inversores extranjeros por el recorte de las subvenciones a las energías renovables.
Pero, con el TTIP, este proceso sería vinculante y los demandantes podrían acudir a otros tribunales de arbitraje de carácter puramente privado. Normalmente, las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero.
Los tres juristas que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos privados en vez de jueces. La falta de transparencia es otra crítica de estos mecanismos. Los defensores del ISDS y el lobby empresarial alegan que los inversores deben tener garantías que les protejan de decisiones arbitrarias en su perjuicio y destacan que estas cláusulas existen ya en otros tratados como el mencionado CETA con Canadá, que aún no ha entrado en vigor. La ONG Traidcraft quita hierro a este argumento y pone el ejemplo de Brasil, que se opuso a firmar cláusulas de este tipo, sin que se haya resentido la inversión extranjera en el gigante suramericano.
La existencia de esta mecanismo da lugar a que los parlamentos se autocensuren a la hora de legislar, desistiendo de antemano de proponer leyes que supongan recobrar o avanzar en derechos para la población, ya que la sola tramitación del proyecto de ley podría originar un denuncia. Si esta autocensura no se produce y una demanda es interpuesta, por el camino los estados pueden llegar a retirar el proyecto o suavizarlo si llegan a un arreglo con el inversor denunciante. Y si el país persiste en el ejercicio de su soberanía puede acabar pagando una sanción multimillonaria.
Además de operar al margen de las leyes nacionales, de la existencia de conflictos de intereses y de la pérdida de soberanía, hay más críticas. El proceso se produce a puerta cerrada, el fallo es inapelable y supone una discriminación para las empresas, familias y administraciones nacionales. Todos ellos no pueden demandar al estado ante este organismo si se sintieran perjudicados por alguna de sus decisiones, pues es un derecho reservado para inversores extranjeros.
Lo más controvertido es que el ISDS socavaría la soberanía de los Estados y sus sistemas de Justicia. Y mucha gente no quiere aceptar esto. El rechazo al mecanismo de arbitraje se ha manifestado también en los parlamentos de Francia y Holanda, que han aprobado sendas mociones en su contra. El tratado de libre comercio con Canadá, que ya está aprobado, aunque todavía no ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, contiene la polémica cláusula ISDS, que tanto rechazo despierta en Alemania, Francia, Holanda y otros países.
Para vencer la resistencia a los tribunales de arbitraje, el líder de los socialdemócratas alemanes está pensando en crear un tipo de corte internacional para el comercio, con jueces que provienen de los sistemas de Justicia nacionales y con todas las garantías de transparencia para la sociedad.
