Firma esta Iniciativa Ciudadana Europea y asegúrate de que la Comisión Europea hace todo lo que está en su mano para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita.

Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Para las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas se trata de una jornada reivindicativa. El contexto sanitario y social en el que nos encontramos después de este último año nos recuerda con insistencia que no podemos caer en la celebración de una jornada de consenso en la que se pretenda transmitir la idea de que todo el mundo defiende el derecho a la salud de todos y todas, ya sean sindicalistas o patronos, ya usuarios o gobernantes, ya sean quienes en todo el mundo luchan por defenderlo o los accionistas de la industria farmacéutica.
En el día de hoy domingo 27 de febrero, durante el trascurso de la manifestación pacífica convocada por CAS en defensa de la Sanidad Pública, un grupo de personas de ideología nazi ha irrumpido con actitud provocadora. Las personas que se estaban manifestando les han recriminado su presencia provocadora allí y tras unos momentos de tensión, las fuerzas represoras del Estado han cargado contra los y las manifestantes. La actuación policial se ha saldado con un manifestante pacifico, el Secretario General de CGT en el Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid ha sido detenido.
Los agentes sociales, sindicales y vecinales que han apoyado esta manifestación, demandan otro modelo de atención sanitaria, donde se refuerce la atención primaria y su cobertura, dotando de recursos materiales y humanos suficientes a los centros de salud de los barrios, para garantizar una atención presencial integral, descentralizada y de calidad a la ciudadanía.
Convocada por agentes sociales, sindicales y vecinales, a los que se suma CGT-LKN, han animado a la ciudadanía a participar en esta manifestación contra el cierre nocturno del PAC de Deusto e instando a la dirección de Osakidetza a «reconsiderar» esta decisión, así como «los recortes» en otros servicios de Atención Primaria.
El negocio, casualmente, lo reciben empresas y particulares con buenas relaciones en los partidos políticos. En no pocas ocasiones, estas puertas giratorias llevan a sus direcciones y consejos de administración a antiguos ministros y parlamentarios que votaron por la privatización cuando «no» estaban aún en la empresa.
La consejera de salud, Gotzone Sagardui, ha explicado este miércoles en el Parlamento Vasco los resultados de la investigación puesta en marcha por las vacunaciones irregulares en los hospitales de Basurto y Santa Marina, ambos en Bilbao, que han costado el cese de los directores de ambos centros. Además se vacunó en total a 16 personas que ni siquiera son personal directo del centro, concretamente a cuatro sindicalistas liberados de ELA, Satse, UGT y CCOO-, cuatro religiosos, cuatro trabajadores de la cafetería, dos personas de la empresa de ‘vending’ y dos mensajeros.
Casi la mitad de los fallecidos en España por coronavirus o síntomas similares fueron ancianos internados en las residencias. Creo que no se ha reparado lo suficiente en este geronticidio. La cifra oficial contabiliza 24.372 personas alojadas en los 5.437 centros del país: el 48,5 por ciento del total oficial de muertos registrados.
De nada valió que en algunas de las comunidades autónomas donde fue mayor el número de fallecidos se solicitara una comisión de investigación, a la que –como ocurrió en Castilla y León– se negó el Gobierno regional, según denunciaron los diputados de la oposición. La muerte de más de 3.500 de nuestros mayores quedará así enterrada en la inmunidad del olvido.
Las nanopartículas PEG de la vacuna de Pfizery Moderna desencadenan reacciones alérgicas extrañas y la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) ha abierto una investigación al respecto, a la que se ha unido el NIAID.
En una rueda de prensa la FDA dijo que estaba investigando “unas cinco” reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer en varios Estados.
Solo la participación y el control social, sindical y político permanente de las estrategias de vacunación pueden limitar el riesgo de una distribución injusta de la vacuna.
En la Unión Europea, este pasado domingo 27 de diciembre ha comenzado la vacunación frente a COVID-19 y, dado que alcanzar cifras de inmunización colectiva suficientes tardará al menos varios meses con la reincorporación de nuevas vacunas, se han priorizado determinados colectivos poblacionales para recibirla. Priorizar en este caso significa suministrar las vacunas a unos colectivos antes que a otros.
Flaco favor al sistema público de salud ha realizado la Consejera del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, cuando asegura que “las derivaciones a la red privada son más baratas que atender a estos pacientes en la pública”. Un informe de la Cámara de Comptos contradice esta afirmación, poniendo encima de la mesa datos numéricos donde queda demostrado que los precios que se abonan en estos conciertos son del doble y hasta del triple, salvo en el caso de la hemodiálisis, en que es similar.
El gobierno central, y muchos autonómicos, y ayuntamientos, hicieron lo imposible para que los estragos de la pandemia no se vieran. Ha habido informes muy crudos y necesarios de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional acera de lo ocurrido en muchos hospitales y sobre todo en residencias de ancianos.
Quienes integramos CAS no tenemos relación alguna con quienes sostienen posiciones anti-vacunas, muy al contrario. Entendemos que, de entre todos los medicamentos, son las vacunas las que han permitido las mejoras más significativas en la prevención de enfermedades que ocasionaban gran mortandad, sobre todo en la infancia.