Si hay un colectivo vulnerable a la pandemia de COVID-19, este es el de las personas mayores. No había que hacer grandes informes para prever las consecuencias de la entrada del virus en concentraciones de personas tan sensibles: las residencias.
Oficialmente se reconocen al menos 8.421 defunciones en las residencias del Estado, 4260 en Madrid. En Euskadi: 134 ancianos muertos (más 33 en Bizkaia, que se niega a dar datos reales) con 1.066 contagiados. En Navarra: 112 fallecidos, de ellos 41 positivos confirmados y 71 con síntomas compatibles con otros 363 residentes positivos.La realidad es que son muchas más que las muertes ‘naturales’ sin contraste de test no suman a la cantidad reconocida como tal. Muchas de ellas ocultadas para evitar mala publicidad.
Nuestras secciones sindicales nos han hecho llegar casos de en que se ordena a los trabajadores / as no llevar máscaras ‘para que los abuelos estén tranquilos’ , después de no proporcionar EPIs homologados. En otros casos los EPIS se reparten sólo a enfermeras / pero no asistentas o personal de limpieza, como si el virus actuara de forma diferente según la profesión.
La gestión de las residencias privadas o concertadas se ha demostrado tan nociva como el resto del sector sanitario privatizado. Se impone el control de coste para obtener el máximo de beneficio y los resultados los hemos visto todos y todas.
De la misma forma que para garantizar el bienestar común había que poner todo el sector sanitario privado a las órdenes de las indicaciones públicas, es imperativo poner bajo el control público las privadas y no sólo su ‘gestión’ de forma temporal .
Desde la CGT creemos que lo que hay que hacer primero es actuar enérgicamente para detener este desastre. Es necesario que los Departamentos de Salud realicen tests inmediatamente para separar casos positivos del resto de la población de residencias . Es necesario que se proporcionen YA equipos EPI a TODO el personal , para evitar nuevas transmisiones del virus y proteger a los trabajadores que están cuidando de las personas que viven, así como a las personas usuarias. Hay muchas vidas en juego.
Y luego habrá que exigir responsabilidades y evidentemente poner en manos del sector público la gestión y propiedad de residencias y centros sanitarios. Nuestra salud no es un negocio.
